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''Las llamaba 'perdidas' por broma''

SCTF / JUICIO A DOS EX POLICÍAS LOCALES POR VEJACIONES A COMPAÑERAS

La Fiscalía pide a un sargento jubilado 20 años de cárcel por atentar contra la integridad moral de sus compañeras, lesiones psíquicas y coacciones.

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"Jamás, jamás he insultado a ninguna compañera. Si las llamaba 'perdidas' fue en plan jovial y por amistad. Una broma". Así se ha defendido este martes, ante un tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el sargento ya jubilado de la Policía Local, Tomás Eugenio P.R., de las acusaciones de delitos contra la integridad moral, lesiones psíquicas y coacciones, todos ellos presuntamente ejercidos sobre mujeres de su unidad.

La Fiscalía solicita un total 20 años de prisión para Tomás (las acusaciones multiplican la petición por tres), pero también acusa a su mando, Antonio A.B., de omisión del deber de perseguir delitos, por lo que le pide año y medio por cada una de las víctimas (seis años en total) e inhabilitación por tres años para ejercicio de cargo público. A ambos les reclama una indemnización moral y civil cercanas a los 60.000 euros. El Ayuntamiento es responsable civil.

Las cuatro policías locales que denunciaron a Tomás estuvieron bajo su mando entre 2002 y 2006. La Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen que las cuatro sufrieron humillaciones y vejaciones constantes, coacciones, amenazas y reprimendas cotidianas, hasta el punto de sufrir bajas médicas por trastornos psiquiátricos. Las afectadas tenían motes, como "tacones lejanos", "la barranquera" o "ratón colorado". Todas eran unas "conejas" y todas, unas "perdidas".

El subinspector, prejubilado, declaró ante los magistrados que en ese tiempo tenía unas 40 personas a su cargo, de las no más de ocho eran mujeres. A preguntas de las acusaciones alegó que los motes "son una práctica normal en el Cuerpo de Policía Local, pero jamás las llamé así directamente". También respondió que "nunca he insultado a una señora".

"Cuando las veía llorar yo las consolaba con cariño", aunque admitió que con dos de las denunciantes, Isabel y María Jesús, nunca tuvo buen entendimiento. "El problema con Isabel es que le caí mal. Y reconozco que tengo un carácter muy fuerte, pero eso no es condenable". "Cuando me enfado? pero han sido siempre hechos puntuales", afirmó, en respuesta a las llamadas de atención reglamentarias a las cuatro policías por llegar tarde o ausentarse de la oficina.

Sin embargo, afirmó haber tenido con otra de las denunciantes, Graciela, un trato que describió como "muy cordial siempre" y respecto a la cuarta denunciante, aseguró que "le hacía gracia que le llamáramos tacones lejanos", debido a que por una peculiaridad física no puede calzar los zapatos reglamentarios. María Rosa no aguantó y al cabo de un año pidió un traslado.

No creía que fuese tan grave

Al sargento jubilado se le abrió un expediente informativo después de que el 9 de febrero de 2006 Asipal (Asociación Policial Independiente de la Policía Local) denunciase la situación de maltrato a las agentes policiales, y el trato "déspota" que se mantenía en el tiempo.

Antonio A, mando superior del sargento Tomás, recibió ese informe, afirmó al tribunal, pero le restó importancia. "Era él quien se quejaba bastante de las agentes. Cuando recibí el informe le llamé y le dije que no que quería ningún tipo de maltrato. No le abrí expediente porque pensé que con llamarle la atención bastaba". Igualmente admitió que conocía los motes asignados a las trabajadoras. "Eran rumores de pasillo, nunca le oí llamarlas así".

Al igual que el sargento, Antonio dijo desconocer las causas de las bajas médicas de las agentes. "nunca recibí una queja formal, ningún escrito formal, para que yo tuviera conocimiento". Aseguró que tampoco recibió quejas verbales ni nunca escuchó un mal grito, ni puñetazos sobre la mesa, pese a tratarse de una sala diáfana, con un único despacho, un archivo y paredes de pladur.

Delitos no prescritos

Al inicio de la vista oral, las defensas de ambos imputados trataron de anular la instrucción por considerar que los hechos ocurrieron en 2002 y 2003, así que habían prescrito, pero el tribunal hizo caso a la Fiscalía, que recalcó que no se trataba de delitos puntuales, sino continuados en el tiempo.

Una de las víctimas declaró que, pese a ser apartado del servicio tras el expediente abierto, seguía mandando sobre ellas e imponiéndoles tareas, por lo que la situación no acabó hasta que Tomás fue prejubilado. Insistió en que tardaron varios años en denunciar el acoso que sufrían, y que lo hicieron ante la Fiscalía cuando el Antonio A. B. fue sustituido por una mujer, lo que les dio confianza, y sintieron el apoyo del sindicato.

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