La asociación Francisco de Vitoria reprocha a Barragán que quiera acallar la voz de los jueces con su queja ante el Poder Judicial
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha considerado este lunes que el consejero de Presidencia, José Manuel Barragán, ha intentado acallar la voz de los jueces de Tenerife al presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por las críticas al posible traslado de la Ciudad de la Justicia a El Sobradillo, en el distrito Suroeste de Santa Cruz.
La asociación de jueces entiende que se haya generado una “fuerte corriente de opinión” contra la decisión del Gobierno de Canarias de trasladar la sede judicial y afirma que entre los afectados por ese traslado se encuentran los jueces y magistrados.
Por ello, agrega esta asociación en un comunicado, es “bien lógico” que, en nombre de ese colectivo, el decano y el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hayan encarado el asunto “exponiendo en público los muchos y serios reparos que suscita la iniciativa”.
También se afirma que, por el contrario, el consejero Barragán comunicó su decisión de la nueva ubicación sin convocar previamente a la comisión mixta, trámite preceptivo que incluso había sido solicitado formalmente por esta asociación.
La misma asociación judicial indica que sorprende que la reacción del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, de CC, sea presentar una queja contra el decano y el presidente de la Audiencia ante el CGPJ, a los que acusa de cometer una infracción disciplinaria por criticar su plan.
En opinión de esta organización, es “reprobable” que el consejero considere las críticas como una “presión inaceptable” y que pretenda “cercenar un ejercicio de libertad de expresión tan lógico de quienes tan solo le han confrontado razones que le corresponde escuchar, como, de igual modo, tendrá que soportar que se revise si sus decisiones se ajustan a derecho, lo que mal puede interpretarse como amenaza o presión pues vivimos, por fortuna, en un Estado de derecho”, afirma la nota.
El comunicado de la asociación judicial recuerda que la crítica a las decisiones de los poderes públicos es para los jueces “un derecho y un deber” que no deben “penalizarse de ningún modo”.
