Jueces y fiscales llaman a la concentración en LPGC
La Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales convoca a la concentración que se celebrará este viernes a las 12.30 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la Plaza de San Agustín, Vegueta, en protesta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la obligación de pago de tasas judiciales a los ciudadanos y no solo a las empresas con amplia capacidad económica, como venía siendo hasta ahora.
En un manifiesto, los jueces y fiscales exigen la retirada inmediata del proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, que “perjudica la calidad de la Justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis económica”. Además abogan por potenciar la estructura y las competencias del Consejo General de Poder Judicial y por su autonomía presupuestaria, así como la de la Fiscalía General del Estado, para “garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y de la Autonomía del Ministerio Fiscal”.
En el escrito de denuncia, señalan que la “sobrecarga desmedida” de los órganos judiciales y fiscalías exigen “la creación de plazas necesarias de jueces y fiscales de carrera para terminar de forma progresiva y gradual con la justicia interina”.
Con respecto a la carga de trabajo, solicitan que se aplicque como límite de entrada un máximo admisible y con efectos inmediatos.También apuestan por “la eficacia y optimización de recursos”, con una nueva demarcación judicial con agrupación de unidades judiciales en grandes ciudades, creación de Tribunales de Instancia y nuevas oficinas judiciales y fiscales, “cuyo actual modelo es ineficaz sin la modernización tecnológica e informática uniforme para todo el Estado”.
Jueces y fiscales reclaman la adopción de medidas para paliar “el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los Juzgados y las Fiscalías, debido a la ausencia absoluta de medios personales y materiales, con especial referencia a la penosidad de las guardias”.
En relación a uno de los aspectos más controvertidos, las tasas judiciales, piden que “no limiten el acceso a la Justicia, circunstancia que no se contempla en la actual Ley, que las establece claramente desproporcionadas”.
