El Viera y Clavijo… ¿A empezar de nuevo?

El Parque Cultural Viera y Clavijo en Santa Cruz de Tenerife es paradigma del patrimonio histórico chicharrero y símbolo del maltrato institucional sufrido en tan valioso espacio urbano durante los últimos años, a manos de los gestores municipales de Coalición Canaria y, lo que es más grave, bajo la nociva presidencia de la misma formación política en el Gobierno autonómico, que, en connivencia con el Consistorio, incurrió en un presunto delito de “expolio de patrimonio por la Administración” -así tipificado en el Código Penal- por abandono doloso de un BIC, Bien de Interés Cultural declarado Monumento, un edificio neogótico (1902) que fue antiguo colegio de la Asunción. La capilla anexa es de la misma entidad arquitectónica y sus vidrieras son de incalculable valor patrimonial. Y el antiguo teatro Pérez Minik, integrado en el conjunto protegido por la Ley Canaria de Protección del Patrimonio Histórico.

En 2004 (adenda 2006) se procedió a la cesión del enclave histórico por el Ayuntamiento a favor del Gobierno de Canarias, contrato donde figuraban derechos de usufructo y explotación, así como obligaciones de conservación, mantenimiento y restauración de las instalaciones.

Tras una ostentosa ceremonia de presentación y parafernalia mediática del proyecto previsto, con triunfalistas discursos de los entonces líderes de ambas instituciones, todos del mismo color político, al día siguiente aquello se cerró a cal y canto.

Se incumplió flagrantemente el contrato del convenio de cesión. Los 5.900.000 euros previstos para los primeros retoques se desviaron de un plumazo para la rehabilitación del teatro Guiniguada de Las Palmas, culminada con éxito. Aparte, sigue en la zona oscura, la millonaria indemnización que hubo que pagar a la empresa constructora contratada para las obras de reparación y acondicionamiento, que fueron subrepticiamente canceladas tras iniciarse con derribos previos, como la cubierta del teatro Pérez Minik, las escaleras de acceso y otras lindezas que dejaron una especie de imagen posbélica en unos edificios que, una vez abandonados, fueron invadidos por okupas, entonces de muy alto riesgo.

El recinto estaba vallado y sin acceso visual a lo que había y sucedía dentro. Por una casualidad, se descubrieron indicios sospechosos -finales del año 2011- desde una perspectiva muy limitada, a nivel de ciudadanía de a pie. Al ir profundizando en la adquisición de conocimientos, se pudo acceder a la verdadera gravedad de una gestión deplorable. Se inició una movilización popular bajo los auspicios de la plataforma reivindicativa: Asociación Viera y Clavijo, en la que al amparo de la Ley de Participación Ciudadana se propuso, aparte de exigir responsabilidades, ofrecer, sin ánimo de lucro, soluciones al problema planteado con el único objetivo de evitar la ruina de esta joya de nuestro patrimonio urbano.

Por desgracia, este activismo desinteresado y gratuito se convirtió en adversario de las instituciones oficiales. Quizá por dejar en evidencia la desidia de los responsables y su desinterés por proteger los derechos ciudadanos.

No obstante, se obtuvieron logros puntuales, insuficientes pero escalones válidos hacia el objetivo final de la rehabilitación total. Se empezó con la restauración de las esculturas del parque mancilladas por el vandalismo callejero, impune y consentido por las autoridades. Hubo que recurrir a la Fundación Joan Miró para que la trascendencia mediática obligara a la restauración de su Femme bouteille. Igual con El devorador de pájaros de Christian Salvain; el busto pintarrajeado del maestro Tarridas; o la propia escultura degollada de Viera y Clavijo. Se erradicaron las grotescas pintadas de la tapia del paseo de Asuncionistas, así como los desvencijados murales de grafitis que jalonaban la avenida San Sebastián hasta casi el Hotel Escuela.

Tras ardua presión de varios años se consiguió al fin que el Ayuntamiento eliminase las vallas publicitarias de paneles móviles en la fachada principal de un BIC, taxativamente prohibidas por la Ley Canaria de Protección del Patrimonio y, lo que es más significativo, por la propia Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano.

El éxito más reseñable de nuestra actividad reivindicativa fue evitar la demolición del inmueble que la ínclita consejera de entonces, doña Inés Rojas, pretendió ejecutar en el Pérez Minik. Anunciado en prensa el propósito de destrucción, nadie se inmutó ni movió un dedo para parar los pies a esta señora. La pasividad del alcalde y el consentimiento tácito del gobierno de turno nos indujo a acudir a Fiscalía y denunciar la barbaridad en curso.

Gracias a la eficacia de la Guardia Civil y a la diligencia del Seprona, se consiguió cortar en seco dicha iniciativa. El auto de sobreseimiento, puesto que no se había llegado a cometer el delito, contemplaba la advertencia de que, si llegan a meter la pala en un BIC, varios de los responsables hubiesen incurrido en penas de cárcel, multas e inhabilitaciones varias. Por casos como este debiera respetarse más la participación ciudadana.

En las dos legislaturas fallidas del señor Bermúdez, su fracasada gestión sobre el patrimonio histórico y cultural, por correlación, trasciende al resto. Una ciudad esplendorosa que se ha venido abajo, sucia, decrépita, abandonada, asolada por plagas nocivas… ha dejado todos los problemas sin resolver. Al menos no seguirá otros cuatro años diciendo que hace sin hacer nada.

La gran preocupación ante la nueva perspectiva, que podía ser ilusionante, es la desconfianza por el riesgo de meternos en guatepeor. Los 100 días de moratoria no tienen sentido. Si se cobra por lo que se hace o debe hacerse, desde el principio hay que responder por el trabajo bien hecho. De momento no aparecen movimientos esperanzadores. Ahora hay 10 millones de euros recién asignados a la rehabilitación, no sea cosa que también se desvíen a otros menesteres.

Atención muy especial a dos áreas muy comprometidas: Asuntos Sociales y Patrimonio. Para gestionar la primera, se necesita una buena preparación, conocimientos técnicos, capacidad psicológica y formación cívica. Pero es imprescindible un mínimo de sensibilidad humanitaria. Pues si falla la empatía, el fracaso está servido, como tal ha sucedido en las dos legislaturas anteriores con las concejalías y consejerías al respecto.

Del mismo modo, para la gestión del patrimonio, es necesaria la preparación técnica y la sabiduría intelectual suficiente para conocer qué se tiene en las manos. Pero, al modo de lo anterior, es imprescindible un mínimo de sensibilidad cultural y formación humanística para actuar con éxito. Las carencias por dar prioridad a las poltronas conducen al fracaso.