Los colectivos contra Cuna del Alma dan dos días al Cabildo de Tenerife para parar las obras por ''irregularidades graves''

Colectivos ciudadanos y afectados por el proyecto turístico Cuna del Alma han exigido al Cabildo de Tenerife que paralice las obras en un plazo máximo de 48 horas. Los grupos, que ya interpusieron una denuncia penal contra el alcalde de Adeje y los promotores, han presentado este miércoles un escrito a la corporación insular y al Gobierno de Canarias. En él, alertan de las “numerosas irregularidades graves” detectadas en la construcción de estas 420 villas de lujo y piden una inspección técnica urgente por un equipo independiente. Además, han solicitado que abra un expediente sancionador al Ayuntamiento y a la empresa Segunda Casa Adeje S.L.

En el documento consultado por este periódico los colectivos recogen posibles irregularidades del proyecto y advierten al Cabildo de que si no atiende a sus peticiones, puede incurrir en “prevaricación administrativa por omisión”. Además, amenazan con ampliar la denuncia penal interpuesta el pasado 24 de julio ante el Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona y con recurrir a la Fiscalía Anticorrupción y a la Comisión Europea por una supuesta vulneración de la directiva europea sobre evaluación de impacto patrimonial.

Los colectivos Rebelión Científica Canarias, Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, Tagoror Permanente, La Gaveta 20A, la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje y el afectado directo por las expropiaciones Juan Francisco Galindo han pedido que el Cabildo emita un requerimiento formal a Adeje para que en 24 horas “suspenda toda licencia urbanística vinculada al proyecto” y aporte toda la documentación sobre autorizaciones concedidas.

El escrito hace referencia en primer lugar a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que obliga a los cabildos insulares a adoptar, en caso de urgencia, medidas cautelares para impedir actuaciones que puedan destruir el patrimonio cultural de Canarias. En esta línea, las obras de Cuna del Alma ya provocaron un daño “irreversible” en un yacimiento de la zona. El Gobierno autonómico abrió un expediente sancionador contra la promotora, que además incumplió la medida cautelar que ordenaba suspender las obras y continuó con las intervenciones “en un área protegida”.

El 9 de julio, el colectivo Tagoror Permanente de El Puertito de Adeje, constituido para informar “in situ sobre el avance destructor de las obras del macroproyecto”, dio traslado a la Dirección Insular de Patrimonio Histórico del hallazgo de más materiales arqueológicos relevantes como grabados guanches, cerámica indígena y otros restos que podrían corresponder a “antiguos usos habitacionales o rituales”. Sobre estos hallazgos recientes, los colectivos insisten en que el Cabildo está obligado a actuar de acuerdo con el Plan Parcial vigente, la Ley de Cabildos y la Ley de Patrimonio Cultural.

Por ello, los colectivos han pedido al Cabildo que emita en 72 horas un informe público detallado sobre todas las notificaciones de hallazgos que han recibido desde el inicio de las obras, qué medidas se han adoptado o la justificación si no se hubiera tomado ninguna, y las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento y la promotora sobre la afección patrimonial del proyecto.

Asimismo, han solicitado una inspección técnica urgente en un plazo máximo de cinco días por parte de un equipo multidisciplinar con la participación de arqueólogos, biólogos, juristas, de las universidades canarias, colectivos científicos y representantes de los denunciantes para “garantizar transparencia”. Además, piden que se designe a inspectores municipales para colaborar con la inspección del Cabildo.

Pocos minutos después de registrar el escrito en el área de Atención Ciudadana del Cabildo, los colectivos han sido citados por la Dirección Insular de Patrimonio.

La Junta de Compensación

Los colectivos también han denunciado las supuestas irregularidades en la creación y el funcionamiento de la Junta de Compensación. Según el escrito, el Ayuntamiento que dirige desde hace tres décadas José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) recurrió a una antigua junta de compensación urbanística “constituida en el siglo pasado y prácticamente inactiva durante más de dos décadas, en lugar de crear una nueva, como habría exigido la legislación vigente”.

De esta forma, indica el documento, “se evitaba pasar por los controles democráticos que marca la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como la aprobación pasando por el pleno municipal con informes jurídicos y técnicos, publicación oficial, plazos y exposición pública”. “La activación de una junta antigua, la ausencia deliberada de fiscalización y la no aplicación por la misma del Plan Parcial vigente revelan una dejación de funciones institucional que ha permitido a la promotora operar sin control público e iniciar las obras, con todos los destrozos e incumplimientos que acumula”, subrayan los colectivos.

Esta Junta de Compensación ha exigido al vecino Jesús Galindo, propietario de una nave en primera línea de playa, que entregue las llaves de su inmueble para que continúen las obras, que prevé más de 3.600 camas turísticas en una de las últimas zonas libres de cemento del sur de Tenerife.

En un escrito al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la Junta recuerda a Galindo que “se están ejecutando” los trabajos para la construcción de esas plazas, hoteleras y extrahoteleras, y que es “necesario” que la promotora “entre en posesión” de la finca “en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes del día 11 de julio”. El hijo de Galindo, Juan, ya ha anunciado que no entregará las llaves y que, “si no hay acuerdo”, llevará el caso a los tribunales.

Aunque el proyecto cuenta con una inversión inicial de 350 millones de euros, la cifra que han ofrecido a Galindo por expropiar su nave no supera los 12.668,31 euros.

“Si el Cabildo no actúa en defensa del interés general corrigiendo tantas actuaciones irregulares y presumiblemente delictivas del Ayuntamiento de Adeje, estará incurriendo también en irregularidades graves posiblemente delictivas por omisión”, concluyen los colectivos.

Una denuncia penal

Los colectivos han presentado una denuncia contra el alcalde y los promotores de Cuna del Alma. En el escrito exigieron la apertura inmediata de una investigación judicial sobre posibles delitos graves cometidos contra el medio ambiente, el patrimonio natural, delitos urbanísticos, corrupción y prevaricación administrativa, destrucción de patrimonio cultural y arqueológico, ''además de una connivencia o inacción escandalosas de administraciones supramunicipales, como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias, lo que pudiera apuntar a una trama de corrupción urbanística sistémica de notables dimensiones“.

''Lo que está ocurriendo en Adeje no es un simple conflicto urbanístico: es un ataque directo al territorio, a la legalidad y al bien común. Se está arrasando un ecosistema único con total impunidad. Exigimos responsabilidades ya, tanto políticas como penales'', han subrayado.

Los grupos alertan de que Cuna del Alma ''se está construyendo sobre suelos de alto valor ecológico, geológico y arqueológico, pese a que existen informes técnicos, denuncias previas, medidas cautelares, avisos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y hasta un plan parcial ignorados continuamente por las autoridades responsables“.