El Gobierno empieza a aliviar su caos con los datos oficiales de Dependencia, pero persiste el malestar del personal con la gestión

Canarias empieza de nuevo a registrar altas en el sistema de Dependencia, después de dos meses prácticamente a cero en los datos del IMSERSO (que advertía en sus informes de un problema con estos datos de las Islas). Desde la Consejería de Bienestar Social lo achacaban al nuevo aplicativo informático, aunque el personal insiste en denunciar el “caos” organizativo en esta área, por el que se llegó a pedir la dimisión de la directora general, Concepción Ramírez. Los portavoces del comité de empresa de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife inciden en los problemas que se siguen dando en el trabajo diario, sobre todo a raíz de la externalización de las citas con el 012, entre otros cambios. 

En el mes de abril, últimos datos publicados por el IMSERSO, Canarias registró 2.473 nuevas altas de solicitudes de Dependencia y 772 bajas (la mayoría por fallecimiento). Actualmente hay en las Islas 66.429 solicitudes registradas, 54.153 con resolución de grado y 47.591 beneficiarias con derecho. Además, en el mes de abril, según esos datos, el Archipiélago sumó 887 altas en resoluciones de grado, pero contabilizó un total de 505 bajas. 

Actualmente, hay 47.591 personas reconocidas con derecho a prestación, de ellas 41.030 personas con programa de atención individualizado, es decir, recibiendo la prestación. En la mayoría de los casos, 17.480, son beneficiarias de una prestación para el cuidado del entorno familiar. Le siguen 13.901 las prestaciones vinculadas al servicio. Un total de 5.585 personas se encuentran en centros residenciales de día o noche y 4.766 reciben atención residencial. En ayuda a domicilio aparecen 795 personas; 2.444 reciben teleasistencia y prevención y autonomía personal. 

Frente a esos datos certificados por el IMSERSO, desde la Consejería de Bienestar Social informan a este periódico de que sus propios datos son más elevados respecto al mes de abril. Señalan un número ligeramente mayor de solicitudes en las Islas (64.728) con un número similar de altas ese mes (2.431) y 301 bajas (frente a las 505 del IMSERSO). Sobre reconocimiento de grado el departamento que dirige Candelaria Delgado insiste en que se produjeron 852 altas en abril y solo 122 bajas. Y sobre personas con el derecho efectivo contabiliza 1.620 altas y solo cinco bajas. 

Contra la organización y el nuevo decreto 

Tanto desde el Comité de empresa de Las Palmas, cuya portavoz es Yolanda Cívicos (IC), como desde el de Tenerife, con Francisco Barrios (CCOO), inciden en el caos que está suponiendo que las citas para que las valoradoras acudan a domicilio se estén concertando a través del 012. Indican que la falta de formación es tal que no se tiene en cuenta, por ejemplo, si esa persona está en el hospital o no se da opción para que los solicitantes puedan organizar mejor su cita si por ejemplo les coincide con una cita del médico. Señala que cada día se acumulan incidencias en este sentido. Además insisten en la necesidad de que el personal valorador cuente con un día de oficina para poder poner al día su expediente y estudiarlo antes de acudir a las citas. 

Los profesionales insisten en que para solucionar el problema de la dependencia en Canarias hacen falta recursos y que mientras en Castilla y León hay 800 valoradoras para una población de 2,4 millones, en Canarias hay apenas 64 para un número similar de habitantes y donde la población se ha envejecido. Tampoco comprenden que en lugar de quedarse con los aspectos buenos iniciados por el equipo de Gobierno anterior, se cambie la organización de esta manera. 

Los trabajadores además luchan contra el nuevo decreto que se quiere impulsar desde la Consejería y que supondrá, entre otras cuestiones, que si pasan seis meses desde que se solicita la ayuda se entenderá desestimada “por silencio administrativo”. Esa reducción de la lista de espera que quiere lograr el decreto, los técnicos alertan de que “no puede establecerse a costa de disminuir la calidad del trabajo, hacer una criba injusta de expedientes y reducir las garantías de acceso al derecho en igualdad y con seguridad jurídica”. 

El decreto establece que antes de decidir si la valoradora acude al domicilio del solicitante, se realizará un “triaje”, es decir, un profesional con formación sanitaria es el que realizará una valoración únicamente con la documentación aportada por ese posible beneficiario. En numerosas ocasiones, afirman que los informes de salud “están incompletos” y “se observan déficits durante la valoración que no concuerdan con los diagnósticos que tiene el solicitante en el informe de salud y se debe requerir que aporte otro informe médico para poder realizar la valoración de forma completa”.

Los propios colegios de Trabajo Social han alertado de las consecuencias de ese nuevo decreto al que tachan de “grave amenaza”. “Creemos que el proyecto adolece de apoyo financiero y que no garantiza la mejora de recursos humanos, y su tramitación urgente impide el análisis en profundidad de su impacto”, apuntan. Además, añaden que “la propuesta actual podría bloquear el acceso al sistema y afectar negativamente a las personas solicitantes, lo que constituye una grave amenaza para su bienestar y derechos”, señalan ambos colegios oficiales. Consideran, entre otras cuestiones, que  “el proyecto ha sido desarrollado sin tener en cuenta la experiencia y el conocimiento del personal implicado, lo cual compromete su eficacia y calidad”.