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La rocambolesca huida de una ambulancia acosada por un conductor violento

Después de 45 minutos de persecución por varios distritos de Las Palmas de Gran Canaria, el vehículo sanitarizado tuvo que refugiarse en la Comandancia de la Guardia Civil; el perseguidor ha sido condenado a 4 meses de cárcel

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Una ambulancia circula en la GC-3 a la altura de Gando, en el municipio grancanario de Telde.

Una ambulancia circula en Gran Canaria. Alejandro Ramos.

Es domingo 9 de febrero y faltan cerca de diez minutos para las dos de la tarde. Una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) sale del centro de salud de Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, para atender una emergencia en la Clínica Bandama, un centro psiquiátrico ubicado a unos doce kilómetros del punto de partida. Una paciente ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y precisa asistencia urgente. Al incorporarse desde la trasera del ambulatorio a la calle José Ramírez Bethencourt, una vía con limitación de 50 kilómetros por hora, está a punto de chocar con un Volvo de alta gama y color blanco que circula a gran velocidad. Tras frenar en seco para evitar la colisión, el conductor de este turismo, que viaja con una niña de cuatro años sentada en el asiento posterior, recrimina la maniobra con aspavientos e insultos al técnico que conduce el vehículo sanitarizado, en el que también viaja una enfermera.

Lo que pudo quedarse en una simple discusión de tráfico se convirtió, sin embargo, en una rocambolesca historia con incógnitas aún sin despejar. El conductor del turismo, Guillermo B.P., inició a partir de ese momento una peligrosa persecución a la ambulancia que se prolongó durante cerca de 45 minutos por autovías y calles de la capital y que acabó en la misma puerta de la comandancia de la Guardia Civil de San Cristóbal con una confusa intervención en la que participó la Policía Nacional. Después de que el procesado reconociera los hechos en un juicio rápido, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Javier García García-Sotoca, le ha condenado a cuatro meses de prisión y dos años de retirada de carné por conducción temeraria y 120 euros de multa por amenazas leves.

El autor de estos delitos ya cumplió una pena de un año de cárcel después de quebrantar, en abril de 2017, la condena que le impuso el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Bartolomé de Tirajana por maltratar a su pareja. En esta ocasión, y a pesar de los antecedentes penales, el procesado esquivará el ingreso en prisión, ya que el juez ha aceptado la petición de su abogado de sustituir esta pena por una multa.

La persecución se inició en la Avenida Marítima. Según el relato de los afectados, el conductor del Volvo, fuera de sí tras el incidente que a punto estuvo de generar una colisión entre ambos vehículos, se incorporó a la autovía y aceleró para adelantar a la ambulancia e intentar frenarla, obligando al conductor de la sanitarizada a cambiar de carril de manera brusca. La carrera temeraria del ahora condenado prosiguió por los túneles de San José y la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria hasta llegar a Tafira. Mientras, profería insultos a los ocupantes de la ambulancia (“¡Cabrón, hoy es tu día, para que te voy a descuartizar!”), tocaba la pita, les hacía fotografías con su teléfono móvil y acercaba peligrosamente el vehículo para desafiarles. Incluso llegó a hacer uso del arcén y a saltarse un semáforo en rojo en la rotonda de la Casa del Gallo.

Al ver que el conductor no deponía su actitud, el técnico y la enfermera de la ambulancia decidieron contactar con la sala coordinadora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) 1-1-2 para pedir auxilio.  “Continúen circulando, ya se aburrirá”, fue la primera indicación que recibieron desde este centro, según los afectados. Después de dar vueltas para ver si el procesado desistía en su afán persecutor, los denunciantes solicitaron a la sala un coche policial para poder parar el vehículo y atender la emergencia, ya que veían peligrar su integridad física. No hubo respuesta. No apareció ninguna unidad de la Policía Local o de la Policía Nacional, los cuerpos con competencia en esa zona.

A partir de este momento, el relato se vuelve confuso. La sentencia sostiene en su apartado de hechos probados que fue el propio conductor de la ambulancia quien contactó con la Guardia Civil y recibió la instrucción de regresar y dirigirse a la Comandancia situada en la calle Alicante (la resolución alude por error a la calle Córdoba), donde “lo estarían esperando con la puerta del estacionamiento abierta para dejarlo pasar”.  El conductor, por su parte, afirma que, después de barajar varias alternativas y de comprobar cómo el centro coordinador, a pesar de mantenerse en permanente contacto, no ofrecía soluciones concretas, decidió llevar el vehículo hacia esas dependencias para salvaguardarse. “Nos vieron y abrieron la puerta”, ha señalado a este periódico. Fuentes cercanas a la Comandancia no tienen constancia de que se produjera ninguna llamada para advertir de la situación, ni del propio conductor ni de la sala, lo que contradice lo recogido por la sentencia.

En lo que sí coinciden las fuentes consultadas y el relato contenido en la resolución judicial es que, cuando la ambulancia accedía a la Comandancia, el conductor del turismo, que no había cejado en su persecución 45 minutos después de haberla iniciado, aceleró y se subió a la acera para tratar de entrar a la zona de estacionamiento, aunque no pudo. Tras bajarse del coche, fue retenido por los dos agentes de la Guardia Civil que se encontraban en la puerta hasta la llegada de la Policía Nacional, a la que, según las fuentes próximas a la Comandancia, habían llamado para que se hiciera cargo de la situación por haber ocurrido los hechos en su demarcación.

El técnico en transporte sanitario cuenta que el denunciado se encaró con los agentes policiales de ambos cuerpos haciendo aspavientos y dando voces en un evidente estado de agitación. Incluso llegó a invocar su condición de “hijo de un comisario”. Una hora después, la Policía dejó marchar al ahora condenado en su propio vehículo sin que conste se le hubiera practicado las pruebas de alcoholemia y de detección de sustancias estupefacientes. Tras escuchar la versión de los afectados, los agentes les recomendaron que presentaran una denuncia en la comisaría. Fue después de interponerla cuando la Policía Nacional elaboró el atestado para posteriormente localizar y detener al autor de los hechos para su pase a disposición judicial. 

Mientras que las fuentes de la Guardia Civil consultadas aseguran que su actuación se limitó a una “intervención de seguridad ciudadana”, consistente en prestar auxilio a la ambulancia y retener al conductor hasta la llegada del cuerpo de seguridad con competencias en la zona, desde la Policía Nacional no han ofrecido ninguna explicación alegando que se trata de un expediente ya cerrado y con sentencia firme.

Sin ambulancia más de cuatro horas

La ambulancia sanitarizada permaneció más de cuatro horas inoperativa (desde las 13.50 hasta las 18.00 horas) por este incidente y la emergencia en la Clínica Bandama tuvo que ser cubierta por otra unidad reclamada desde la base del municipio de Telde.

Los afectados han sido asistidos jurídicamente por el sindicato UGT. El responsable de transporte sanitario de esta central, Iván Amador, lamenta que la sala del 1-1-2 tardara 45 minutos en “dar solución a un posible acto de agresión hacia personal sanitario”, que la empresa prestataria del servicio no ofreciera sus servicios jurídicos a los profesionales y que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad “no acudieran a testificar en un juicio a un conductor violento con antecedentes penales”.

Para Amador, situaciones como la ocurrida el pasado 9 de febrero demuestran la situación de “desamparo legal” en la que se encuentran los trabajadores de las ambulancias debido a su situación laboral y al modelo de gestión del transporte sanitario en las Islas, en el que ejercen a través de las empresas a las que la sociedad pública Gestión para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC), responsable de la sala 1-1-2, subcontrata el servicio. “Lo más lamentable es que sufren el corporativismo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dejando desvalidos a los profesionales”, señala. El representante sindical sostiene que los afectados no fueron solo los trabajadores, sino también una paciente “a la que no se le pudo prestar el servicio como estaba asignado debido a esta situación dantesca”.

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