Caso Melchior: ‘desterrada’ al sótano tras ganar una sentencia a Puertos de Tenerife por un despido nulo

Alicia Rojas se siente incómoda en el papel de protagonista de la noticia. Acostumbrada a lidiar desde el otro lado de la barrera tras haber ejercido, sin exposición pública y a la sombra de representantes políticos, en puestos de responsabilidad en el área de comunicación de diversas administraciones, su nombre ha aparecido en los últimos meses, en contra de su voluntad, en foros vinculados a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y en algún medio de comunicación como consecuencia del pleito judicial que ganó al ente, un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales. Un procedimiento que dio origen, a su vez, a una investigación de oficio de la Fiscalía, que permanece abierta, por contrataciones “arbitrarias y discrecionales” en la época como presidente de Ricardo Melchior, histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) y también expresidente del Cabildo de Tenerife.

Las “denigraciones” que asegura haber padecido en estos foros han sido el motivo que ha impulsado a Rojas a dar la cara para defender su profesionalidad y su “dilatada trayectoria” en el sector y contar lo que cataloga como un caso de acoso laboral en el seno de la institución. Según su testimonio, el “linchamiento” hacia su persona comenzó cuando intentó regularizar su situación de falsa autónoma en la Autoridad Portuaria, con un despido en forma de represalia, y se acentuó tras su reincorporación al ente después de ganar la sentencia, cuando el presidente la destinó a un despacho en el sótano, “a las mazmorras”, sin compañía, en un espacio “abandonado, sin ventilación, al lado del archivo y de una máquina de cafés, sucio, con malos olores y donde no llegaba la señal del móvil ni del wifi”.

Rojas comenzó a trabajar en la Autoridad Portuaria en diciembre de 2015. Fue el propio Ricardo Melchior, con quien ya había ejercido como asesora en su época de senador y presidente del Cabildo de Tenerife en el área de Comunicación de Puertos. “Mi trayectoria profesional siempre había estado muy ligada a los medios y, aunque yo había emprendido otro camino, empezaron a tirar de mí para tareas de prensa”, señala.

El relato de hechos probados de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), fechada el pasado 3 de octubre, recoge que este vínculo laboral se estableció sin contrato, sin que mediara procedimiento administrativo alguno y sin alta en la Seguridad Social. Rojas percibía su remuneración por medio de la emisión de facturas con cuantía variable que decidía el presidente. Sus emolumentos fueron aumentando de forma progresiva hasta que se estabilizaron en el segundo semestre de 2016. Recibía órdenes de tres superiores jerárquicos: el presidente, el director y el director comercial del ente. El fallo del TSJC, que confirma la resolución del Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife, de octubre de 2017, estipula que las funciones ejercidas por la trabajadora eran las propias de una jefa del área de Comunicación y de Redes Sociales y precisa que, al menos en una ocasión, Melchior le encargó la elaboración de un informe jurídico.

En febrero de 2017, más de un año después de su ingreso en la Autoridad Portuaria, Rojas pidió regularizar su situación laboral a través de la figura del autónomo económicamente dependiente (TRADE), una opción que recoge el Estatuto del Autónomo, en su tercer capítulo, para aquellos trabajadores cuyos ingresos dependan, al menos en un 75%, de un solo cliente. “Yo no pretendía que me contrataran. Sé lo que era. Hoy estoy y mañana no. Llega un momento en el que se cumplen plazos, pero ves que tienes unos horarios y que hay que regularizarlo. Otras personas en mi situación no hicieron nada, pero yo sí y eso me costó los primeros disgustos, las primeras broncas”, recuerda.

La trabajadora fue despedida el 7 de marzo de 2017, menos de un mes después de solicitar la regularización de su situación laboral. A pesar de que la Autoridad Portuaria llegó a emitir una factura correspondiente a los servicios prestados durante febrero, la trabajadora no cobró ese mes por orden del presidente, que pretendía hacer ver que el vínculo laboral había finalizado en enero sin ninguna evidencia documental y aduciendo que la comunicación de la rescisión de esta relación había sido verbal.

Tras un intento de conciliación infructuoso, en el que la empresa solo le ofrecía una indemnización, Rojas acabó acudiendo a los juzgados, que le dieron la razón en una sentencia fechada en octubre de 2017. El fallo atribuía al cese a una represalia de Melchior contra la trabajadora por el intento de regularización laboral y obligaba a la empresa a readmitirla de inmediato y a pagarle las retribuciones que dejó de percibir desde la fecha del despido.

En ejecución de esa resolución judicial, que fue recurrida por la Autoridad Portuaria, la reincorporación se produjo el 23 de octubre. A Rojas le esperaba “un ambiente hostil”. “Cinco días antes se celebró una reunión del Consejo de Administración en la que Melchior permitió que entrara el comité de empresa para proyectar un PowerPoint y repartir fotocopias diciendo que yo perjudicaba a la empresa, aunque había ganado la sentencia”. La trabajadora presentó una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, aún en trámite, contra los representantes sindicales, al entender que en esa reunión habían difundido información de carácter personal. La irrupción del comité de empresa en la sesión del 18 de octubre no quedó reflejada, sin embargo, en el acta, ya que la secretaria no la hizo constar.

En paralelo a estos hechos, el presidente de Puertos de Tenerife y su director, José Rafael Díaz, profundizaban un enfrentamiento que acabó con la destitución del segundo, en mayo de 2018, tras negarse a firmar determinadas facturas al apreciar una serie de presuntas irregularidades que están siendo investigadas por la Fiscalía. El testimonio de Díaz en el juicio de Rojas fue crucial para que la jueza dictaminase, en consonancia con la posición del representante del Ministerio Público en sus conclusiones, que se había producido una vulneración de derechos fundamentales en el despido de la trabajadora.

“Un local de castigo”

La reincorporación de Rojas al ente provocó uno de esos choques entre el presidente y el director de la Autoridad Portuaria, disputa que quedó plasmada en un intercambio de comunicaciones internas. Melchior dio la instrucción al departamento de Recursos Humanos para que se le asignara a la trabajadora readmitida por orden judicial un despacho situado en el sótano, “un local de castigo”, en palabras de la afectada.

Rojas cuenta que estuvo aislada durante el tiempo en el que permaneció en esta estancia. “Allí no trabajaba nadie, nunca vi a la responsable del archivo en ese despacho”, sostiene para contradecir la versión oficial, manifestada en los procedimientos judiciales por los máximos representantes del organismo público. Relata que el departamento de Recursos Humanos no le facilitó, tras su regreso, teléfono fijo ni ordenador y que fue “con bastante posterioridad” cuando se los instalaron en un despacho que, aun así, seguía sin contar con los medios de los que disponía en su anterior etapa (impresora, material de escritorio, armarios, archivadores...) En una ocasión se llegó a encontrar “con limpiadoras en ropa interior, cambiándose la ropa”, ya que utilizaban ese lugar a modo de vestuario.

A la directriz de Melchior se le opuso una orden del director para que Rojas abandonara el despacho que ocupaba y se trasladara a uno de los cuatro que permanecían vacíos de la zona de oficinas, en la planta dos. “El sótano no es un lugar de trabajo, está destinado a almacén y office”, expresaba José Rafael Díaz en un escrito remitido al presidente el 1 de diciembre de 2017 en el que aludía a una instrucción de 2014 en ese sentido. El director defendía que la ley le otorgaba competencias en materia de Recursos Humanos, una tesis que fue objeto de controversia con el presidente de la entidad.

“A partir de ese momento empezaron los requerimientos de Melchior. Me enviaba a personal a su servicio, de dos en dos o de tres en tres, para decirme que tenía que volver a bajar al sótano, que ese era mi lugar de trabajo, que me fuera a las mazmorras”. Rojas recuerda que en medio del puente de la Constitución, el 7 de diciembre, se encontró con que le habían cambiado el cilindro de la puerta del despacho que ocupaba por orden del presidente. “No pude entrar. Me quedé en el pasillo, en una silla, sin ordenador, me habían cerrado las comunicaciones. Vaciaron el despacho a puerta cerrada y salieron dos obreros con cajas. Me puse muy nerviosa y pedí que dejaran mis cosas. Me dijeron que eran todas del trabajo, nada mío. Ahí tenía mis códigos de Derecho, con los que juré, que para mí tienen un valor sentimental, o una pluma, entre otras cosas”, explica.

De jefa de área a tareas “de auxiliar”

La trabajadora, que desde mayo se encuentra de baja médica, considera que la Autoridad Portuaria no ha cumplido ni ejecutado en los términos estipulados la sentencia firme del TSJC y que ha sido objeto de “un acoso laboral permanente, con trato humillante”. Por ello ha presentado en los juzgados un incidente de no readmisión o readmisión irregular. Denuncia que las condiciones de trabajo desde su reincorporación no son las mismas que tenía antes de su despido, no solo en lo relativo al despacho y los medios, sino también con respecto a las tareas asignadas.

A pesar de que la sentencia recoge que Rojas cumplía funciones de jefa del área de Comunicación y Redes Sociales, el departamento de Recursos Humanos entregó a la trabajadora tras su readmisión un documento, titulado “Instrucciones de la Presidencia”, en el que quedaba bajo “la dependencia funcional y estructural” del jefe de prensa, protocolo y relaciones institucionales de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Asegura que las tareas que le encomendaban en un principio eran propias de una “auxiliar, sin iniciativa ni autonomía”, cuando no “imposibles de cumplir”. Cita, a modo de ejemplo, una petición cursada sobre las 11.00 horas para recabar, en un plazo máximo de tres horas, todos los pronunciamientos oficiales realizados por diferentes administraciones insulares y regionales (ayuntamientos, cabildos y el Gobierno de Canarias) a favor de una determinada infraestructura, con la exigencia de que fueran acompañados de un documento oficial de apoyo y de su repercusión en la prensa, teniendo que acudir, para ello, al archivo, para lo que debía pedir permisos. “Acabaron vaciando de contenido mi trabajo”, afirma.

La trabajadora suma a todas estas vicisitudes el “aislamiento y ambiente hostil” de una parte del personal de la entidad, en especial de los miembros del comité de empresa. “Han enviado correos diciendo que yo tenía expedientes abiertos en Fiscalía, que yo acosaba a las personas. Es todo mentira. El último me molestó mucho, decían que iban a ir al Consejo (de Administración). En ese momento presenté una carta demoledora. Si ellos entraban, yo también quería estar, porque, si no, estaba en una situación de indefensión. No había otra, no iba a permitir que me volvieran a machacar”, asevera la trabajadora, que también denuncia que se han producido anomalías en las bajas y altas de la Seguridad Social y que el organismo no le ha facilitado las nóminas que justifiquen los emolumentos que percibe.

Rojas apunta que el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, a quien cree “desinformado”, tampoco ha adoptado ninguna medida efectiva para resolver su situación y ejecutar en sus términos la sentencia del alto tribunal canario. “Lo que yo quiero es pasar página, tener una vida normal. Han sido dos años durísimos. Quiero incorporarme a mi puesto de trabajo como dice la sentencia, ser una persona más, trabajar, tener mi horario y ya está. Les he ganado por goleada porque tengo todas las pruebas y ya hay una sentencia firme que dice que soy la jefa del área de Comunicación. No hay que darle más vueltas”, concluye.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico el pasado miércoles sobre este caso.