Zerolo declarará este lunes en el Supremo por el presunto soborno del caso Fórum
El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo declarará este lunes en el Tribunal Supremo por el denominado caso Fórum, un presunto soborno en una recalificación urbanística en 2004, cuando era alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
El Tribunal Supremo anunció en febrero pasado que investigaría al senador Miguel Zerolo, de Coalición Canaria (CC), por los indicios que dos juzgados habían encontrado de que al parecer pudo recibir sobornos de forma directa o por medio de familiares a cambio de autorizar como alcalde una recalificación urbanística.
En un auto hecho público el 10 de febrero de este año, el Tribunal Supremo se declaró competente para asumir la instrucción de esos hechos, que pueden constituir un delito de cohecho.
Los hechos se derivan de las indagaciones realizadas por la Audiencia Nacional y por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de una serie de documentos incautados en un registro a la sede de Fórum Filatélico.
Este es el tercer caso que en el Tribunal Supremo se ha abierto contra Miguel Zerolo, senador por designación del Parlamento de Canarias, por su gestión al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (1995-2011).
Según el Tribunal Supremo, los documentos incautados hace ocho años por el Juzgado Central de Instrucción número 5 al registrar la sede de Fórum Filatélico ponen de manifiesto posibles delitos en operaciones inmobiliarias en Santa Cruz de Tenerife.
Uno de ellos se refiere a la concesión administrativa para construir el nuevo muelle deportivo de Puerto de La Cruz y otro, el que implica a Zerolo y a otras personas no aforadas, a una recalificación de parcelas en el Valle de Tahodio.
Entre esos documentos, el Juzgado Central número 5 halló una “nota confidencial de pagos” comprometidos por la empresa Parque Marítimo Anaga (PMA) a varias personas, con estos presuntos compromisos: a Miguel Zerolo, una aportación de tres millones de euros “a la formación política que representa”, y al entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Luis Suárez Trenor, “el 50 % de las obras a ejecutar” por parte del puerto.
También se describe el supuesto compromiso de pagar 60.000 euros al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga y 30.000 euros anuales a la asesora urbanística Herminia Gil.
