Los médicos canarios defienden la legitimidad de sus reivindicaciones en la huelga indefinida convocada para el 11 de diciembre

La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias ha reivindicado la legitimidad de sus protestas contra el abuso de la temporalidad en la administración autonómica y para reclamar la consolidación de las plazas de profesionales que llevan años encadenando contratos eventuales sin poder optar a la fijeza. Una serie de reclamaciones que les ha llevado a convocar una huelga indefinida a partir del 11 de diciembre.

En un comunicado, el colectivo se hace eco de “una información” difundida “en algunos medios” en la que se afirmaba que las razones para llevar a cabo el paro eran jurídicamente inviables en base a un informe emitido por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, que concluía la imposibilidad de atender las peticiones de los médicos por no permitirlo ni la ley ni la jurisprudencia aplicable. En dicha información se “ignora intencionadamente o desconoce irresponsablemente” sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional al respecto que amparan sus demandas.

En este sentido, indica que “la difusión o filtración malintencionada de informes sesgados y erróneos” pretende “poner a la opinión pública en contra del colectivo de médicos que, tras meses de denodados esfuerzos de negociación, al mecanismo de la huelga para defender sus legítimos derechos”. A su juicio se intenta “dar la imagen” de que los médicos canarios piden “solicitamos imposibles”.

Los médicos de la sanidad pública canaria defienden que sus reivindicaciones “están amparadas por el derecho aplicable” y atribuye a la Consejería de Sanidad la Dirección del Servicio Canario de la Salud un intento por “desinformar a la sociedad canaria tratando de desprestigiar a este colectivo de profesionales que ha tenido que recurrir al último recurso de la huelga para la defensa de sus derechos e intereses”. 

Por ello, el colectivo recuerda que la administración pública canaria incumple “desde hace décadas” la normativa española y de la Unión Europea en materia de contratación temporal de personal, incurriendo en un evidente fraude de ley al usar contratos temporales para cubrir sus necesidades permanentes y estructurales; todo ello por no haber convocado los procesos selectivos con la periodicidad que exige su propia normativa. “En 18 años han ejecutado uno, cuando están obligados a hacerlo cada dos años”, señala.

Como consecuencia, “el 80% de los empleados” se encuentran en una situación precaria con lustros encadenando contratos temporales. Por ello, el colectivo insiste en que “el fraude en la contratación” ha sido “producidas, amparadas y reiteradas” por la administración pública canaria, que “ignora” las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , que concluyen sobre este asunto que los procedimientos selectivos sólo podrán ser una solución que compense de forma efectiva y proporcionada a esos trabajadores, si la culminación de dichos procesos pudiera ser de resultado cierto para los que deben ser compensados por el abuso de la temporalidad.

“Sentencia de forma clara y reiterada que la mera participación en unos procesos selectivos de los contratados en abuso de la temporalidad en igualdad frente a aspirantes externos o no abusados, no es una medida válida para sancionar y compensar debidamente la utilización abusiva de la temporalidad y los proscribe como solución compensatoria para las víctimas abusadas”, añade la nota.

 Además, “varias sentencias” del Tribunal Constitucional admite los procesos selectivos de carácter restringido, si bien sometidos a importantes condiciones, es decir, que el procedimiento selectivo sea un proceso único e irrepetible, que esté fundamentado en la de una situación transitoria y excepcional, así como que persiga una finalidad legítima y que se establezca por una norma con rango de ley.

“Todos esos condicionantes se cumplen” en la sanidad pública canaria canaria según el colectivo y y se dan en este caso, que reiteran que su resolución “solo depende” de que los poderes públicos regionales Canarios “adopten la decisión de afrontar el problema generado por ellos del abuso de la temporalidad y usen una norma con rango de ley para establecer un proceso selectivo único, irrepetible, excepcional y con el fin de consolidar al personal que ha sufrido durante mucho tiempo el uso en fraude de ley de la contratación temporal”.

La Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias demanda que el Gobierno regional asuma sus competencias respecto a esta cuestión dictando su ley, “como lo están empezando a hacer otras comunidades que sí parecen estar dispuestas a dar una respuesta a las demandas de los colectivos de la sanidad y resto de empleados públicos”. Esta opción “está expresamente prevista” en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Además, la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/2012, “reconoció la constitucionalidad de que una norma con rango de ley autonómica abordase este tipo de procesos selectivos”.

Para concluir, reafirmamos que los trabajadores que durante décadas hemos soportado una situación laboral precaria e injusta, no estamos dispuestos a seguir soportando la desidia de los políticos que han dilapidado meses de negociación hasta traernos a la segunda ola de pandemia, ni a tolerar los burdos intentos de desinformar a la ciudadanía canaria frente a la Huelga que hemos convocado contra un Gobierno que incumple las leyes y no acata las sentencias de los más altos tribunales.

Por todo ello, el colectivo reitera que los trabajadores de la sanidad pública canaria llevan años soportando “una situación laboral precaria e injusta” y reafirman no estar dispuestos “a seguir soportando la desidia de los políticos que han dilapidado meses de negociación hasta traernos a la segunda ola de pandemia, ni a tolerar los burdos intentos de desinformar a la ciudadanía canaria frente a la huelga que hemos convocado contra un Gobierno que incumple las leyes y no acata las sentencias de los más altos tribunales”.