Seis colectivos denuncian que Canarias es lugar de tránsito de víctimas de trata
Seis entidades sociales de Tenerife (Fundación Amaranta, Oblatas-La Casita, Médicos del Mundo, Fundación Cruz Blanca, Cáritas Diocesana de Tenerife y Justicia y Paz Tenerife) se han unido con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas para denunciar que Canarias es lugar de tránsito.
Estas organizaciones han indicado en un comunicado que la trata de seres humanos es una vulneración de derechos y un atentado contra la dignidad de las personas y que, Canarias en general y Tenerife en particular, no son ajenas a este problema.
Desde la experiencia, el estudio y el análisis de este fenómeno, han afirmado las entidades sociales, se puede afirmar que Canarias es lugar de tránsito y destino y que han existido y existen en el Archipiélago víctimas para diferentes finalidades de la trata como explotación sexual, laboral y mendicidad.
La mayoría de víctimas, han apuntado las seis organizaciones en la nota, son mujeres y niñas “cada vez más jóvenes”, aunque la trata sufre transformación constante que depende de múltiples factores.
Las entidades han insistido en que es una realidad compleja y difícil de abordar en la que la detección e identificación de las víctimas es el primer paso para su protección y reparación.
Las organizaciones han subrayado que hay redes y mafias que se sirven de la vulnerabilidad de estas víctimas y que buscan exclusivamente el beneficio económico, lo que supone un delito “sumamente lucrativo” que usa a las personas como instrumento de enriquecimiento.
La dignidad de las personas, han señalado, no es únicamente un patrimonio individual sino también es un valor colectivo fundamental que se debería recordar y defender ante este tipo de situaciones.
Para ello, han dejado claro que es necesario crear una conciencia social que entienda y no permita mirar para otro lado, y que no sea una “realidad invisible”.
Las seis entidades han exigido una Ley integral contra la trata de personas que permita combatir este delito y proteger a las víctimas con más eficacia y que refuerce los criterios, la coordinación y la homogeneidad en la actuación en todo el Estado.
También han solicitado que esta nueva ley otorgue a las autonomías competencias para la atención integral de las víctimas y han pedido la implicación a nivel autonómico y provincial de todos los agentes con competencias en la materia para establecer o adecuar al territorio el protocolo marco, así como dotar a las entidades especializadas de mayores recursos que permitan una adecuada atención y acompañamiento a las víctimas y que haga efectivos los derechos que la ley les otorga.
