Manuel Marchena en Gran Canaria: “Hay una vocación burocratizante en los canales de denuncia que van a provocar problemas en las administraciones públicas”

“Las leyes a veces se hacen con precipitación y creo que hay una vocación burocratizante en los canales de denuncia que van a provocar problemas serios en las administraciones públicas”, afirmó Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en las jornadas nacionales sobre ‘Tendencias y desafíos del compliance en la universidad española: hacia una cultura de integridad y buen gobierno’, organizadas por el Consejo Social de la ULPGC, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y la Fundación para Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP), que se celebran en la Universidad de Verano de Maspalomas.

 

En su intervención, Responsabilidad penal de las personas jurídicas. El caso concreto de la universidad, Manuel Marchena habló de los  problemas que van a tener las universidades españolas sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y las obligaciones que se derivan de la reciente ley sobre la protección de los 'informantes' o  Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

 

 Según esta Ley, la universidad pública no puede ser sujeto de delito, ya que excluye al Estado, a las administraciones públicas y, por lo tanto a los rectores, “pero no pasa lo mismo para las universidades privadas, que sí pueden ir al banquillo”.

 

Esta Ley, de la que Marchena hace una valoración positiva, “va a crear muchos problemas a los que no vamos a poder dar una respuesta inmediata”. Esta responsabilidad penal de la Persona Jurídica supone una revolución conceptual del Derecho. “Los canales de denuncia van a ser para denunciar infracciones penales o administrativas graves o muy graves, que no conocemos, porque el artículo 33 del Código Penal establece infracciones leves, menos graves y graves. Es decir, las menos graves y las leves quedarán fuera del ámbito del espectro funcional de la denuncia”.

 

Para Marchena, el mayor problema se encuentra cuando se denuncia un delito, porque la ley abre la posibilidad de que el servicio interno abra una investigación de tres meses, pero en nuestros sistema de investigación procesal puede llegar a dos años“.

 

Destacó una sentencia aprobada en su Sala, la primera que justifica la responsabilidad de la Persona Jurídica por no contar con un  complance “para prevenir los riesgos y evitar las tentaciones de los directivos que quieran obtener un beneficio a costa de la entidad”.

 

Por una gestión responsable

 

La segunda ponencia estuvo a cargo de Alain Casanovas, considerado un experto en este tema, que destacó la necesidad de disponer en cualquier organización, de modelos de compliance que garanticen “una gestión íntegra y acorde con las normas”. Casanovas, socio responsable de servicios de compliance en KPMG. España y director del KPMG Compliance Think Tank, presentó la ponencia el ‘Alcance del compliance en las universidades españolas: un nuevo reto para las universidades y sus consejos sociales’.

 

Centrándose en el ámbito universitario, manifestó que también son comunes modelos de organización y gestión que consideran tal realidad, especialmente en entornos anglosajones, con mayor tradición en esta materia. “Fijar mecanismos y estructuras organizativas que contribuyan a una gestión responsable, ética y legal es una muestra de buen gobierno corporativo, que genera valor a la sociedad e infunde confianza”.

 

Por todo ello, Casanovas señaló que cada vez más normas, tanto nacionales como extranjeras, ponen en valor la necesidad de modelos de compliance e impulsan su difusión. “En este contexto se comprenden los requisitos de la nueva Ley 2/2023 de Protección al Informante y las actualizaciones frecuentes del Código Penal español”.

 

En el ámbito de las universidades, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, contempla “la importancia de una gestión alineada con parámetros éticos”. En particular, tanto los artículos 39 como 47 de dicho texto atribuyen al consejo social de las universidades “velar por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como de las directrices antifraude, que deben guiar la función docente y la investigación, en colaboración con los organismos y planes de los que, para estos efectos, disponga cada universidad. Es un mandato alineado con los cometidos típicos de los departamentos de compliance, que operan en las mejores universidades del mundo”, expuso Casanovas.

 

En la actualidad, para disponer de modelos de compliance robustos es necesario conocer y aplicar correctamente buenas prácticas nacionales e internacionales, que vienen reflejándose en reputados estándares internacionales. “Las normas ISO son un referente obligado para conocer los parámetros conductuales y organizativos que fundamentan todo modelo de compliance moderno”. En opinión del experto, sus contenidos ayudan a satisfacer las expectativas de las administraciones públicas, usuarios del sistema educativo y demás grupos de interés. También facilitan cumplir con exigencias legales, como las antes indicadas. “Déficits en esta esfera pueden llegar a fundamentar responsabilidades personales para los máximos responsables de la gestión universitaria”.

 

Seguidamente intervino Enrique Álvarez Tolcheff, para analizar la ‘Relación entre el ejercicio de control interno y delcompliance en el ámbito universitario’. Enrique Álvarez es licenciado en Derecho y Filosofía, funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General de la Comunidad de Madrid con destino en el Tribunal de Cuentas.

 

En su opinión, “la satisfacción de las necesidades comunes, mediante un uso eficaz de los recursos públicos, es una necesidad apremiante. Los comportamientos contrarios a la ética y las prácticas de corrupción resultan más intolerables que nunca”. Por este motivo, los controles públicos, externo e interno, se crearon en última instancia para lograr una buena gestión pública. “A esta función se suman recientemente nuevos procedimientos y políticas. Los sistemas de integridad, los planes antifraude exigidos por la Unión Europea o el compliance constituyen una oportunidad de mejora del sector público en general y del ámbito universitario en particular”.

 

El siguiente ponente, Javier Martín Cavanna, director ejecutivo de la Fundación Haz y profesor asociado de la IE Bussiness School en el área de Responsabilidad Social Corporativa, habló sobre los ‘Principios para la determinación de un buen gobierno en las universidades: orientaciones para promover su cultura interna y su impacto en la sociedad’. Su presentación corrió a cargo de  Ana Suárez Calvo, consejera del Consejo Social de la ULPGC y empresaria.

 

Cavanna explicó que, en los últimos once años, la Fundación HAZ, antes Fundación Compromiso y Transparencia, a través de sus informes y sellos de transparencia, ha acompañado a las universidades españolas “en su esfuerzo por ser más transparentes y rendir cuentas a la sociedad de sus logros y resultados”.

 

Durante este periodo dijo que se ha ido construyendo con las universidades, “las áreas relevantes de información, reformulando nuestros indicadores o incorporando otros nuevos, y, cuando hemos creído que era conveniente, incluir algún contenido nuevo para responder a las demandas de información de la sociedad, pues las expectativas de información de la sociedad no son algo estático y rígido, sino que van evolucionando de acuerdo con los nuevos desafíos y retos”. En estos diez años se han ido agregando nuevos indicadores, como el relativo a la empleabilidad de los alumnos, el porcentaje del PDI que trabaja en la universidad, en la que ha leído la tesis, el funcionamiento del consejo social o la información sobre la titularidad de las universidades privadas“.

 

Cavanna reconoció que las universidades han respondido a ese reto,“mejorando significativamente la rendición de cuentas sobre todas estas cuestiones. Por primera vez, en 2022, ninguna universidad pública ha sido calificada como‘opaca’ en su informe. El 90% de las universidades públicas superaron el porcentaje requerido para obtener la calificación de transparentes y el promedio general de transparencia de las 49 universidades públicas, alcanzó el 86%”.Sin embargo, consideró que esta mejora generalizada de la universidad pública no se ha extendido a las universidades privadas, “que siguen manteniendo globalmente bajos índices de transparencia. Tan solo seis universidades privadas (un 25% del total) merecieron la calificación de transparente, frente a las 44 universidades públicas. Además, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), plantea nuevos retos a los consejos sociales, encomendándoles el impulso de una nueva cultura de integridad y buen gobierno en la universidad”.

 

Cavanna concluyó su intervención indicando que “por todas estas razones entendemos que nuestros informes y sellos de transparencia siguen siendo más necesarios que nunca y, sobre todo, que el diálogo constructivo que hemos mantenido a lo largo de estos años con las universidades debe seguir enriqueciéndose y ampliándose”.