Las ONG de Las Palmas de Gran Canaria se plantan ante el Ayuntamiento: “Dejen de entorpecer el trabajo voluntario”

Usuarios de servicios sociales y algunas ONGs de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado este miércoles la falta de apoyo del Ayuntamiento, afirmando que “es falso que solo se hayan cerrado dos locales de reparto de alimentos” y se han quejado de que esperan hasta seis meses por las ayudas.

La presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Isabel Alfaro, ha señalado que las organizaciones “están colaborando” porque la “prioridad” es la necesidad de las familias que las autoridades “no ven o no quieren ver”.

Su reivindicación, asegura, la comparten “la mayoría de las entidades sociales que realizan reparto de alimentación” de la ciudad y que, ante las dificultades, deben “seguir trabajando” por las familias.

Alfaro sostiene que el grupo de gobierno (PSOE, Podemos y NC) “no contesta” a sus peticiones y han suspendido su participación en el pleno extraordinario sobre esta problemática convocado para mañana viernes.

Los partidos que conforman el gobierno municipal, ha afirmado, “no ayudan”, por lo que ha pedido “no crear una guerra, sino que escuchen” y dejen de “poner piedras en el camino”, porque, de lo contrario, adelantan que irán a una marcha ciudadana para que “dejen de entorpecer el trabajo voluntario” en lo que tilda de “falta de humanidad”.

La voluntaria y también beneficiaria de ayudas, Laura Ramos, ha explicado que, aunque tiene trabajo a media jornada, no le alcanza el salario para pagar el alquiler y sus gastos corrientes.

Les han cerrado el local y ahora “salen adelante” con “dinero del bolsillo de los voluntarios, que ponen sus vehículos y su tiempo” para realizar esta labor y “seguir ayudando” porque cada día “hay más familias que no pueden” con los gastos corrientes.

Solo esta semana, ha detallado, han conectado más de 15 familias con citas para más de un mes y que, “aunque trabajen, no llegan a fin de mes”, como es su caso.

Asegura que el cierre del local fue “de un día para otro”, alegando que lo iban a reformar, y denuncia que no les dejan acceder al establecimiento a por la documentación que quedó en su interior, así como el equipamiento que está “retenido dentro”. No tener local “afecta a los voluntarios” que dejan de trabajar ante la situación, aunque atienden a cerca de 300 familias.

La usuaria Cristina Gutiérrez ha explicado que la única ayuda que recibe es la de la Federación, que voluntariamente le aportan alimentación. Ha solicitado al Ayuntamiento que sean “más abiertos”, porque, según ha explicado, para una ayuda de 100 euros debe “hacer un millón de papeles”, lo que a su vez le genera también un gasto.

Gutiérrez ha opinado que “la tarta está mal repartida” y ha pedido más empatía para que los gobernantes municipales “se pongan en el lugar de las familias vulnerables, no solo para conseguir votos”.

Si les “cierra la puerta” a la Federación, la cierra para las familias beneficiarias, ha añadido.