El empresario Miguel Ángel Ramírez obtiene, 16 años después, la licencia urbanística que le costó una condena de prisión

Una condena a tres años de prisión, un indulto parcial, una demanda contencioso-administrativa, una prescripción de aquella condena… Y, sobre todo, un enorme desgaste reputacional, han terminado este mes de julio, 16 años después, con una resolución que da la razón al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas: las obras en su finca de La Milagrosa (Las Palmas de Gran Canaria) por las que se le condenó por un delito contra la ordenación del territorio a tres años de prisión y 43.200 euros de multa, y que derribó en aplicación de esa sentencia, ya pueden realizarse con plenas garantías legales. El Cabildo de Gran Canaria emitió el pasado día 8 de julio una resolución en la que anula otra del año 2014 por la que se le denegaba la calificación territorial solicitada por el promotor de las obras. En aplicación de una sentencia de lo contencioso-administrativo de 2017, la Corporación grancanaria procede a autorizar a Ramírez la construcción de un alpende, una pérgola, una pajarera, unos muros de contención y unos accesos en su finca, de más de 30.000 metros cuadrados, a las afueras de la capital grancanaria.

En 2004 pidió licencia, pero el Cabildo le denegó la calificación territorial por considerar que afectaba a un paraje natural, pero Ramírez ejecutó las obras. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil interpuso una denuncia que fue acogida por mucho interés por el entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, que llevó hasta el final unas diligencias penales que acabaron con esa ejemplarizante condena por un delito contra la ordenación del territorio.

Pero Ramírez no pareció rendirse. Al tiempo que se le procesaba por ese delito, sus abogados iniciaban un procedimiento contencioso-administrativo paralelo para tratar de demostrar que el Cabildo había errado denegándole las autorizaciones. Y lo consiguió por la evidencia de que el paraje natural protegido que hubiera impedido las obras no existía como tal en el momento en el que se tramitó la licencia.

Pero, al tiempo, tras ser condenado en 2010, el empresario movía sus resortes para conseguir del Consejo de MInistros la tramitación de un indulto parcial que le permitiera una rebaja suficiente de la condena que esquivara el ingreso en prisión. El indulto lo consiguió, pero fue anulado posteriormente por defectos formales, lo que sin embargo operó para que la condena a tres años de prisión prescribiera durante tanta tramitación y consiguiera su propósito de no entrar en una cárcel. “Antes me suicido”, llegó a comentar en alguna ocasión el empresario ante esa eventualidad.

16 años después le llega ahora la última resolución que le faltaba: el Cabildo asume la sentencia de 2017, que se hizo firme en 2019, y que otorga a Miguel Ángel Ramírez la bendición para construir su pérgola, su pajarera y su muro en La Milagrosa.

Otros pleitos acechan al empresario, algunos incluso desde 2014, relacionados con la gestión económica y laboral de sus empresas, particularmente Ralons y Seguridad Integral Canaria. Pero esta causa la ha terminado ganando finalmente.