El supuesto fraude laboral del centro de mayores afecta a la residencia geriátrica Santo Domingo
Las detenciones practicadas este martes en el norte de Tenerife, en una residencia de mayores, y luego conocidas a través de la información difundida por la Guardia Civil se practicaron en la residencia geriátrica Santo Domingo, un centro de atención sociosanitaria de carácter privado que se halla en el término municipal de La Guancha, en la zona de costa y muy cerca de la localidad colindante de San Juan de la Rambla. Esa residencia tiene plazas de atención privada y otras que son concertadas con la Administración pública, según se señaló en el comunicado de la Guardia Civil.
Fue a la empresa titular de ese centro sociosanitario a la que la Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de Puerto de la Cruz y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, había realizado una investigación, iniciada a finales de noviembre de 2016, tras detectar la Inspección de Trabajo una serie de aspectos sospechosos y la recepción de una denuncia anónima en la que se informaba de que los empleados de una establecimiento de mayores estaban obligados a devolver a la empresa un porcentaje de la nómina que recibían mensualmente por transferencia bancaria. Las actuaciones de las fuerzas de seguridad derivaron en tres detenciones por la práctica de un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores.
Tras iniciarse la investigación, se pudo determinar que la información era veraz y se constató que hasta el verano de 2016 la empresa abonaba a sus empleados la nómina mensual en metálico, pero el importe que efectivamente se entregaba a los empleados era inferior al que constaba en las nóminas que debían firmar, es decir, que la empresa se quedaba con un porcentaje de cada nómina, variable en función del sueldo de cada empleado.
Según ha informado la Guardia Civil, la empresa tampoco abonaba las pagas extras de verano y Navidad a pesar de que los empleados sí firmaban esas nóminas como cobradas.
Esa política de la empresa cambió a partir del verano de 2016, pasando a pagar mediante transferencia bancaria y, desde entonces, cada empleado la recibía por transferencia pero tenía la obligación de devolver una cierta cantidad de esta en los siete días siguientes a la fecha de cobro (la primera semana del mes), cantidad que debían poner en metálico en un sobre con sus respectivos nombres y que tenían que introducir en un buzón instalado al efecto.
Los empleados realizaban turnos de trabajo completos, pero el dinero efectivamente cobrado, deducido el porcentaje que tenían que devolver, era, según el comunicado de la Guardia Civil, “realmente escaso, no superando en muchos casos los 700 euros mensuales”.
