El TSJC no deja lugar a dudas: Salatín es la empresa matriz de 'La Gaceta de Canarias'
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado parcialmente el recurso de súplica presentado por seis ex trabajadores de La Gaceta de Canarias, que reclamaron a Medios Informativos de Canarias S.A. (MICSA) y a Periódicos y Ediciones de las Islas Canarias S.L, el pago de una indemnización por vulneración de la tutela de sus derechos fundamentales, indemnización que el Alto Tribunal hace extensible a Salatín S.L. De esta forma, el TSJC establece que Periódicos y Ediciones pertenece al grupo de empresas Salatín, algo que había negado en primera instancia un juzgado de lo Social.
El juzgado de lo Social número 6 de Santa Cruz de Tenerife dictó el 31 de octubre de 2008 una sentencia por la que reconocía que tanto MICSA como Periódicos y Ediciones de las Islas Canarias S.L. habían vulnerado el derecho a libertad sindical de los seis demandantes, ex miembros del comité de empresa, por no haberles informado de la sucesión patronal habida de MICSA a Salatín.
Esto supuso, según ese primer fallo, que “no han cumplido con el deber de información al comité de empresa y a los representantes sindicales existentes, y ello constituye un acto lesivo al derecho fundamental a la libertad sindical, reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución Española, al mermar la capacidad de control, oposición e información al resto de los trabajadores en el seno de la empresa”.
Pese a este reconocimiento, el juez no consideró que hubiese lugar a indemnización alguna (tres demandantes pedían 18.000 euros y los otros tres, 20.000), y absolvió a Salatín y a Unedisa (distribuidora de El Mundo junto con La Gaceta), de tener que ser copartícipes de la misma. En otras palabras, desligó a Salatín de Periódicos y Ediciones de Las Islas Canarias, como si fuesen empresas independientes, lo que ahora ha corregido el TSJC, aunque rebaja la cuantificación del daño a 1.600 euros a cada uno de los seis afectados.
La subrepticia penetración de Salatín
En la sentencia del Tribunal, de la que es ponente el magistrado Antonio Doreste Armas, se detalla la triste historia reciente de La Gaceta de Canarias, desde 2001 hasta 2008, descrita en dos expedientes de la Inspección de Trabajo. Tres de los demandantes fueron despedidos el 22 de febrero de 2008 y los tres restantes, el 17 de marzo de ese año. “MICSA sufre durante muchos años una crisis empresarial y económica que se ve agravada a lo largo del año 2007, fecha en que se observa una progresiva y ”subrepticia“ penetración de Salatín S.L en la dirección y gestión de la empresa”, dice el fallo.
Jesús Martínez Vázquez, que tenía un 40% de las acciones de MICSA, vendió la mitad a Salatín en contrato privado el 11 de junio de 2004. Antes, entre enero y abril de ese año, los demandantes cobraron sus nóminas de Salatín S.L. En septiembre de 2007, Domingo Peña Suárez fue nombrado apoderado de MICSA, y en octubre dirigió una carta al comité de empresa, en calidad de director de MICSA, para referirse a problemas laborales y a la incorporación de un nuevo socio.
El 3 de noviembre de 2007 Jesús Martínez Vázquez apareció en la mancheta de La Gaceta como su presidente. Al día siguiente, 4 de noviembre, apareció como nuevo director Joaquín Catalán Ramos, mientras MICSA se mantuvo como editora. Por primera vez fue publicado el nombre de Elena Rodríguez Darias como adjunta a la Dirección. Elena Rodríguez era hasta entonces administradora de Salatín.
Pocos días después del nombramiento de Joaquín Catalán como director, Domingo Peña se dirigió a los trabajadores de La Gaceta para explicarles que “a partir de aquí, nuestra labor como Grupo Salatín es apoyar el proyecto (la edición conjunta de La Gaceta y El Mundo) y acompañarle en las decisiones que tome como director del periódico Joaquín Catalán, y la segunda parte es que a partir de ahí nosotros estaremos en segundo plano. Joaquín Catalán es el responsable del periódico pero nosotros, como grupo, estaremos siempre abiertos a cualquier problema que surja en la compañía?”. En diciembre, Domingo Peña dejó de ser el apoderado para asumir ese cargo Fernando Peña, quien en un artículo de opinión de 2008 firmó como presidente de La Gaceta de Canarias.
Dos empresas superpuestas
En medio de esta situación de degradación de las relaciones entre trabajadores y las, hasta entonces, dos empresas editoras, una superpuesta a la otra, MICSA fijó una junta extraordinaria para el cese de la sociedad, de la que no fue informado el comité de empresa.
En enero de 2008, MICSA arrendó a Periódicos y Ediciones de las Islas Canarias la cabecera del periódico. En febrero, MICSA dejó de figurar en la mancheta. Inspección de Trabajo realizó un informe en mayo de ese año en el que reflejaba que la sucesión empresarial se llevó a cabo “mediante un tracto directo sin solución de continuidad, elementos exigidos por la jurisprudencia para la concurrencia de lo prescrito por el artículo 44 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores”.
Ese mismo mes, la Dirección de La Gaceta (Joaquín Catalán) dijo a los trabajadores de MICSA que si querían continuar en el periódico debían darse de baja voluntariamente para ser nuevamente contratados por Periódicos y Ediciones de las Islas Canarias S.L.U. A cambio del puesto de trabajo debían renunciar a la antigüedad, a lo que se negaron los trabajadores.
En la sentencia, el TSJC recalca que Salatín es la empresa matriz de Periódicos y Ediciones de las Islas Canarias, no ya sólo por todos los elementos fácticos descritos, sino porque, además, se dio confusión de plantillas y de patrimonios, ya que unas nóminas las abonó MICSA y otras las abonó Salatín. También se refleja que Periódicos y Ediciones es la sucesora de Salatín Servicios y que, por tanto, deben indemnizar a los despedidos, de forma solidaria, por los daños morales.
