El Ayuntamiento de La Laguna gasta 600.000 euros en un reglamento de centros ciudadanos
Una sesión plenaria lenta (y que se acabaría prolongando hasta las 22:00 horas), después de un pleno extraordinario, sucediéndose temas sin demasiada enjundia. En esas estaba en la tarde de este jueves la casa consistorial lagunera cuando saltó la sorpresa. Un tanto molesto tras los discursos vecinales, el primer teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana, Javier Abreu, se arrancó con la que sería la intervención del día. “Un reglamento que ha costado 600.000 euros”, dijo entre una frase y otra en referencia al Reglamento Regulador del Uso y Gestión de los Centros Ciudadanos del Municipio. La reacción del público fue de lo más elocuente: “¡Oooohhh!”.
Terminada la alocución de Abreu, Juan Ignacio Viciana (SxTF-Equo) y Pedro Suárez (PP) aprovecharon su turno de palabra para preguntarle al edil socialista por esa cantidad. Después de una respuesta en la que indicó que había habido transparencia, más preguntas por los 600.000 euros (del ecosocialista Juan Miguel Mena, otra vez de Viciana y de su compañero de formación Santiago Pérez). Al final, el portavoz del PSC de La Laguna quedó en que le facilitaría el expediente a todos los grupos para que lo puedan analizar.
“Si el representante de La Verdellada quiere jugar a política, que se quite la careta”, señaló Javier Abreu en un receso del pleno. Sus palabras respondían a las manifestaciones de Moisés Afonso, que, en representación de la Unión Verdeña, se había mostrado crítico con el texto. En concreto, el joven dirigente vecinal había planteado que los centros ciudadanos deben ser infraestructuras públicas y autogestionadas, y que no se pueden cerrar las puertas a las especificidades de cada zona. Y agregó el rechazo de este colectivo a la introducción de artículos no pactados en ese documento, así como que presentarán recursos si no ven cumplidas sus expectativas. También intervinieron Francisco Haro (FAV Aguere), Francisco Barreto (Asociación de Vecinos San Román, del barrio de La Candelaria) y Justo Reyes (Asociación de Vecinos La Atalaya, del Camino del Tornero).
El responsable de Participación Ciudadana, además de apuntar el costo del Reglamento (que se acabaría aprobando por unanimidad, si bien quedan aspectos por ultimar), también afirmó que todo se ha hecho por consenso. A ello añadió que las cantinas de los centros ciudadanos –otra de las cuestiones que se habían tocado en las aportaciones vecinales– se tienen que legalizar, toda vez que llegan a ser una “competencia desleal” para algunos empresarios del municipio.
