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La Audiencia tinerfeña rebaja las penas de cárcel por la construcción ilegal de El Trompo en La Orotava

La corrección realizada por ese órgano judicial reduce de dos años y medio a seis meses de cárcel las condenas al entonces alcalde, Isaac Valencia (CC), y al exsecretario municipal Juan Carlos de Tomás

Ambrosio Jiménez, el empresario promotor del centro comercial que también resultó condenado, en el juzgado

Ambrosio Jiménez, el empresario promotor del centro comercial que resultó condenado, en el juzgado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincia de Santa Cruz de Tenerife ha estimado parcialmente los recursos presentados contra la sentencia de un juzgado de La Orotava que condenaba al empresario Ambrosio Jiménez, al exsecretario del Ayuntamiento de La Orotava Juan Carlos de Tomás Martí y al exalcalde Isaac Valencia (de CC) por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en el caso de la construcción del centro comercial de El Trompo, informó este martes Radio Club Tenerife-Cadena SER en una pieza que firma Pedro Murillo.

En esa resolución de la Audiencia Provincial, se revoca el derribo de 2.137 metros cuadrados del centro comercial El Trompo y se rebajan las penas de prisión de dos años y medio a seis meses de cárcel para el alcalde y el secretario municipal.

Sin embargo, se mantiene la pena de inhabilitación de cargo público y se reconoce que el citado centro comercial se construyó sin tener las licencias para ello. En la sentencia dictada en primera instancia, se consideraba probado que los acusados conocían que el edificio se construía en suelo rústico potencialmente productivo según el Plan General vigente.

En el caso de Ambrosio Jiménez, el juez indica que el constructor "era conocedor de que El Trompo se llevaba a cabo sobre suelo rústico y sobre zonas verdes, esto es, sobre terreno en el que no se podía llevar a cabo una edificación de esa naturaleza. Pese a ello, y a que además conocía que conforme al Plan General de Ordenación vigente nunca se podía haber autorizado allí una construcción de esas características, decidió llevarla a cabo".

De la misma forma, en la sentencia se considera probado que tanto Valencia como Martí conocían que las obras eran ilegales. 

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