Las verdades a medias sobre el futuro campus judicial de Santa Cruz
No se ha dicho todo y se ha ocultado información relevante por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en lo que concierne al traslado de los edificios judiciales a un nuevo campus de la Justicia en la periferia de la capital tinerfeña.
Este es el mensaje lanzado por el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, en la presentación de una plataforma a favor del edificio judicial en Cabo Llanos (la zona en la que se levanta el actual Palacio de Justicia) y en la que participan en bloque la judicatura tinerfeña, la Fiscalía provincial, los secretarios judiciales, los funcionarios de los juzgados y los colegios de abogados y de procuradores.
Frente a las afirmaciones del consejero de Justicia, José Miguel Barragán, y del alcalde José Manuel Bermúdez de que no cabe otra opción que construir el campus de la Justicia en el barrio de El Sobradillo, en el suroeste de Santa Cruz de Tenerife (en una parcela de 22.000 metros cuadrados que estaba destinada a Educación), los portavoces de esa plataforma negaron la mayor e indicaron, de entrada, que no es necesaria una parcela de esas dimensiones, dado que no hay por qué dejar de utilizar el actual edificio, sino completarlo con otros nuevos en las parcelas que ya están previstas para ello. Es lo que se refleja en la memoria de ordenación estructural del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, en su revisión de 2013.
Landete dijo que “partimos de una premisa falsa”, y esa premisa es que “no son necesarios 22.000 metros cuadrados para la Ciudad de la Justicia”. Y el ejemplo está en Las Palmas de Gran Canaria, que no supera los 12.000 metros cuadrados. “Las parcelas de Cabo Llanos, junto al actual Palacio de Justicia, incluso suman más metros”. Además, las comunicaciones con transporte público ya están creadas, lo que no ocurre con la parcela de El Sobradillo, a la que en la actualidad solo se puede acceder por carretera, por cierto, en horas punta.
El presidente de la Audiencia Provincial recordó que se lleva clamando por un nuevo edificio judicial desde hace al menos 12 años. Sin embargo, la solución adoptada “es equivocada”, quizá “por ignorancia de cómo funciona la Justicia”, y lo más curioso es que “en estos 12 años se ha mantenido que solo cabía esa posibilidad en Cabo Llanos”.
“No se nos ha dicho todo”, sostuvo el magistrado, quien invocó un artículo de la normativa territorial vigente que faculta al Consejo de Gobierno a suspender cualquier instrumento de ordenación. “Solo sería necesario permutar parcelas”, añadió, “lo que no llevaría más allá de tres o cuatro meses”.
Plan Parcial suspendido
Pero hay más, mucho más. Lo que tampoco se ha escuchado al alcalde de Santa Cruz de Tenerife ni al consejero de Justicia del Gobierno canario, y que salió a relucir en la rueda de prensa celebrada este viernes, es que el Plan Parcial de El Sobradillo está suspendido. Su uso docente se puede cambiar a administrativo, pero lo mismo se puede hacer con las parcelas libres de Cabo Llanos.
Al margen de los discursos de que las administraciones públicas deben estar centralizadas, lo que se ha reiterado durante más de un decenio, los integrantes de la plataforma recalcaron que no han sido consultados sobre el traslado, sino que la decisión se ha adoptada sin pedirles opinión.
La fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Carmen Almendral, aclaró que fueron convocados a una reunión con José Miguel Barragán en febrero pasado, para plantearles “la opción” de El Sobradillo como una posibilidad más. “Nos dijeron que contarían con nosotros (los operadores judiciales) para tomar la decisión, pero la siguiente noticia fue que esa decisión ya había sido tomada. Creemos que ya estaba tomada cuando tuvimos la reunión en febrero”.
Las palabras de Astor Landete y de Almendral fueron respaldas por los representantes de los secretarios judiciales, abogados, procuradores y funcionarios. Pero quien puso el dedo en la llaga fue el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Lorenzo Bragado, que pidió “coherencia” al Gobierno regional, ya que (entre otros inconvenientes está la falta de transporte público) no se ha realizado ningún estudio de impacto medioambiental ni de movilidad.
Esa movilidad es esencial en este asunto, dado que en la actualidad solo se puede acceder en coche a la zona destinada a los juzgados. “Habría que ampliar la TF-1, la TF-2 y la TF-5, para lo que no hay un coste estimado”. Tampoco existe un estudio de cuánto se tardaría en esas obras, que, a tenor de los colapsos actuales, serían esenciales, ya que la actividad judicial supone un desplazamiento de cerca de 4.000 personas cada día.
Lo que no se dijo en la rueda de prensa
Aunque fue preguntado, Astor Landete no quiso entrar en las posibles especulaciones urbanísticas que estarían detrás del traslado de las sedes judiciales a El Sobradillo. Tampoco quiso entrar en el interés del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de extender la vía 2 del tranvía a esa zona, algo que cuenta con una fuerte oposición vecinal, pero que, una vez iniciadas las obras del campus de la Justicia, sería casi obligado. Ello, junto a la suspensión del Plan Parcial de El Sobradillo, significaría que el nuevo campus de la Justicia no podría construirse de inmediato, en contra de lo que han señalado Barragán y Bermúdez. Lo que sí matizó el juez decano es que, sin duda, el campus de El Sobradillo sería mucho más costoso de lo que a priori se le supone.
Tampoco se sacaron a relucir las plazas de aparcamiento que habría que construir (en la zona de Cabo Llanos hay unas 5.000 ya constituidas), ni que la parcela de El Sobradillo no cuenta en realidad con 22.000 metros cuadrados, sino con menos, porque en su centro hay un embalse de la empresa mixta de aguas Emmasa.
Otros detalles que están sobre la mesa, pero que los miembros de la plataforma no nombraron, son la posibilidad de levantar otras tres plantas más en el actual edificio de juzgados (“el edificio fue construido para ello. Tiene suficiente carga estructural”, dijo el juez decano), y que la parcela en la que ahora se levanta una terraza de verano fue expropiada a particulares que verían con muy malos ojos que los que fueron sus terrenos sirvieran, a la larga, para otros fines que no son públicos.
La plataforma, constituida como un sólido frente común ante las pretensiones del Gobierno de Canarias (poder judicial frente a poder ejecutivo), espera que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad rectifique y se reúna con ellos, como primer paso para formar parte del expediente administrativo que se vaya a tramitar. Lo que han dejado claro los portavoces de esta iniciativa es que no se quedarán de brazos cruzados.
