El alcalde de Santa Cruz privatiza el puesto de director general de Seguridad Ciudadana del municipio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobará este viernes en Pleno la “apertura al sector privado del puesto de director/a general de Seguridad Ciudadana”, según se recoge en el punto 8 del orden del día, donde el equipo de gobierno ratificará la decisión adoptada el martes en Comisión.

Los concejales de Coalición Canaria, Partido Popular y la edil no adscrita Evelyn Alonso, apuestan por privatizar el puesto directivo de carácter público, en un ramo considerado servicio público esencial, u que trabaja sobre los conceptos de seguridad y autoridad. La oposición, conformada por PSOE, Unidas Podemos y Matilde Zambudio, concejala de Ciudadanos, rechaza esta medida impulsada por el alcalde nacionalista José Manuel Bermúdez, que cuenta también con el malestar de los sindicatos representados en el Cuerpo municipal local. Lo previsto es que la nueva mayoría inicie el proceso en un plenario donde dominan por 14 votos contra 13.

Cierto es que abrir un puesto directivo de libre designación al sector privado no es algo nuevo en el Ayuntamiento capitalino, y con carácter excepcional y justificada necesidad se han dado casos, como el del adjunto a la Dirección General de Servicios Jurídicos, el abogado Ruymán Torres, contratado durante el mandato de la socialista Patricia Hernández, estratega jurídico del plan por el que las arcas municipales recuperaron los 97 millones de euros malversados en el caso Las Teresitas. Cesado después por Bermúdez.

Una contratación y otra no tienen comparación, expresan los discrepantes.

José Ángel Martín, portavoz del grupo municipal socialista en la Corporación, niega la oportunidad, sentido y justificación de la decisión y teme que esa vinculación de lo privado en lo público en este campo provoque “choques de intereses” y “problemas de competencia”, en un sector “muy sensible”. Entiende también que la medida implica “una falta de confianza sobre la capacidad” del funcionariado. Sospecha, además, que este “camino privatizador” del actual equipo de gobierno pueda “marcar tendencia”.

Con todo, la propuesta de privatización de la dirección del área de Seguridad municipal coincide con la saturación de trabajo y frustración de los agentes de un Cuerpo infradotado, lo que alimenta el malestar policial, según manifiesta alguno de los portavoces de las centrales sindicales representadas en la Policía Local, cuestión sobre la que Martín muestra “su comprensión y apoyo a las reivindicaciones” de los agentes.

Estos sindicatos comunicaban ayer la imposibilidad de continuar prestando los servicios de refuerzo, ni garantizar los niveles de seguridad requeridos. “Es impensable poder atender las demandas ciudadanas ”y menos con un mínimo de calidad“, subrayaron en el comunicado. A día de hoy, Santa Cruz necesita un 50% más de agentes de los existentes para llegar apenas al ratio de 2,1 policías por cada mil habitantes, establecido en el desfasado decreto 75/2003, que fija las normas marco y otras normas de Coordinación de Policías Locales de Canarias. Algo más de 300 efectivos, lejos de los alrededores de 500 efectivos que serían necesarios.

Sindicatos y PSOE coinciden al calificar como “demostración de incapacidad”. Un portavoz policial recalca que no es creíble acudir al sector privado como supuesta solución de “problemas de años sobre los que no ha existido voluntad real de afrontarlos”. Puestos sin cubrir, problemas de organización, bajas, vacaciones o expedientes disciplinarios son algunos de los pendientes de una plantilla que se siente “agotada”, apostilla.

En la actualidad, la Dirección General de Seguridad Ciudadana está cubierta, de manera provisional, por el director general de Gestión Presupuestaria, Contratación y Patrimonio, Francisco Sánchez Pérez, que simultanea cargos. El anterior responsable de Seguridad en el municipio, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, fue removido de su puesto --al igual que ocurrió con Ruymán Torres- en lo que fue una de las primeras decisiones adoptadas por el alcalde tras recuperar el bastón de mando municipal, vía moción de censura, el pasado mes de julio. En el mismo paquete se anota el cese del director general de Recursos Humanos, José Manuel Dorta Delgado, también vacante, departamento que resulta básico también en lo que se refiere a las demandas de los policías.