El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz traslada al Consultivo la resolución del contrato del Dinámico
El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha dado traslado a la Audiencia de Cuentas de Canarias su solicitud para la resolución contractual, en virtud del acuerdo del Pleno de 30 de marzo de 2015, del contrato de la concesión administrativa del servicio de restauración del Bar-Restaurante Dinámico, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Dinámico.
En el informe trasladado al órgano auditor de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento solicita que se desestime íntegramente las alegaciones presentadas por la representación legal de la entidad concesionaria, que comunicó en la mañana del 30 de marzo pasado, su intención de devolver la concesión, entendiendo que se produce un incumplimiento culpable imputable a dicha entidad, y es que el procedimiento que estipula la Ley de Contratos y el propio Pliego de Condiciones de la Concesión Administrativa, dice que tras los periodos de audiencia al concesionario, la corporación debe realizar un informe económico-jurídico de la concesión y solicitar al Consejo Consultivo de Canarias informe que es preceptivo pero no vinculante, que en el plazo de un mes debe dar respuesta, tras lo cual el Ayuntamiento debe tomar la decisión sobre la resolución del contrato.
Dichos incumplimientos culpables se consideran imputables a los titulares reales de las participaciones sociales de las entidades que conforman la UTE Dinámico, en el momento en que se produce el incumplimiento contractual que determina la incoación del procedimiento de resolución contractual, quienes serán responsables frente al Ayuntamiento de los posibles incumplimientos y a quienes habrá que exigir las correspondientes responsabilidades, sin perjuicio de otras jurisdiccionales civiles que se estimen procedentes.
El 18 de marzo, la empresa concesionaria presentó un escrito ante el Ayuntamiento para solicitar información por el procedimiento a seguir en el caso de que efectuara la renuncia a la concesión, y es que el procedimiento que estipula la Ley de Contratos y el propio Pliego de Condiciones de la Concesión Administrativa, dice que tras los periodos de audiencia al concesionario, la corporación debe realizar un informe económico-jurídico de la concesión y solicitar al Consejo Consultivo de Canarias informe que es preceptivo pero no vinculante, que en el plazo de un mes debe dar respuesta, tras lo cual el Ayuntamiento debe tomar la decisión sobre la resolución del contrato.
El pasado 25 de marzo la empresa concesionaria de los servicios del Dinámico comunicó por escrito su renuncia a la concesión y su intención de entregar las llaves el 31 de marzo.
Ante esto, la alcaldesa, Sandra Rodríguez, solicitó de inmediato el inicio de un expediente de resolución del contrato, con todo lo que ello conlleva, por el interés general, incluidas las sanciones e indemnizaciones oportunas al Ayuntamiento, y en defensa de los intereses de los trabajadores, planteando que sea Pamarsa la que asuma la gestión cautelar de los servicios, velando por el interés de los trabajadores y siempre, mientras dure la resolución del contrato, con cargo a la empresa concesionaria.
Se dictó providencia de la alcaldía con informe favorable del Secretaría General, sustentado en la normativa vigente y en la jurisprudencia, que debía tratarse en el pleno del pasado 26 de marzo de 2015. Precisamente el mismo día en el que se trataría en pleno ordinario, se recibió vía fax en el Ayuntamiento una renuncia a la renuncia efectuada. Es decir, rogando dejar sin efecto el escrito de renuncia presentado 25 de marzo, y proceder a su retirada, por lo que se dejó sin efecto la intención de tratarlo en la sesión plenaria.
En la mañana del pasado 30 de marzo, llegó un nuevo escrito del concesionario donde comunicaba nuevamente su renuncia a la concesión, e informando de su intención de realizar la entrega de las llaves en la mañana del martes 31 de marzo.
Ante este nuevo escrito, la alcaldía convocó la sesión plenaria urgente, para llevar la propuesta que se dejó sin efecto en el pleno ordinario del pasado 26 de marzo, y acordando remitir al Consejo Consultivo de Canarias que ya trata para su rescisión contractual.
