Los antivacunas vuelven a amenazar a otro colegio de Tenerife con un aviso de bomba

El IES Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, ha recibido este martes, 15 de febrero, un aviso de bomba por parte de alguien que dijo ser antivacunas. Los hechos ocurrieron sobre las 10.00 de la mañana, cuando una persona telefoneó al Ayuntamiento y avisó de que había un artefacto explosivo en el centro.

Inmediatamente, tanto el alcalde, Juan Manuel Acosta, como el concejal de Seguridad, Antonio Damián González, y dos técnicos, acompañados de la Policía Local, acudieron al centro y se procedió entonces a evacuar a todo el alumnado y personal. En este instituto hay 800 alumnos, 73 profesores, tres conserjes y dos administrativos.

Todos los evacuados se desplazaron a la cancha deportiva del centro y a una calle cercana, que fue cortada mientras la Guardia Civil, con una unidad canina, registraba las instalaciones. Finalmente, la búsqueda concluyó sin hallarse nada sospechoso, por lo que el alumnado regresó a las aulas.

La dirección del centro ha relatado a este periódico que tanto los alumnos como el personal se portaron “genial”, colaborando en todo momento y abandonando las instalaciones rápidamente y de forma ordenada.

Los padres y madres, añade esta fuente, fueron informados mediante un comunicado enviado a través de los canales que usa el centro para comunicarse con ellos.

El motivo de este aviso es que la próxima semana una vacuguagua de la Consejería de Sanidad se instalará junto al centro para proceder a la vacunación contra la COVID de los menores que así lo deseen y cuenten con el consentimiento expreso de sus padres.

Desde el centro subrayan que acciones como esta, en referencia al aviso de bomba, “no llevan a nada y entorpecen nuestro trabajo”.

Se trata de la segunda amenaza de bomba en la isla por parte de antivacunas, después de que la semana pasada ocurriera algo similar en el CEIP Isaac de Vega, en el municipio de Granadilla, en el sur de Tenerife.

Otras amenazas en Canarias

Estas amenazas se suman a las recibidas a principios de mes por personal docente de los centros educativos en los que se están administrando vacunas a menores, solo a aquellos que cuentan con la autorización de sus progenitores. Fue el sindicato ANPE Canarias quien denunció que profesionales que participan en el programa piloto de vacunación de menores de 5 a 12 años contra la COVID-19 estaban siendo amenazados por colectivos antivacunas.

El sindicato expuso en un comunicado que dos asociaciones contrarias al proceso de vacunación y al uso de mascarillas enviaron a los centros cartas intimidatorias en las que los acusaban de estar cometiendo “graves delitos” y amenazaron al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron con trabajadores sanitarios.

También el Servicio Canario de la Salud ha sido objetivo de antivacunas y negacionistas. En enero miles de correos electrónicos fueron enviados a enfermeros y auxiliares que participan en la campaña de vacunación desde diciembre de 2021 en las Islas a menores de 12 años. Estos profesionales recibieron en sus correos corporativos un documento en formato PDF con mensajes amenazantes respecto de la campaña pediátrica que desarrollan para inmunizar a la población de entre 5 y 12 años frente al coronavirus, según denunció entonces el director del SCS, Conrado Domínguez. Las cartas iban firmadas por dos colectivos: la Asociación Nacional Sovida y la Asociación Nacional Leaders Collegue International.

En las misivas se aseguraba que estaban “cometiendo graves delitos tipificados en el Código Penal contra menores de edad”.