Preaviso de huelga en la empresa pública que gestiona el 1-1-2 en Canarias a partir del 1 de diciembre

Los trabajadores de Gestión para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) han presentado un preaviso de huelga en sus centros de trabajo de Santa Cruz de Tenerife (CSIF - CANARIAS) y de Las Palmas de Gran Canaria (CCOO) que sería efectiva a partir del 1 de diciembre.

Esta medida de presión es una reacción a las “irregularidades laborales” de la empresa pública y a los “incumplimientos constantes de promesas” a los trabajadores por parte de los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y de Hacienda, Román Rodríguez, señala CSIF en un comunicado.

El comité de empresa en ambas provincias condena “la pasividad y desprecio máximo” desde el Gobierno de Canarias a la totalidad de trabajadores de GSC, “la empresa pública más importante para la salud y seguridad de toda Canarias”.

Recuerda que GSC engloba al 112, al Servicio de Urgencias Canario y al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) en Canarias, y tiene entre sus encomiendas las responsabilidades de las urgencias y el transporte sanitario (terrestre y aéreo), la coordinación de emergencias, la formación de la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria del Servicio Canario de Salud.

El delegado de CSIF Canarias Lorenzo Galindo critica que en el ejecutivo canario “ni siquiera se han preocupado” en cumplir un acuerdo alcanzado en sede judicial sobre la deducción del 5% sufrida en 2012 y que el propio Tribunal Constitucional declaró ilegal en 2014.

Indica que El Gobierno de Canarias “se aferra a un informe interesado para no cumplir con ese acuerdo” cuando, asegura, hay dinero disponible y “existen herramientas para cumplir con los trabajadores”.

El abogado rector de CSIF-CANARIAS en GSC en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristo Llurda, juzga inadmisible que Julio Pérez manifieste por un lado que “tiene el dinero” para cumplir con un acuerdo judicial pero que “legalmente no puede hacerlo”.

“La realidad”, sostiene Llurda, “es que el Gobierno de Canarias no quiere cumplir con su palabra”