Proteger al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y a la concejala tránsfuga cuesta más de 41.300 euros al mes

La concejala tránsfuga Evelyn Alonso y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, durante un pleno extraordinario.

Durante los primeros seis meses de 2021, proteger al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y a la concejala tránsfuga Evelyn Alonso, segunda teniente de alcalde de la Corporación ha costado a las arcas municipales 248.153,58 euros, según información oficial. Esto supone que cada mes el consistorio emplea en escoltas tan solo para estas dos personas 41.358,93 euros de promedio, que se destinan al pago de complementos a los seis agentes de la Policía Local elegidos para este cometido.

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La cantidad fue dada a conocer este viernes en una respuesta por escrito firmada por la concejala de Recursos Humanos, Purificación Dávila Carreira, a preguntas del concejal del PSOE, en la oposición Florentino Guzmán, responsable de Seguridad hasta mediados de 2020, cuando una moción de censura devolvió el poder a Coalición Canaria gracias al apoyo de la concejala Evelyn Alonso, que desoyó las órdenes del partido con el que concurrió a las elecciones municipales de 2019, lo que la tiene sumida en un largo proceso de expulsión que ya va por su segundo intento después de que el primero quedara anulado por un juzgado.

Fueron precisamente unos mensajes de insultos y amenazas a Evelyn Alonso publicados por tres personas en las redes sociales los que permitieron justificar que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife activara un servicio de escoltas especialmente pensado para la concejala, que precisamente es ahora la responsable de Seguridad y Movilidad, además de Promoción Económica y Medio Ambiente. Para explicarlo ante la oposición, el grupo de gobierno argumentó que se habían hecho unos informes que aconsejaban esa protección una vez fueron denunciados ante la justicia los mensajes insultantes y amenazantes que lanzaron varias personas. Tres de ellas están siendo investigadas desde marzo de este año después de que la jueza instructora archivara la causa inicialmente y la reabriera a petición de la acusación y de la fiscalía al aparecer informes policiales en los que basarse.

Aunque inicialmente los sindicatos presentes en la Policía Local llegaron a cifrar el coste anual de estos escoltas en unos 70.000 euros al año, lo cierto es que los datos oficiales que ofrece el grupo de gobierno inducen a pensar que ese coste pueda aproximarse al medio millón de euros, si el segundo semestre de 2021 mantiene el mismo nivel de gastos que el primero.

El sindicato CSIF criticó desde el primer momento la falta de negociación en la reorganización a la que tuvo que someterse la Policía Local para habilitar este servicio de escoltas y que se eligiera a “unos determinados agentes sobre el resto para esta función”, ya que “no ha concurrido procedimiento selectivo alguno sobre el nuevo puesto de trabajo dentro de la Policía Local de Santa Cruz”. “En ningún momento se ha justificado a los sindicatos el motivo de singularizar y crear estos puestos, mucho más allá de lo que entendemos, aprobar lo que les place a costa del erario público”, declaró a este periódico el abogado del sector local del CSIF, Cristo Llurda. 

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