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El Supremo obliga al Estado a devolver más de ocho millones de euros a los tomateros tinerfeños

El Supremo notifica un fallo que, como ocurriera con Fedex en Las Palmas, da la razón a la patronal Aceto y ordena a Fomento pagar lo cobrado tras el reintegro que practicó, con intereses de demora, por las ayudas al transporte de 2002

La sentencia, favorable a los productores locales, llega más de cinco años después de la reclamación firme de cantidades por parte de Fomento, en una coyuntura en la que los envíos desde la isla al continente casi han desaparecido

Tomate tinerfeño pendiente de ser cargado en el mercante, en Santa Cruz, en una imagen de archivo

Tomate tinerfeño pendiente de ser cargado en un mercante, en Santa Cruz, en una imagen de archivo

El Tribunal Supremo también ha dado la razón, en sentencia notificada este miércoles, a la patronal tomatera Aceto, de la provincia tinerfeña, en su recurso contra la decisión del Ministerio de Fomento, respaldada en primer término por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de practicar un reintegro de las ayudas al transporte abonadas a través de esa entidad privada a los exportadores locales con cargo al ejercicio de 2002 (correspondientes a las zafras 2001-2002 y 2002-2003).

El fallo del Alto Tribunal calca los argumentos jurídicos que ya sirvieron a Fedex para obtener la misma victoria, lo que permitió a los exportadores de tomate de esa provincia que se les devolviera casi 12 millones de euros (con un principal de 8,3 millones más intereses de demora).

Ahora, más de un año después de la sentencia que dio la razón a la patronal tomatera de Las Palmas (se conoció en marzo de 2016), se ha notificado la correspondiente a Aceto, lo que sin lugar a dudas dará lugar a que el Estado devuelva (como ya hizo con Fedex) a los ya casi desaparecidos tomateros de exportación de Tenerife en torno a 8,5 millones de euros (con 4,3 millones de principal y el resto en intereses de demora). Aceto terminó de pagar el total de su reintegro en diciembre de 2016, pues se hizo de forma fraccionada.

Esta victoria judicial de Aceto, la definitiva, llega tarde, muy tarde, cuando en la isla de Tenerife prácticamente ha desaparecido el cultivo con respaldo en la exportación y tras una pelea prolongada, dura y repleta de problemas e inconvenientes administrativos que arrancó con el hito del año 2011, justo cuando se dicta la resolución de reintegro de los apoyos estatales recibidos en compensación al transporte de mercancías desde Canarias hacia el continente por el tomate de exportación en el año 2002. Este hecho, unido a otros también muy relevantes, ha llevado a este cultivo canario a sus niveles más bajos de presencia en los mercados europeos de Inglaterra y Holanda, con 55.000 toneladas enviadas en la zafra recién cerrada, 2016-17, y con casi nula presencia de la fruta tinerfeña en los buques mercantes. 

La historia que ha conducido al desastre

El reintegro de las ayudas al transporte cobradas por los exportadores tomateros con cargo a 2002 (parte de las zafras de 2001-02 y de 2002-03) supuso, nada más y nada menos, que el abono al Estado de casi 12 millones (principal más intereses) en el caso de Gran Canaria y 8,5 en el de Tenerife. Una resolución administrativa de la Delegación del Gobierno de España en Canarias, de enero de 2011, obligó a tan importante devolución por un supuesto incumplimiento de las condiciones de concesión de tal apoyo público. Esa decisión administrativa se recurrió por Aceto y Fedex ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en lo contencioso-administrativo, y éste dio la razón al Gobierno del Estado. Ello motivó nuevo recurso ante una instancia superior, el Tribunal Supremo, y ahí ya Fedex lo ganó en marzo de 2016, con lo que el Estado devolvió a los exportadores integrados en esa entidad lo que antes se había reintegrado (unos 12 millones de euros). Lo mismo entonces se preveía que ocurriera con Aceto y así ha sido.

La sentencia del Tribunal Supremo que benefició a Fedex (de 1 de marzo de 2016) confirma los argumentos de esta entidad frente a los de la Intervención General de la Administración del Estado (que se apoyó en un informe técnico de Edei Consultores) en el caso del contencioso-administrativo sobre las ayudas al transporte de mercancías de 2002 y a la vez confirma que los costes presentados por los tomateros locales que se computaron para realizar el cálculo de las compensaciones eran los correctos, los reales.

Ello echó por tierra las conclusiones del trabajo técnico de Edei, siempre muy criticado por Fedex y Aceto. En él se fijaba como coste unitario de transporte por kilo la cantidad de 11,29 pesetas, para Canarias-Península (703 millas), con solo un alza de 1,15 pesetas si se hacía la travesía Canarias-Europa (1.776 millas), hasta llegar a las 12,44. Este, el de 1.776 millas, es justo el recorrido que hace el tomate de las islas (Southampton y Rotterdam).

Además, no se contempló que el transporte no se realiza en contenedores, sino en bodegas con control de la temperatura (8-9 grados centígrados) y en barcos fletados por Fedex y Aceto. Se trata de mercantes con velocidad media de 18,5 nudos, para llegar a destino en cuatro días, no en 10, como así sería si viajaran los tomates en portacontenedores.

El cálculo de Edei, según fuentes de la patronal, estaba muy desenfocado, y era casi la mitad del de los tomateros (unas 22 pesetas por kilo). La Justicia así mismo ahora lo acaba de avalar.

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