La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, la casa de los líos
La trayectoria de Jorge Enrique Domínguez Padrón al frente de la histórica Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (Rseapt) no puede estar más llena de sobresaltos. Tras Domínguez asumir la dirección de la entidad bicentenaria con sede en La Laguna en febrero de 2013, cuando se produjo el relevo de Andrés de Souza, el anterior responsable (este mismo lo apoyó como el sucesor ideal debido a que él tenía que dejar el cargo al haber acumulado ocho años seguidos como director de esa entidad, como así obligan los estatutos), la imagen pública de la citada institución cultural sin ánimo de lucro ha ido perdiendo enteros a pasos demasiado largos.
Lo primero fue, casi con el estreno en el puesto de Domínguez, el despido fulminante de Patrizia Hess (ejecutado el 24 de abril de 2013), entonces subdirectora de Gestión y Formación en la institución y persona que había llegado a esa casa de la mano del anterior director, Andrés de Souza.
Tras esa primera decisión, muy polémica y que llevó a Jorge Enrique Domínguez a todos los medios de comunicación locales (y no para que se contaran cosas muy agradables y bonitas de lo que supuestamente estaba pasando en la hasta entonces tan impoluta estancia), el actual director se vio obligado a someterse a una moción de censura, que logró ganar por solo un voto de diferencia y así pudo seguir en el cargo.
El ‘padrino’ se distancia de su protegido
Después de sortear ese obstáculo, y ya sin la confianza del que había sido su principal padrino en la Rseapt, Andrés de Souza (ahora ya no son tan amigos), llegó el primer leñazo: la sentencia del Juzgado de lo Social número 7 de Santa Cruz de Tenerife (de 25 de junio de 2014, más de un año después de presentada la demanda) que daba la razón a Patrizia Hess en la reclamación que ésta interpuso contra la Rseapt por considerar que su despido no se ajustaba a derecho.
El fallo de lo Social proclamó improcedente el despido y concedió dos posibles arreglos: la readmisión o la indemnización. Así se recogió en la sentencia, que condenaba “a readmitirla, inmediatamente, en las mismas condiciones de trabajo que regían antes de producirse el [despido] y con el abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, el 24 de abril de 2013, hasta la fecha de notificación de esta sentencia, a razón de 117,04 euros por día o, a su elección, que deberá ejercitar en el plazo de los cincos días siguientes a la notificación de esta sentencia, [se] le abone la indemnización de 22.383,90 euros, teniéndose por extinguida la relación laboral a la fecha del despido, con la advertencia de que, de no optar expresamente por ninguna de las dos alternativas legales, se entenderá que procede la readmisión”. El mismo fallo absuelve “al Fondo de Garantía Salarial de las pretensiones de la demanda (…)”.
La opción elegida para cumplir con ese fallo, que no se recurrió, fue la segunda, y ello costó a la entidad lagunera el desembolso de casi 27.000 euros (de principal más intereses de demora y costas procesales, dinero que se cobró tras la emisión de un auto de ejecución, de embargo), a la vez que la sentencia dejaba abierta la posibilidad de una sanción más, justo la que ya ha elevado la Inspección de Trabajo a la Rseapt.
Sobre las responsabilidades penales
Sobre las responsabilidades penalesÉsta se esbozó en el texto del fallo de lo Social favorable a Hess, en cuyas páginas, las 12 y 13, se indicaba que las responsabilidades penales, en su caso, recaerían en el anterior director, Andrés de Sousa, y el actual, Jorge E. Domínguez, y que la Rseapt podía verse afectada por una sanción, para lo que se daba traslado de la sentencia a la autoridad laboral. Esta última indicación es la clave de la notificación ya recibida con membrete de la Inspección de Trabajo en la sede lagunera.
El texto de la sentencia que declara improcedente el despido de Hess lo dice de esta otra manera: “(…). Por ello, y sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran extenderse a las personas que por acción y omisión permitieron y que, sorprendentemente, ya han sido denunciadas por parte del señor Domínguez, pese a poder también éstas alcanzarlo, pues formaba parte de la junta de Gobierno (…), (…) se ha podido incurrir, pero por parte de ésta [la Sociedad Económica], en infracción laboral por dichos hechos, por lo que es obligación de esta magistrada dar traslado a la autoridad laboral competente para que, en caso de apreciar su concurrencia, proceda a imponer a la empresa la sanción que corresponda”.
Sanción con mención en el acta de la junta de gobierno
Sanción con mención en el acta de la junta de gobiernoAsí mismo ha sido y así mismo lo reconoce la Rseapt en el “informe de las deliberaciones” de la junta de gobierno que la mencionada entidad celebró con fecha del 29 de octubre pasado, donde se afirma que, de confirmarse la sanción de Trabajo (había intención de recurrirla), ésta puede suponer el pago de 6.251 euros. Como se aprecia, esa obligación, aún no consolidada, también deriva del despido que Domínguez ejecutó contra Patrizia Hess, que, si nadie lo impide, costará a la entidad tinerfeña (pagos directos e indirectos) la cifra nada desdeñable de casi 34.000 euros. Llegados a este punto, hay que recordar que la Rseapt es una entidad sin ánimo de lucro que se financia, principalmente, a través del apoyo público.
Por si fuera poco con lo visto hasta ahora, o sea, con las historias de juzgados y de las intervenciones motivadas por la sentencia que gana Hess y tramita la autoridad laboral, hay algo más que añadir y también es muy grave: la detención en el mes de junio pasado del entonces conserje de la Rseapt, Ángel A. Marrero Calero.
Ese acto se produjo en la misma sede de la citada institución por policías vestidos de paisano y se debió al supuesto hurto de 2.000 euros. Marrero fue detenido y esposado en el que entonces era su puesto de trabajo y además conducido a pie a los calabozos de la Policía Nacional en La Laguna, donde permaneció algunos días privado de libertad.
El caso del conserje que no pudo presentar su libro
El caso del conserje que no pudo presentar su libroEl ya exconserje de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (fue despedido) llegó a admitir su culpa en el suceso, lo que hizo a través de la firma de un documento oficial; abonó los 2.000 euros que supuestamente se llevó de la caja y con ello pudo salir del calabozo, donde él mismo dice que había pasado tres noches, según aseguran fuentes bien conocedoras del caso.
La detención del Ángel A. Marrero Calero, que llevaba 10 años como empleado de la Rseapt, se produjo el día antes del programado para la presentación de su libro La India: misticismo de una tierra en tiempos ocultos, publicado por Ediciones Idea y que estaba previsto dar a conocer en un acto organizado en el Instituto de Estudios Canarios, en la ciudad de La Laguna.
Tras todos estos acontecimientos, que, sin duda, poco han contribuido a sacar brillo a la imagen por ahora muy deteriorada de la Rseapt (por lo menos en el mandato actual de Jorge Enrique Domínguez), aún quedan varios asuntos por resolver en los ámbitos judicial y administrativo que cuelgan del mismo caso Hess. Uno de ellos es la denuncia interpuesta ante el Juzgado de lo Penal de La Laguna por la Rseapt contra esa exsubdirectora de Gestión y Formación.
Parece, como se puede apreciar, que hay fiesta para rato.
