El Supremo abre causa al senador Pedro Sanginés por presentar una denuncia falsa cuando presidía el Cabildo de Lanzarote

El Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra Pedro Manuel Sanginés, senador de Coalición Canaria, por presentar una denuncia falsa cuando era presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. La Sala de lo Penal se hace con una causa en la que la Fiscalía ha llegado a pedir un año y medio de cárcel para él por falso testimonio.

Sanginés está acusado de acudir en 2009 a dependencias policiales de Costa Teguise y denunciar unas irregularidades en un proceso público de contratación. Unos hechos que, según la Fiscalía, eran falsos: actuó “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma” y ratificó sus mentiras, según la Fiscalía, en sede judicial después de jurar o prometer decir la verdad.

Ese día, en comisaría, apuntó a un empresario del sector de las reformas como responsable de esas supuestas irregularidades. Un juzgado de Arrecife abrió una causa y el hoy senador ratificó en sede judicial, obligado a decir verdad como testigo, su versión de los hechos. Lo hizo, dice la Fiscalía, “faltando a la verdad objetiva”. Volvió a hacer lo mismo ocho años más tarde, en octubre de 2019, manteniendo sus imputaciones.

Esa causa se terminó archivando en noviembre de ese año, y entonces las actuaciones se dirigieron contra él. La Fiscalía pide un año y medio de prisión para él.

Coalición Canaria tomó en julio del año pasado la decisión de nombrar a Sanginés como senador de la comunidad autónoma pese a estar investigado en el llamado caso Minutas. De esta manera seguía los mismos pasos que el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo,  que también se aforó durante la pasada legislatura para afrontar las causas judiciales por las que permaneció imputado, los casos Grúas y Reparos, ambos archivados por el alto tribunal sin que fuera citado a declarar. 

Sanginés está investigado en ese caso por la presunta comisión de hasta seis delitos (pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios) vinculados a los contratos y honorarios pagados durante su etapa en la corporación insular a un abogado amigo, Ignacio Calatayud, imputado en la misma causa.

Dicha causa trata de dilucidar si Calatayud y Sanginés actuaron en connivencia para que el abogado se apropiara de “ingentes cantidades de dinero” del erario público aprovechándose de su amistad con el entonces presidente del Cabildo de Lanzarote. Las diligencias se abrieron hace dos años. El Consorcio Insular del Agua y la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), ambas dependientes del Cabildo, decidieron iniciar acciones judiciales para recuperar las cantidades que, a su juicio, los imputados sustrajeron a las arcas públicas a través de las contrataciones del letrado durante el concurso de acreedores de la sociedad encargada de la gestión del agua en la isla. En concreto, se habría apropiado de más de 800.000 euros en concepto de costas judiciales

Sanginés anunció en noviembre de 2022 que se retiraba de la primera línea política y que no repetiría como candidato al Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, en las elecciones del 28 de mayo hizo doblete, concurriendo en las listas de CC al Ayuntamiento de Arrecife y también al Parlamento por la isla de Lanzarote. Unos días después de ser elegido, renunció a su acta como concejal en la capital de la isla, quedándose como diputado en la Cámara regional. 

No es el único senador de Coalición Canaria que se encuentra investigado. El pasado 8 de enero, el Tribunal Supremo decidía asumir una causa contra Javier Armas, senador por El Hierro y de la Agrupación Herreña Independiente (aliada al partido de Fernando Clavijo), por posibles delitos medioambientales cometidos cuando era alto cargo en el Cabildo de la isla. Se trata de una causa en la que la Fiscalía, antes de que fuera designado senador y, por tanto, quedara aforado ante el alto tribunal, llegó a pedir hasta 11 años de cárcel por consentir la actividad de tres vertederos ilegales en la Isla.