SSP y SxTF-Equo se personan como acusación popular en los casos de las grúas
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, Sí se Puede (SSP) y SxTF-Equo, se han personado como acusación popular en los dos procesos judiciales abiertos en relación con el servicio de grúas del municipio: la presunta apropiación indebida de piezas de los vehículos en el depósito y la compraventa de la empresa concesionaria del servicio y sus circunstancias.
Nacho Viciana y Juan Miguel Mena explicaron que, si la apropiación de piezas ha existido, será fácil de probar porque existe un registro fotográfico del estado de los vehículos a la llegada. Y añadieron que el Gobierno municipal no puede eludir su responsabilidad en este asunto porque, como comunicó Antonio Pérez-Godiño a la empresa, la guardia y custodia de los vehículos corresponde al Ayuntamiento.
Los concejales de la oposición señalaron que el pliego de condiciones exige la autorización expresa municipal para ceder los derechos de la concesión, a lo que han agregado que no tienen constancia de que esta se haya producido; pero, más allá de eso, “hay que investigar las circunstancias de esta compraventa”.
En este sentido, apuntaron en una nota, el anterior propietario de Autogrúas Poli declaró ante la Guardia Civil que el Ayuntamiento retrasaba voluntariamente los pagos para asfixiarlo económicamente; que cuando se quejó ante el concejal de Hacienda, Juan Antonio Alonso, este le dijo que había gente que le quería comprar la empresa, o que el alcalde, Fernando Clavijo, se enfadó en una ocasión con él y le dijo que no contratara empleados sin consultárselo previamente.
Además, añadieron que el dueño anterior afirmó que le obligaron a hacer una serie de obras a las que no estaba obligado y que, además, pagó un sobreprecio por ellas; que cuando vendió la empresa se le adeudaban 200.000 euros que se le abonaron después a los compradores; que hay vínculos personales entre los compradores y miembros del equipo de Gobierno, y que, posteriormente a la venta, los pagos sí se realizaron puntualmente.
Los concejales no entienden que en este contexto: sin tarjeta de transporte durante mucho tiempo, con 10 nóminas pendientes de pago a los trabajadores, con la empresa intervenida por el Ayuntamiento, el Gobierno municipal haya decidido prorrogar cinco años la concesión sin que se sepa muy bien por qué.
Sí se Puede y SxTF-Equo manifestaron que se han personado como acusación popular “porque tenemos la sensación de que en este asunto el Gobierno municipal de CC-PSOE está pensando más en el interés de los nuevos propietarios que se hicieron con la empresa de las grúas que en el interés general”.
