La alcaldesa de La Guancha, imputada por un presunto delito de prevaricación
La alcaldesa de La Guancha, Elena Luis Domínguez, ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación urbanística por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Icod de los Vinos. Es la segunda vez que Elena Luis es imputada, dado que ya lo fue por una obra en una carretera que se hizo en suelo de protección agraria y con finalidad privativa para solucionar un conflicto familiar entre la madre de Aracely Socas (teniente de alcalde) y la suegra de Antonio Hernández (portavoz del PP), hermana de la otra mujer.
En una nota remitida por el PSOE se explica que la actual imputación, generada a partir de la denuncia del Grupo Municipal Socialista, recae sobre la regidora guanchera una vez que su compañero José Regalado Álvarez llevó a cabo unas obras urbanísticas en un inmueble en 2007, aprovechándose de su cargo de teniente de alcalde que ostentaba cuando se ejecutó la obra, y que afectaban al PGO del municipio.
La declaración de estas acciones como “obra menor” no se ajustaban a la legalidad, y en la propia providencia del juez se indica que “esas obras eran manifiestamente no autorizables para el nivel de protección del inmueble, según los propios datos que ya constaban en el expediente municipal a la hora de informar por los técnicos y resolver por la alcaldesa, máxime cuando la salvaguarda del valor patrimonial histórico del edificio corresponde a la propia corporación local”.
De esta manera, y según se recoge en la nota del PSOE, la alcaldesa prevarica al hacer “vista gorda” de los extremos legales, omitir y no paralizar la obra manifiestamente ilegal, sino incoar y resolver cualquier tipo de expediente sancionador contra el infractor, incluso habiendo sido requerida por la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo.
“Es una evidencia que en La Guancha prevalece la ley del oeste, la ley de los caciques”, indica el portavoz socialista, Roberto Méndez, que agrega: “La señora alcaldesa maneja los expedientes urbanísticos según sea la persona que lo solicita, al menos desde 2007, y esta imputación es la prueba de ello. Incluso con los informes en contra de la Unidad de Patrimonio del Cabildo, se hacen oídos sordos y se sigue adelante con una obra ilegal por amiguismo o cercanía a su promotor, que para más despropósito también formaba parte del grupo de Gobierno. Si esto no es un claro ejemplo de corrupción que alguien de CC lo explique con detenimiento”.
