El Seprona denuncia una obra ilegal de una concejala tránsfuga en Guía

El Seprona ha denunciado que una concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Santa María de Guía ha llevado a cabo una obra ilegalizable. Leticia García es una concejal no adscrita en el Consistorio grancanario, después de que el 6 de octubre de 2020 renunciara a sus competencias en el área de Medio Ambiente en el grupo de gobierno de Juntos por Guía-Nueva Canarias. Una patrullera de vigilancia del cuerpo de la Guardia Civil localizó el pasado 20 de enero a un grupo de trabajadores realizando obras en una edificación ubicada en una zona rural del municipio, en San Juan. Los agentes se acercaron a la cuadrilla para indagar si las actuaciones contaban con los títulos habilitantes pertinentes. La empresa de construcción reconoció carecer de documentación y derivó a los agentes a la promotora: Leticia García.

Al día siguiente, el 21 de enero de 2022, el Seprona contactó con García, quien reconoció que carecía de títulos habilitantes que avalaran la legalidad de las obras. En concreto, se trata de un viejo cuarto de aperos que figura desde 1962 en la documentación cartográfica de Grafcan, del Gobierno de Canarias. Era una infraestructura de una sola planta de unos 64 metros cuadrados (m2), con una terraza cubierta de 28 m2 y una plataforma exterior de 30 m2. Sobre esta obra no consta ningún expediente ni licencia original y tampoco está incluida en el catálogo arquitectónico y etnográfico del Plan General de Ordenación de Santa María de Guía.

El Seprona detectó con una inspección in situ y con un trabajo fotográfico que se estaba realizando una ampliación “muy evidente” de la altura y la superficie del inmueble, constatando que el viejo cuarto de aperos se encontraba envuelto entre los nuevos bloques de construcción. Se estaba reformando el interior de la infraestructura principal y ejecutando una nueva planta más elevada que la original. La terraza cubierta y la plataforma exterior se demolieron y se edificaron nuevas dimensiones acorde al inmueble central.

Todo ello, sobre un suelo rústico de protección agraria, según el Plan General de Ordenación urbanístico, en el que solo están permitidos usos compatibles con la agricultura. En base a la Ley del Suelo y los Espacios Naturales, el inmueble está fuera de ordenación. En esta norma se indica que, en este tipo de infraestructuras, solo podrán ejecutarse obras de reparación y conservación para garantizar la habitabilidad o accesibilidad, además de para adaptarlo al uso previsto. Pero en ningún caso pueden suponer un incremento de la superficie o altura de la edificación original. Y el decreto de Intervención y Protección de la Legalidad Urbanística de Canarias exige que estén sujetas a licencia todas las obras de ampliación de cualquier clase de construcción existente.

Tras sus pesquisas, el Seprona consideró que las actuaciones podían “constituir infracciones” y comunicó a García que serían puestos en conocimiento de la autoridad competente. Este periódico ha intentado ponerse en en contacto con Leticia García para conocer su versión de los hechos, pero no ha respondido.