El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se expone a pagar dos veces por el mismo servicio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se expone a pagar a dos empresas por el mismo servicio, el de acogida temprana y actividades extraescolares, por la decisión del nuevo grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) de suspender el contrato que había adjudicado el anterior equipo, conformado por el PSOE y Ciudadanos, y encomendárselo por la vía de urgencia y sin los informes preceptivos a otra empresa. La contratista inicial ha amenazado con emprender acciones legales por esta medida y ha reclamado una indemnización de algo más de 25.000 euros por los perjuicios ocasionados. 

El concurso fue licitado el 29 de mayo de 2019 con un presupuesto de 719.978 euros y un plazo de tres años de duración. Poco antes de su publicación, el PSOE y Ciudadanos habían cerrado un pacto de gobierno que puso fin a los 40 años de CC en el poder en la ciudad capitalina. Bajo el mandato de la socialista Patricia Hernández, el contrato se adjudicó por un montante de 716.900 euros. Pero tras el retorno de CC a la administración local en julio, tras una moción de censura, la Concejalía de Educación y Juventud, integrada en el área de Promoción Económica y Calidad de Vida, decidió suspenderlo y poner el servicio en manos de otra empresa saltándose los trámites legales, por 16.223 euros al mes. 

Un día antes del inicio de las clases, el 14 de septiembre, Claudia Reverón, concejala de Educación y Juventud, firmó en solitario la suspensión del contrato firmado en junio de 2020 con la empresa Ecosistemas Virtuales y Modulares S.L. (EVM) y el anterior grupo de gobierno por 716.900 euros, sin siquiera darle trámite de audiencia. Dos días después, contrató por el procedimiento de emergencia a otra entidad: Forum Activa Canarias S.L., sin informe jurídico previo, por un montante de 16.223 euros al mes, una cantidad que se abonará cada 30 días hasta la adjudicación definitiva, una vez rescinda la anterior relación contractual.

Reverón alegó en la notificación enviada a la empresa que “el contrato no podrá ser ejecutado satisfactoriamente, teniendo en cuenta el pliego de prescripciones técnicas, en todos los centros del municipio”. Además, durante una sesión plenaria sostuvo que la adjudicación a EVM la hizo el grupo de gobierno de PSOE y Cs a pesar de contar con un informe de una técnica que consideró “del todo insuficiente el personal y las horas afectadas por el cumplimiento del pliego y del proyecto propuesto por la empresa”. Se refiere a la jefa del servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, Pilar Rodríguez, quien a su vez formaba parte de la Mesa de Contratación. 

Pilar Rodríguez, actual consejera delegada del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), fuertemente vinculada a Coalición Canaria, fue la organizadora desde el Ayuntamiento de un acto del Día de la Juventud previsto para el 23 de marzo de 2019 en el barrio de la Salud durante la anterior alcaldía de su compañero de partido José Manuel Bermúdez. Su celebración no fue autorizada por la Junta Electoral de Zona, que prohibió que se llevara a cabo; pero CC, y no el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, recurrió. Rodríguez fue la encargada de presentar las alegaciones de la formación nacionalista contra la suspensión, evidenciando su estrecha vinculación al partido. 

La licitación del contrato del servicio de acogida temprana corrió a cargo de Promoción Económica y Calidad de Vida y el plazo final de presentación de ofertas coincidió con el día anterior a que la exalcaldesa Patricia Hernández tomara el bastón de mando del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Con la formación del nuevo equipo de gobierno, la Mesa de Contratación se constituye con Pilar Rodríguez como vocal en calidad de jefa de servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida, que está presente durante prácticamente todo el proceso de adjudicación, excepto cuando se propone que sea EVM la empresa ganadora. En esa última acta, fechada del 18 de diciembre, aparece Luisa del Toro Villavicencio como jefa del Servicio de Promoción Económica y Calidad de Vida. Previamente, y en base al informe técnico de Rodriguez, el 18 de julio se propuso la contratación de la UTE Fundación Canaria Ralons-RalonsSchools, al otorgarle la máxima puntuación de entre las seis empresas presentadas a la licitación.

En la licitación estaba inicialmente previsto que el servicio comenzara a prestarse a partir de septiembre de 2019, pero en un acta del 16 de octubre, y tras analizar en profundidad por parte de la Mesa de Contratación la oferta de la UTE, se decide proponer un nuevo adjudicatario tras comprobar que no cumplía los requisitos fijados en el pliego relativos a solvencia técnica y profesional, después de que Ralons Schools S.L.U renunciara al contrato porque se encontraba en causas que determinaban la prohibición de concurrir.

Así, la siguiente empresa con mayor puntuación era la empresa Arasti Barca MA S.L., pero la adjudicación fue desestimada porque “tenía deudas con la Corporación local” correspondientes a 2018. Aunque la entidad remitió una carta de pago con fecha de 5 de noviembre de 2019, la Mesa de Contratación la descartó por no encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, lo que “es causa de prohibición de contratar con el sector público”. EMV, tercera en el informe emitido por Rodríguez, fue entonces la propuesta ganadora al reunir “todo lo requerido”, según la Mesa de Contratación, que instaba a la entidad a cumplir las estipulaciones del pliego de prescripciones técnicas y a dotarse del “personal suficiente y necesario para la ejecución técnica del proyecto”.

Con los informes favorables de los servicios jurídicos, intervención y fiscalización, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y EVM firmaron el contrato en junio. La empresa inició entonces el estudio de las necesidades de los 36 CEIP de Santa Cruz de Tenerife, en contacto estrecho con Promoción Económica y Calidad de Vida, para conocer las realidades del profesorado y los alumnos, ya que el pliego no establecía la cantidad de personal requerido. El 31 de julio, la entidad concluyó que prestaría el servicio con 36 trabajadores (una persona encargada de la coordinación, 25 monitores de acogida temprana y 12 dinamizadores) para 24 centros que comunicaron su predisposición para recibir el servicio de actividades extraescolares y para los 21 que se sumaron a la acogida temprana. Incluso presentó al Ayuntamiento una primera factura en agosto por los trabajos realizados, por valor de 29.870 euros.

Antes el inicio de las clases el 15 de septiembre, y a pesar de tener constancia del informe diagnóstico, Reverón había pedido el viernes 11 del mismo mes a EVM que presentara una previsión del personal que asignaba a cada unos de los 36 CEIP del municipio y su distribución, dando de plazo hasta el siguiente lunes. Aunque no eran días hábiles, la empresa envió la documentación solicitada el domingo, pero Reverón alegó que se encontró con “un contrato que produciría una merma del servicio”.

En base a una declaración de emergencia aprobada el 8 de septiembre por la Junta de Gobierno de Santa Cruz de Tenerife para la prestación de todos los servicios necesarios a realizar en los centros públicos educativos y en las escuelas infantiles municipales ante el inicio del curso académico, Reverón tramitó por el procedimiento de emergencia la contratación de otra empresa, sin informe jurídico previo, ni de intervención. La Concejalía de Educación y Juventud envió la comunicación a cuatro empresas que se habían presentado a la licitación de mayo del año anterior y eligió a Forum Activa Canarias SL. por ser la “oferta más económica” para el Consistorio. Preguntada en un pleno por el informe jurídico previo al que obliga la ley, dijo: “Está, fue in voce”.

Posteriormente y una vez ya ha sido contratada Forum Activa Canarias para prestar el servicio, la Junta de Gobierno, órgano competente para autorizar la resolución del contrato, constata que la empresa entregó un informe diagnóstico el 31 de julio, pero advirtió de la intención por parte de EVM de “incumplir la prestación correcta del servicio en el municipio”. Por ello, y basándose en los artículos 211 y 213 de la Ley de Contratos del Sector Público, aprueba incoar el expediente de resolución del contrato adjudicado a EVM y le otorga un tramite de audiencia de diez días hábiles. Sin embargo, la normativa también establece que la resolución debe contar con el informe del servicio jurídico preceptivo y estar sometida a fiscalización previa.

La empresa adjudicataria acusa de “irregularidades” al Ayuntamiento

Ante estos hechos, la empresa adjudicataria presenta el 25 de septiembre un recurso de reposición al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en que le acusa de “irregularidades” en la suspensión del contrato al adoptar una decisión “arbitraria” y “sin sentido” porque, según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Concejalía de Educación y Juventud no es el órgano competente para dictar tal decisión y por la ausencia de audiencia de la empresa una vez fue notificada, para así poder justificar la validez de su proyecto o adaptarse a nuevos requerimientos, como aportar más recursos; una petición que, sostiene la entidad, nunca se ha producido.

EVM considera que se le ha expuesto a una situación de “indefensión” cuando el argumento principal utilizado para suspender el contrato es que no presenta los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio, pero el pliego “nunca” estableció “un mínimo o un máximo de personal adscrito y tampoco se dio una respuesta clara, transparente y definitiva al respecto” cuando la empresa preguntó al respecto. De hecho, recuerda que presentó una primera factura en agosto por valor de 29.870 euros por “los trabajos adjudicados en el contrato”. Por ello, acusa a Reverón de “faltar con descaro a la verdad” al asegurar que la empresa incumple el pliego.

Ante este escrito de la empresa, el Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma tendrá que elaborar un dictamen. EVM no descarta emprender acciones legales en la vía contencioso-administrativa e incluso la penal por “presunta prevaricación” una vez el Consistorio facilite los informes jurídicos y de intervención solicitados. Pero hasta el momento, la empresa reclama al Ayuntamiento el abono de una indemnización estimada en 25.187 euros, “una cantidad que se verá incrementada mientras dure el estado de suspensión del contrato” y la nulidad de la decisión de la Concejalía de Educación y Juventud.

Desde la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Reverón ha sido duramente criticada; la concejala Patricia Hernández (PSOE) afirmó en una sesión plenaria que a pesar del principal argumento esgrimido para suspender el contrato, “hoy” el servicio no se presta en todos los centros; Matilde Zambudio, de Ciudadanos, tildó las acciones de Coalición Canaria de “chapuza administrativa” y vaticinó que “este servicio se tendrá que pagar en dos ocasiones, a la empresa que lo presta y a la adjudicataria”.