Los perjudicados por la ex juez Huerta seguirán a la espera de juicio

Los perjudicados por los juicios que dejó sin sentenciar la ex juez sustituta Pilar Huerta en el juzgado de lo Social 1 de Santa Cruz de Tenerife deberán esperar, presumiblemente hasta septiembre, a que se señalen sus causas de nuevo, y ello porque el Gobierno de Canarias no ha designado a los funcionarios que deben integrar el juzgado de refuerzo, ni el Ministerio de Justicia ha adjudicado la Secretaría judicial provisional. Sólo se ha nombrado a la juez, también sustituta.

Hay al menos 32 juicios que deben celebrarse por segunda vez, aunque fuentes judiciales apuntan a que son más de un centenar las causas que quedaron pendientes del fallo de la ex juez Huerta Sánchez, quien alegó una depresión para justificar el retraso de más de un año en dictar sus sentencias. Sin embargo, no habrá señalamientos hasta que el juzgado de refuerzo sea constituido.

De momento, sólo ha movido ficha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha nombrado a la juez que asumirá las tareas que Huerta Sánchez dejó pendientes, pero falta que Caamaño designe secretario judicial, y que el nuevo responsable en Justicia del Ejecutivo canario provea al órgano de los funcionarios necesarios.

Pilar Huerta dejó de ser juez sustituta el 19 de abril pasado, cuando el CGPJ decretó su inidioneidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. El motivo, como destapó días antes CANARIAS AHORA, es que había transcurrido más año desde que había celebrado juicios que seguían a la espera de su sentencia, lo que motivó una queja al Consejo y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por parte de un despacho de abogados.

Para remate, en el juzgado en el que ejerció Huerta no se encontraban muchos de esos expedientes y la ex juez estaba, oficialmente, ilocalizable. El magistrado instructor de su expediente disciplinario, Jaime Borrás, tuvo que pedir al CGPJ que le remitiera el número de DNI de la citada para que fuese encontrada por la Policía.

Los abogados Ignacio Cestau, Carlos Berastegui, Juan Eusebio Rodríguez Delgado, Cristina Edodey Coleto y Olivia Concepción Hernández denunciaron el “gravísimo problema, que se ha creado con la actitud insensata e inconsciente de la señora juez” y reclamaron al TSJC que los juicios fuesen celebrados de nuevo.

“Consideramos que es un acto de suprema irresponsabilidad la actitud de la señora juez, creando una situación insostenible a personas que están pendientes desde hace más de un año a que la misma se digne a dictar una sentencia, creando con ello un desequilibrio psíquico y emocional, debido a que estamos hablando de despidos, de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, reconocimientos de derechos, incapacidades permanentes absolutas y que el trabajador no sabe y no puede saber cuál es la calificación de su señoría”, afirmó Cestau a este periódico.

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