Insucan denuncia la ''pasividad'' hacia los profesores agredidos

El sindicato Docentes de Canarias (Insucan) acusa a la Administración de “pasividad” y de “ocultar” los casos de agresiones a profesores, además de no ofrecerles la debida atención psicológica y legal. Por ello, buscan “una protección a la pacífica prestación del servicio público educativo” por medio de medidas ejemplarizantes que permitan a docentes y alumnos “prestar y recibir una enseñanza en condiciones”.

Aunque en el encuentro mantenido con los medios de comunicación los miembros de Insucan no quisieron aportar datos relativos al número concreto de sucesos similares acaecidos en las Islas para “no magnificar las agresiones”, a las que calificaron de “ocasionales” en función del elevado número de alumnos, el sindicato insistió en la importancia de dar a conocer la “absoluta necesidad” de “mayor prevención y medidas correctoras”, además de “asistencia psicológica y legal” por parte de la Consejería de Educación.

Durante el acto informativo Insucan también hizo pública la primera sentencia firme que, en Canarias, condena a prisión a la madre que en 2008 agredió a una docente en un centro del sur de Tenerife. Según explicó Perera, el éxito de esta sentencia radica en su “línea ejemplarizante”, puesto que el resultado del fallo emitido el pasado 23 de marzo fue de dos años de prisión, que se podrán evitar si no se delinque en ese plazo de tiempo, además del pago de las costas del juicio así como una indemnización por el concepto de responsabilidad civil.

Tras las “ridículas” sentencias en las que las agresiones eran juzgadas como faltas, este sindicato mostró su satisfacción por haber conseguido que cada ataque vaya ahora al Juzgado como un “delito de agresión a funcionario público, relativo a los derechos de atentado contra la autoridad”. Sin embargo, denuncian que, hasta ahora, la Administración y los centros “trataban de llegar a simples acuerdos y dejar en la estacada lo que hoy en día merma al profesorado, a su sentido del deber y de la dignidad en el trabajo, y mantiene al docente con la cabeza agachada”.

Falta de prevención

A su juicio, la Consejería “no ha prevenido” este tipo de hechos y, en ocasiones de agresividad constatada, “ni siquiera ha adoptado las medidas correctoras para que no se magnifiquen ni se ha apoyado al docente cuando se produce una agresión física o psicológica grave”.

Además, mantienen que “se tapa directamente el hecho y su gravedad” cuando “ni la Consejería, ni sus inspectores apoyan la intervención pedagógica, psicológica, física o prestan el apoyo jurídico que necesita el docente”, añade el encargado de los asuntos jurídicos de la asociación, Ernesto Perera.

Insucan explicó que existe un perfil objetivo de profesor agredido y que hay signos externos evidentes, además de un malestar y situaciones que sugieren la necesidad de una intervención. “Normalmente llevan meses pidiendo ayuda”, asegura el representante del sindicato, quien añadió que suele tratarse de un profesor con un perfil bajo de autoestima, que “se infravalora y se pregunta si ha hecho algo para merecerlo”. Además, mujer, ya que el 75% de los docentes lo son.

Los miembros del sindicato afirman que hay más casos en la palestra y que cuantificar las denuncias en complicado porque “a nosotros no acuden todos los docentes”. Sin embargo, insisten en que continuarán prestando su apoyo para conseguir cambiar esta tendencia. “Tenemos claro que no permitiremos tener la cabeza gacha ante estos hechos, que vamos a trabajar”, reiteró el representante de los docentes en el sindicato.

Se siguen “ocultando los hechos”

En su opinión, han sido sus gestiones y la evidencia de “la realidad en los centros” lo que ha obligado a la Administración, en diciembre de 2009, a sacar un protocolo de actuación ante agresiones físicas y verbales, a pesar de que, a su juicio, la Consejería “sigue dando palmadas y ocultando los hechos”.

El sindicato recuerda un caso concreto ocurrido en 2005 en el que un docente agredido, cuando pidió asistencia a la Consejería, se le dijo que “si pedía asistencia letrada podía tener problemas”. En esta ocasión, añaden que la Consejería conocía la incidencia, pero una semana después “aún no se había personado nadie en el centro”. Aunque el sindicato lo defendió, sólo se pudo llevar su causa como falta, no como delito.

Otro caso reciente sucedió también en el sur de Tenerife, donde un alumno arremetió contra el coche de la profesora, con daños por importe de 1.800 euros. A pesar de que el joven presumió de los hechos en las fiestas del pueblo, “no se pudo probar en el juicio y ha quedado absuelto, por lo que es otro caso en el que la maestra agacha la cabeza”.