Retirada la acusación contra la arquitecta de Yrichen
El Ministerio Fiscal retiró este viernes la acusación que formulaba contra la arquitecta de la primera fase del centro de emergencia social de Yrichen en San Antonio, en Telde (Gran Canaria), Elisenda M., al reconocer que los delitos que le imputaban han prescrito, ya que se remontan a 1998.
Elisenda M. se enfrentaba en este procedimiento a una solicitud de condena de dos años de cárcel y 5.400 euros de multa por un delito contra la ordenación del territorio, las mismas penas que el Ministerio Público sigue demandando para el arquitecto de la segunda fase del centro para toxicómanos, Antonio B. La Fiscalía se ratificó además en los cargos de prevaricación que ha formulado contra el alcalde de Telde cuando se autorizó la construcción del edificio de Yrichen, Francisco Santiago, y tres exconcejales, Ildefonso Jiménez, José Marcelino Galindo y Julián González, para los que demanda que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante nueve años.
En su informe final ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, el fiscal Carlos Fernández Seijo reiteró que el exelcalde del municipio y los tres antiguos ediles imputados cometieron un delito de prevaricación, al autorizar la construcción del centro de Yrichen a sabiendas de que no reunía los requisitos necesarios y exigidos por la ley. Recordó que la obra se hizo sin el informe de impacto ambiental que exige la normativa en caso de que afecte a suelo rústico no agrícola, que no se solicitó en su día la autorización de interés general o social de la infraestructura, que no se tramitó el permiso del Director General de Urbanismo, ni se contó con el visto bueno de otra administración que no fuera la municipal y que tampoco constan informes jurídicos ni técnicos al respecto.
Fernández Seijo reconoció que el centro de emergencia social de Yrichen cumple un importante papel en la sociedad grancanaria actualmente, por lo que “puede prestarse a un cierto tipo de juego demagógico” para establecer y justificar algunas acciones políticas, pero recalcó que, ante todo, hay que asegurar la legalidad en la tramitación del expediente. El fiscal subrayó que no ese está juzgando “la labor social de Yrichen”, sino la actuación municipal, y argumentó que, si se demuestra que el centro está legalizado, no tendrán inconveniente en retirar la petición de derribo del centro de emergencia social.
Sin embargo, adelantó que, a su entender, “a día de hoy el suelo no está legalizado” y las obras también son ilegales.
La acusación particular pide más pena para Santiago
En líneas similares se manifestó la acusación particular, que se opuso a la solicitud de prescripción del presunto delito para la arquitecta Elisenda M., y mantuvo las penas solicitadas inicialmente, salvo para el exalcalde de Telde, Aureliano Francisco Santiago, para quien demandó 20 años de inhabilitación en empleo público: diez años por prevaricación administrativa y otros diez por delito contra la ordenación del territorio.
Por su parte, la defensa del exregidor municipal y de los tres exconcejales, ejercida por Pedro Limiaña, solicitó la libre absolución para sus defendidos, por considerar que los exediles no tienen nada que ver en el asunto, puesto que algunos no han firmado ni un papel y, en todo caso, la gestión administrativa del expediente corresponde a los técnicos municipales y no a los cargos políticos. En relación a Santiago, explicó que solo firmó el decreto que ordenaba lo que había que hacer y delegó la tramitación a los negociados responsables.
Eso sí, señaló que en la comisión municipal donde se aprobó la construcción del centro de emergencia social en La Pardilla había más políticos, como Inés Jiménez, Francisco Valido o María Antonia Torres (ya fallecida), quienes no están sentados en el banquillo a pesar de que formaban parte de esa comisión. Tampoco se citó a nadie de la Concejalía de Servicios Sociales cuando fue la responsable de tramitar la primera fase del centro, lamentó el letrado, quien sostuvo que las obras son legales porque el sistema general lo avala y porque así lo han señalado durante la celebración del juicio algunos peritos, entre ellos el redactor del Plan General de Telde de 1995 y de 2002, o el jefe de servicio de Urbanismo de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias.
Por su parte, la letrada que defendía al arquitecto Antonio B., Juana María Domínguez, pidió también la libre absolución de su defendido, ya que consideró que no se ha cometido delito contra la ordenación del territorio porque realizó una planta sobre una edificación preexistente y, por tanto, ya la alteración en el medio se había cometido. Esta abogada defendió la actuación legal de su imputado, porque, si faltaban informes, ese es un problema administrativo de competencia de la administración municipal. No obstante, consideró que la obra se hizo de acuerdo con la legislación.
En líneas similares se pronunció el letrado de la defensa de Elisenda M., José García Cuyás, quien señaló que el delito de la arquitecta había prescrito, pues se desvinculó del proyecto en el año 1998, cuando acabó la primera fase. Argumentó también que la actuación fue acorde a la normativa e insinuó que, si no aparecía el proyecto, es porque se podía haber traspapelado en el Ayuntamiento de Telde.
De hecho, durante el juicio varios peritos y testigos de la administración local afirmaron ante la magistrada que no han podido acceder al expediente, porque no se localiza en el Consistorio.
“Pretender la demolición puede ser hasta una imprudencia”
La posible demolición del centro de emergencias social para drogodependientes de la Fundación Canaria Yrichen en Telde (Gran Canaria) obligaría al Ayuntamiento de la ciudad a pagar cuatro millones de euros en indemnizaciones, según advirtió este viernes su letrado.
El abogado que representa al Ayuntamiento de Telde como posible responsable civil del supuesto delito contra la ordenación del territorio que se cometió al construir ese centro social presentó ante el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria las consecuencias que tendría, a su entender, la petición del fiscal de que se derribe esa infraestructura. El letrado Gonzalo Otero defendió que tanto la calificación del suelo como el edificio están ya legalizados, aunque todavía haya que subsanar algunos defectos.
En este sentido, dijo que “pretender la demolición de un centro como Yrichen, hoy por hoy, puede ser hasta una imprudencia”, por su labor social y porque obligaría al Consistorio a abonar una indemnización millonaria que, al final, afrontarían los ciudadanos. Por todo ello, y porque diversos técnicos, incluidos los del Gobierno de Canarias han reconocido que ya se encuentra legalizado el suelo, el letrado pidió ante la magistrada que la sentencia en materia de responsabilidad civil sea absolutoria.
