El Cabildo de Tenerife echa de la Bodega Insular a sus actuales moradores y deja en el aire el futuro de 300 viticultores

El Cabildo de Tenerife, que preside Rosa Dávila, de CC, en un pacto con el PP y al frente de cuya área insular de Sector Primario está el popular Valentín González, ha adoptado la decisión, en el transcurso de la celebración de la Comisión de Gobierno insular del pasado 29 de diciembre, de cancelar la concesión administrativa de las instalaciones agroindustriales de Bodega Insular de Tacoronte, de su íntegra propiedad, a la empresa mixta (con participación público-privada) denominada Bodegas Insulares de Tenerife, SA (BITSA), una entidad mercantil en la que actualmente el propio Cabildo controla el 45,66% de su capital social, aunque la mayoría de las acciones está en manos de la parte privada, que es la que lleva la gestión de la organización.

El acuerdo, que no había sido trasladado a los medios de comunicación dentro del bloque de decisiones adoptados en esa misma Comisión de Gobierno, supone, según su propio literal, “no prorrogar el plazo establecido para la utilización de las instalaciones de la Bodega Insular de Tacoronte, propiedad de esta Corporación insular, por parte de la entidad Bodegas Insulares de Tenerife, SA [la de la marca Viña Norte, entre otras], para la gestión de la actividad económica de elaboración, embotellado y venta del vino procedente de la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo, en virtud de lo adoptado por el Consejo de Gobierno insular el 7 de noviembre de 2005” y otros acuerdos posteriores. La última prórroga aprobada de 10 años se otorgó el 28 de junio de 2014, hasta el 31 de diciembre de 2023.

El acuerdo del 29 de diciembre pasado (2023) concede a la citada entidad mercantil, también del Cabildo insular, “para no causar menoscabo alguno al sector vitivinícola de la comarca, un plazo de nueve meses para dar continuidad a la actividad económica de referencia”; esto es, para que se pueda hacer la campaña de recogida de la uva de 2024, lo que es en parte dudoso: quizás sí la vendimia, el almacenamiento de uva y el depósito del mosto, pero no la vinificación completa, lo cual no cobra mucho sentido.

La decisión in extremis del Cabildo deja en el aire el futuro más inmediato de cientos de agricultores de uva de vinificación en la comarca, donde existe la denominación de origen protegida (DOP) Tacoronte-Acentejo, la primera de toda Canarias, con nacimiento en 1992, y en otras zonas de Tenerife y el archipiélago, al haber abierto esa sociedad de transformación, con el visto bueno del Cabildo, la posibilidad de comercializar vinos con DOP Islas Canarias, lo que implica que se puede comprar uva certificada dentro de otras DOP isleñas a los vitivinicultores; eso sí, solo para hacer vinos con esa otra contraetiqueta de calidad.

Tal y como se recoge en el acuerdo del Consejo de Gobierno ya reseñado, la primera estocada se produce cuando los servicios de Competencia de la Comisión Europea (de la UE), previa denuncia formuladas desde las islas por supuesta competencia desleal por parte de esa sociedad mixta, una entidad muy apoyada con dinero público del Cabildo (su niña bonita en el sector, podemos decir), lanza un ultimátum a la Corporación insular. 

Ocurre el 25 de marzo de 2022, cuando la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea, tras haber recibido una denuncia por posible ayuda pública ilegal a favor de la empresa BITSA, “emite informe en el que invita a las autoridades españolas a modificar el contrato existente entre el Cabildo de Tenerife y BITSA, con el fin de establecer un canon anual real a pagar por esta última entidad a la Corporación insular”; esto es, “proporcional al valor de los bienes puestos a disposición y comparable al precio pagado en el mercado, lo que terminaría con la posible incompatibilidad de la medida a favor de la empresa. Todo ello con el fin de evitar abrir un procedimiento formal contra el Reino de España, de conformidad con el artículo 108.2 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea”.

Tras esa comunicación formal, hay muchos pasos administrativos y el Cabildo se pone a la tarea para terminar concretando que el canon justo que debe pagar en adelante la sociedad mixta BITSA tiene que alcanzar la cantidad anual de 159.477 euros, el 6% del valor de los bienes totales, que, según la tasación encargada, se sitúan en la cifra de 2,6 millones de euros, lo que se notifica a la empresa que utiliza las instalaciones, BITSA, el 12 de diciembre de 2023.

Luego, es el 26 de diciembre de 2023 cuando se presenta antes instancias del Cabildo el escrito firmado por el representante de la entidad Bodegas Insulares de Tenerife, el mismo en el que se comunica a la Corporación “la voluntad de prorrogar el mencionado contrato de gestión de la actividad” por diez años más, pero nada se dice de aceptar el pago del canon. Ya casi sin tiempo, el Consejo de Gobierno insular se reúne unos días después y decide dar la estocada mortal, lo que comunica ese mismo 29 de diciembre a la empresa actual de la concesión. Esa notificación solo lleva un regalo, aunque amargo, el de los nueve meses de margen concedidos para salir de donde siempre se ha estado. Es el fin de una historia que empezó allá por el año 1992.

La oposición socialista en el Cabildo habla de “atropello”

El grupo socialista en el Cabildo de Tenerife denunció este miércoles “el grave atropello que quiere cometer el Cabildo de Tenerife, con Rosa Dávila a la cabeza”, tras su decisión “de cerrar Bodegas Insulares de Tenerife”. Ello “supondrá la ruina de más de 300 viticultores de la zona y eliminar del mercado referencias históricas del vino de calidad en Canarias”, con marcas tan populares como Viña Norte, Brezal y otras, todas amparadas por la DOP Tacoronte-Acentejo, la más antigua de las islas.

“Por ese motivo”, prosigue el grupo liderado por Pedro Martín (también senador por la isla de Tenerife), “ante la urgencia de la situación creada, el PSOE en el Cabildo ha solicitado la comparecencia del consejero insular de Sector Primario, Valentín González, para que explique los motivos de la decisión y qué opciones dará a los productores”. Además, asegura el PSOE, “la decisión se toma en contra del acuerdo del consejo de administración de la entidad”, de la que el Cabildo de Tenerife es el socio con más acciones, el 45,66% del total.

Para el consejero socialista Javier Parrilla, ex responsable insular de Agricultura en el mandato anterior en el Cabildo (2019-23), la decisión supone “a corto plazo la destrucción del tejido productivo vitivinícola de la comarca Tacoronte-Acentejo, el abandono inmediato de terrenos y una traición a la viticultura de Tenerife”. También se da la circunstancia de que “el Cabildo de Tenerife no ha informado a la Mesa del Vino de su decisión ni de sus planes de futuro”.

El acuerdo oficial se adoptó el pasado 29 de diciembre, sin dar información a los medios de comunicación y con el siguiente texto, siempre según el PSOE: “Se acuerda no prorrogar el plazo establecido para la utilización de las instalaciones de la Bodega Insular de Tacoronte, propiedad de esta Corporación insular, por parte de la entidad Bodegas Insulares de Tenerife, SA (…)”.