El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife paraliza el Plan Especial de Las Teresitas

Playa de Las Teresitas

EFE / Tenerife Ahora

Santa Cruz de Tenerife —

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El portavoz del grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, ha anunciado este jueves en la comisión de control municipal la paralización en la tramitación del Plan Especial de Las Teresitas.

En declaraciones a los periodistas, ha apuntado que se da un plazo de un mes para abrir un proceso de negociación con fuerzas políticas y agentes sociales para buscar consenso en torno al 15% del planeamiento en el que aún hay diferencias, especialmente acerca de la construcción del hotel y los nuevos aparcamientos.

El gobierno municipal ha tomado esta decisión tras la rectificación de Unidas Podemos, que ha retirado su apoyo mientras no se produzcan modificaciones sustanciales al plan que había realizado en el Consejo Rector de Urbanismo.

El concejal de Unidas Podemos Ramón Trujillo explicó en un comunicado que votó sí al Plan por “confusión”, y que su partido ve “necesario” replantear el modelo de movilidad del plan Especial que, por una parte, prevé llevar tranvías y guaguas hasta la playa de Las Teresitas, “sin decantarse por un modelo eficaz de transporte público colectivo, y, por otra, vuelve a plantear construir aparcamientos en la zona del mamotreto, descartando así otras alternativas”.

Las Teresitas, el mayor 'pelotazo' urbanístico de Canarias

La ordenación del frente de playa de Las Teresitas dio pie al llamado caso Las Teresitas, que culminó con el ingreso en prisión del exalcalde de CC Miguel Zerolo, de los empresarios Ignacio González (ya fallecido) y Antonio Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Juan Víctor Reyes, y el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín González.

El caso, por el que el Ayuntamiento compró (contra el criterio de los interventores municipales) unos terrenos muy por encima de su valor real y de los que en realidad ya poseía una parte, ha supuesto el mayor pelotazo urbanístico de Canarias y un quebranto multimillonario a las arcas públicas de la capital tinerfeña, que aún no ha recuperado el dinero malversado.

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