Coalición Canaria salva La Laguna, destroza al PSOE y descabeza al PP con tan solo siete concejales

El laboratorio político de La Laguna ha vuelto a dar la razón a los que sostienen que Coalición Canaria de Tenerife ejerce con alta eficacia el control de todo lo que se mueve en la isla, incluidos los demás partidos. Con tan solo siete concejales de los 27 que conforman la Corporación municipal en esa ciudad, el alcalde, José Alberto Díaz, no solo ha conseguido esquivar la moción de censura más anunciada de la historia política de Canarias, sino también destrozar al Partido Socialista, descabezar al Partido Popular y transmitir la sensación de que ya está interviniendo incluso en la confección de las listas para las próximas elecciones de mayo de 2019.

Es cierto que a esa estrategia de control a Coalición Canaria se le han unido aliados indispensables y que las circunstancias locales y supramunicipales han operado a su favor. Pero su tradicional método de utilizar el poder municipal, con los presupuestos locales a disposición de la causa, ha vuelto a dar resultados altamente satisfactorios.

La última escaramuza ha sido bautizada como el pacto de la marisquería por haber sido en un establecimiento de este tipo, Isleño Delgado, cercano al Ayuntamiento, donde se zanjó el acuerdo por el que el PSOE de Mónica Martín -lideresa de una de las tres facciones a las que ha quedado reducido el Partido Socialista lagunero- abandonaba el grupo de gobierno pacíficamente. Tan pacíficamente que nada ha cambiado en la correlación de apoyos con los que cuenta el alcalde: en los dos últimos plenos, tanto la que fuera primera teniente de alcalde como su compañera María José Castañeda, exconcejala de Cultura, votaron con el grupo de Coalición Canaria en todos los puntos del orden del día. Lo mismo que hizo el concejal Zebenzuí González, expulsado del PSOE por sus WhatsApps de alto contenido machista, o el Partido Popular, cuyo líder en La Laguna, el eterno senador Antonio Alarcó, vive sus últimos meses como concejal de esa formación. Ya tiene sustituto, probablemente Manuel Gómez, y lo jalean desde los medios de comunicación afectos al régimen nacionalista, aunque el senador asegura a este periódico que eso está por ver aún.

La comida en la marisquería Isleño Delgado se alargó hasta las seis de la tarde. En ella participaron, además del alcalde y de la hasta entonces su teniente de alcalde Mónica Martín, la concejala socialista María José Castañeda y la lideresa de Coalición Canaria en la ciudad, la primera teniente de alcalde Candelaria Díaz Cazorla. El encuentro fue muy cordial, y por momentos de jolgorio, según testigos presenciales. Y no era para menos: el alcalde veía confirmada la lealtad de las dos concejalas socialistas hasta el final del mandado, y eso a pesar de haber recibido ambas la orden de la dirección de su partido de romper de inmediato el pacto con Coalición Canaria y de respaldar una moción de censura si se presentara.

En contra de la decisión de la Ejecutiva local del PSOE de La Laguna, Mónica Martín y María José Castañeda pactaban incluso que el alcalde mantuviera en sus puestos a los asesores que ambas contrataron para el grupo de gobierno, dos de ellos integrantes de la dirección local del partido, David Perdomo y Omar Ramos, este a su vez secretario general de las Juventudes Socialistas, que presentaba su dimisión como vocal de ese órgano in voce. Cobra 1.800 euros al mes del Ayuntamiento.

El secretario general del PSOE en La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, no disimula la incomodidad que le supone la actitud de las dos concejalas que mantiene el partido en ese Ayuntamiento. De cinco actas conseguidas al principio de mandato, solo Mónica Martín y María José Castañeda siguen siendo militantes socialistas formalmente. Javier Abreu y Yeray Rodríguez fueron expulsados por “indisciplina” al maniobrar en contra del pacto regional (luego roto en mil pedazos) con Coalición Canaria, y Zebenzuí González, por sus mensajes de contenido machista en WhatsApp.

Del pacto de la marisquería salieron conjuradas ambas concejalas socialistas contra el último intento de moción de censura de este mandato. Habían recibido la orden de promoverla, pero se han negado sin miramientos. El secretario general de los socialistas laguneros reconoce que con los estatutos del partido en la mano sólo puede exigir a sus dos concejalas que apliquen el programa electoral con el que concurrieron a los comicios de 2015. De resto, pueden oponerse o apoyar al alcalde de La Laguna en lo que consideren menester.

Un estropicio colosal

Mónica Martín goza ya del salario de portavoz liberada de su grupo municipal (51.000 euros anuales), concedido en un acuerdo plenario que ha sido impugnado por la oposición por haberse tomado sin los formalismos de rigor. Además, mantiene su puesto como representante del Ayuntamiento en el consejo de administración de la empresa Teidagua, lo que le supone unos ingresos mensuales de unos 400 euros. Una dieta que había sido suprimida por el primer líder del PSOE en La Laguna, Javier Abreu, y que se repuso cuando fue purgado.

La otra concejala escindida ahora del grupo de gobierno, María Jesús Castañeda, ya sin salario municipal, ha retornado a su puesto de empleada de la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de la Candelaria.

El estropicio en el PSOE de La Laguna ha sido colosal. Los cinco concejales han salido damnificados y la organización se enfrenta a las próximas elecciones municipales fuertemente dividida. Mónica Martín da por amortizada su carrera política de dieciséis años después de haber perdido las primarias frente al nuevo secretario general. Ha asegurado a este periódico que no ha recibido la promesa de ser incorporada a ninguna otra lista (Cabildo de Tenerife o Parlamento regional) y que su futuro laboral estará supeditado a ser llamada desde la Consejería de Presidencia desde la bolsa de sustitutos de la que forma parte desde hace años.

Niega por completo haber alcanzado acuerdo alguno con el alcalde para seguir apoyándolo desde su puesto de teórica oposición. Y cuando se le pregunta por todos los votos favorables en los dos últimos plenos de la Corporación, Mónica Martín asegura que se ha tratado de asuntos que venían tramitándose desde la etapa en la que formaba parte como concejala del grupo de gobierno.

Lo mismo sostiene el alcalde, José Alberto Díaz, quien rechaza a preguntas de este periódico haber llegado a acuerdo alguno con sus antiguas socias socialistas. “Yo no tengo ningún pacto, no existe el pacto de la marisquería. Yo no hablo de los pactos que se alcanzan en casa de Santiago Pérez ni del pacto del hospital”, en referencia a los que a su entender han alcanzado líderes de la oposición para desbancarle, hasta ahora sin éxito. Díaz defiende que la concejala Martín cobre los mismos emolumentos que los otros concejales liberados de la oposición, dos de Unid@s se Puede, uno del Partido Popular, uno de Ciudadanos y otro de Por Tenerife.

También ha quedado en una situación económica nueva otro de los apoyos permanentes del alcalde de La Laguna, el concejal Zebenzuí González, que desmiente radicalmente estar a sueldo de Coalición Canaria desde que fuera expulsado del PSOE. “Cobro unos 500 euros al mes por mi asistencia al pleno y a las comisiones”, ha dicho a este periódico. Sin embargo, las cuentas son otras. Si se tiene en cuenta que cada concejal sin dedicación plena (su caso) percibe 150 euros por cada pleno o cada comisión a la que asiste, Zebenzuí González podría estar rebasando con creces los 1.000 euros de retribuciones, a razón de uno o dos plenos y una decena de comisiones al mes.

El concejal de los WhatsApps machistas niega estar apoyando a José Alberto Martín a cambio de cualquier otra contraprestación. Se queja de sufrir al comienzo de cada pleno un minuto de silencio por su presencia en la Corporación y de que nadie de la oposición lo haya llamado nunca para recabar su voto para una ya imposible moción de censura.

Zebenzuí González ha dado por amortizada su carrera política y ha asegurado a este periódico que en enero retomará su carrera como abogado: “Tengo que trabajar, no me queda otra”.

Antonio Alarcó, el imbatible senador del PP por la isla de Tenerife, también se ha visto contagiado por las formas de ejercer el poder de Coalición Canaria, partido al que ha apoyado reiteradamente en los grandes acuerdos de este mandato en La Laguna. “Yo solo apoyo cosas que hace la alcaldía por el bien de los ciudadanos”, ha dicho a este periódico. En ese lote se incluyó el voto incondicional prestado por Alarcó y sus concejales para la exoneración de responsabilidades políticas de José Alberto Díaz y de su antecesor, Fernando Clavijo, en la comisión de investigación del caso Grúas, actualmente en los tribunales con amenaza seria de procesamiento de ambos regidores.

Alarcó justifica en gran medida su respaldo de estos años a Coalición Canaria en el voto que Ana Oramas prestó siempre a los presupuestos de Mariano Rajoy mientras gobernó en España. Y preguntado por su rechazo a la moción de censura, de la que estuvo muy cerca estos últimos meses, tras la moción de censura que acabó con el Gobierno nacional del PP, todo lo resume en una frase que él mismo reconoce a continuación exagerada: “¿Cómo voy a ir con Podemos cuando dice que las catedrales hay que tirarlas?”

Alarcó estuvo a punto de aceptar una fórmula de censura que lo colocaba a él como presidente del pleno del Ayuntamiento y a Santiago Pérez como alcalde, pero en el último momento se echó atrás. En los últimos plenos también ha dado su voto al alcalde y piensa seguir haciéndolo si, como ocurrió con los presupuestos de 2018, en los próximos se tienen en cuenta sus enmiendas.

Estilo de bajos fondos

Antonio Alarcó será la siguiente víctima de Coalición Canaria en La Laguna. Su nombre ya ha desaparecido de los posibles candidatos a la alcaldía de la ciudad, y así lo difunden algunos de los periodistas más cercanos al régimen. Él niega que eso pueda haber ocurrido porque tendrá que ser el comité electoral nacional el que tome esa determinación por tratarse de una ciudad de más de 50.000 habitantes.

Rubens Ascanio, portavoz de Unid@s se Puede, lo da por amortizado: “Coalición no solo gobierna su partido, también gobierna en otros”, ha declarado a este periódico.

Y para ilustrar esos modales ha relatado lo que le ocurrió al principio de este mandato, cuando José Alberto Díaz lo llamó a su despacho: “Me puso un folio delante donde, según me dijo, se contenía el acuerdo de gobernabilidad, y me dijo, ”fírmalo y ya hablaremos de los liberados“.

Un “estilo de bajos fondos” que sin embargo le ha dado buenos resultados precisamente utilizando los dineros públicos destinados a las formaciones políticas, a los asesores y a los concejales liberados. Es el alcalde el que decide qué número de asesores se otorga a cada partido político, y de los 27 que corresponden a este ayuntamiento, 23 están bajo la égida de Coalición Canaria y el PSOE.