Un plan centrista para una legislatura

El plan de reconstrucción de Canarias remitido por el presidente Ángel Víctor Torres a los partidos políticos y agentes sociales canarios atesora algunas fortalezas. La primera de ellas, aunque a primera vista pueda parecer lo contrario, es un diagnóstico que no se anda por las ramas, porque dibuja un escenario económico atroz para este año, con caídas en el Producto Interior Bruto regional sin precedente conocido: entre el 14 y el 19 por ciento, atendiendo a las previsiones de Exceltur y su proyección sobre la economía canaria en su conjunto, y entre el 20 y un mareante 32 por ciento según cálculos del Instituto Canario de Estadística. Hay que admitir que llegados a este punto dan ganas de no seguir leyendo y entregarse al fatalismo, y más en la medida que la introducción del documento constituye una debilidad del mismo, con una referencia buenista pero poco tranquilizadora: España es la garantía, Europa el destino de nuestras exigencias. Y ni España es una garantía ahora mismo, porque las mismas sombras de duda se ciernen sobre su porvenir económico, ni estamos en condiciones de asegurar que la exigencia a Europa dará los resultados esperados. En este terreno, se puede afirmar que el futuro de Canarias, y del plan elaborado por su presidente, está muy ligado a la evolución política y económica de España en este año y el próximo. No porque España vaya a abandonar a Canarias, sino porque debe tener la capacidad mínima para ayudarla en su especificidad. Y en Europa más nos vale ser inteligentes y abandonar la estrategia del reproche a nuestros socios y posibles acreedores. Que la Unión Europea no se construyó sobre esas bases por mucho que lo diga Pedro Sánchez. Solidaridad sí, dependencia permanente no.

Dicho esto, a partir de un diagnóstico duro pero sincero, y de una voluntad de acuerdo político en las Islas que es otra marca de Ángel Víctor Torres en esta crisis pandémica, el plan de reconstrucción dibuja otro escenario inquietante, como es la discrepancia entre los objetivos ambiciosos en materia de actuación pública, con particular atención al refuerzo de las políticas en materia de sanidad y salud (para responder a un posible rebrote de la Covid-19), y el reconocimiento de una caída muy significativa en los ingresos propios, aquellos procedentes de los impuestos autonómicos o cedidos. Por ejemplo, se da por hecho, según los cálculos de la Hacienda canaria, que la Comunidad Autónoma perderá 429 millones de euros en recaudación por IGIC (955 millones, sumadas otras figuras fiscales), mientras que para los cabildos y ayuntamientos la merma estimada asciende a 593 millones. De ahí que como consecuencia de todo ello se aluda a la liberación del superávit fiscal canario como primera herramienta, paso previo, dado que este colchón financiero durará poco, a una política de endeudamiento masivo para suplir la hemorragia de ingresos.

El pacto por la reconstrucción planteado por el presidente Torres plantea un propósito que sufrirá con dureza la prueba de los hechos: su rechazo explícito a los recortes en el gasto público como instrumento para hacer frente a los malos tiempos que con toda seguridad vendrán. ¿Cómo evitarlos? Esto no lo deja claro el plan, aunque esboza numerosas alusiones al incremento de la productividad y la eficiencia en las tareas que desempeña la Administración, que es el jugador más poderoso en el tablero de la economía regional. En este caso, y bebiendo de fuentes contemporáneas sobre el Estado innovador y su papel en la economía, el plan considera imprescindible la agilización de las actuaciones en materia de licitación pública (con las infraestructuras en primer plano) y autorización para los proyectos de inversión privada capaces de cometer la bendita osadía de poner recursos sobre la mesa en tiempos de recesión. Este es uno de los nudos gordianos de la Canarias reciente, que afecta a sectores tradicionales como la construcción, pero también a la nueva oferta turística y de ocio, el reciclaje, la logística, etcétera. ¿Serán capaces los equipos técnicos del sector público de afrontar con éxito este desafío histórico en pos de la eficiencia? Buena parte del futuro próximo depende de ello, e igual resulta pertinente reclamar de todo el sector público un compromiso traducible en más horas por el mismo salario. Los sanitarios ya nos lo han demostrado.

Junto a la agilidad (que los proyectos públicos y privados sensatos salgan adelante en plazos óptimos) y la eficiencia (que cada euro público sea destinado a un fin de utilidad, eludiendo esa tendencia natural del ser humano, obtener algún tipo de botín en medio del naufragio), hay un tercer concepto que el proyecto del presidente Torres plantea en su documento por la reconstrucción de la malparada economía regional. Se trata de la liquidez, la circulación sanguínea para un sistema económico coagulado por la inexistencia de demanda en muchos de sus sectores de actividad. En este caso el texto apela a los instrumentos de financiación empresarial planteados por el Gobierno central, así como a varias medidas propias que cuantifica pero no especifica, porque esto es una cosa que le falta al Pacto por la Reconstrucción para resultar más sugerente: una medida concreta y, digámoslo así, “popular”. En este sentido, la ficha final del documento recoge una asignación para este año de 330 millones de euros en préstamos para empresas y autónomos con fondos propios de la Comunidad Autónoma. ¿Qué prestámos? ¿A qué sectores? ¿En qué condiciones? Eso no lo explica el plan, que tampoco especifica un aplazamiento en el pago de impuestos cifrado, ahí es nada, en 540 millones de euros. Contrariamente a los que ha dicho el PP, este sí es un pacto con ficha financiera, pero sin unas medidas concretas que remite a un plan de actuación posterior, pero que tampoco se puede demorar demasiado, en la medida que la situación de urgencia económica no viene, ya está instalada entre nosotros.

Liquidez, agilidad y eficiencia deben ser las vigas maestras de un documento con virtudes palpables y carencias igualmente visibles, redactado por gestores moderados, que apelan al pacto desde la convicción y se alejan de las soluciones extremistas. Si hubiera un marchamo ideológico al pacto planteado por el presidente Torres, este sería sin duda centrista, asumible por tanto por todo el arco parlamentario. Nadia Calviño, exponente del ala moderada del Ejecutivo central, le daría el visto bueno en un minuto. Pero nada garantiza que el Plan para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, un documento pensado para ser ejecutado durante toda una legislatura en condiciones durísimas, sea nuestra versión de los Pactos de la Moncloa. Para eso todavía queda una ardua negociación entre los líderes canarios, que tendrán que hacer suya una máxima: la nueva normalidad no puede ser vieja normalidad política.