El denunciante del caso Grúas carga contra la complicidad de la Fiscalía con los investigados
“Estoy verdaderamente escandalizado con la actitud de la Fiscalía porque este asunto, que tiene más envergadura que otros en los que está actuando, no lo lleva Anticorrupción”. Santiago Pérez, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, se quejaba así del comportamiento del Ministerio Fiscal en el caso Grúas, en el que se trata de investigar la actuación de autoridades municipales (algunas de ellas en otros destinos, como el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo) en torno a una empresa que gozó de diversas ventajas en contra de la opinión del interventor del Ayuntamiento.
A Santiago Pérez le produjo satisfacción conocer el auto de la Audiencia Provincial que este miércoles volvía a afear a la jueza instructora sus escasas ganas de investigar a las autoridades municipales presentes y pretéritas. Pero recordó con esa resolución en la mano que el Ministerio Fiscal no lo apoyó cuando recurrió el auto de la jueza Celia Blanco denegándole llamar a declarar como investigado al actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz. A juicio del portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias, “en este asunto no es que la Fiscalía esté ausente, es que parece defender a las autoridades a las que se está investigando por presuntos delitos”.
El Ministerio Público, es cierto, se ha venido oponiendo a todos los recursos formulados por la acusación, incluido aquel con el que se opusieron al archivo de plano de la causa, decretado por la jueza en un auto que sufrió un tremendo revolcón por parte de la Audiencia Provincial, que la obligó a investigar, aunque fuera mínimamente, los hechos recogidos en la denuncia. Las Fiscalía también se opuso a la declaración del actual alcalde y, ante el recurso de los denunciantes, también se mostró contrario a esas pretensiones, ahora atendidas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
“La obligación de la Fiscalía es promover la acción de los tribunales en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, y en este asunto a quien parece defender es a las autoridades investigadas”. Por eso y por la enjundia de los delitos que se investigan, Santiago Pérez reclama que se remueva al fiscal destinado a ese juzgado para que la causa la lleve la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, a cuyo frente se encuentra María Farnés Martínez.
Después de meses de instrucción, los denunciantes solo han logrado que la jueza impute al portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño, por firmar un decreto sobre el servicio de grúas cuando se encontraba sustituyendo por vacaciones a José Alberto Díaz, entonces concejal responsable del área de movilidad. Los denunciantes esperan que tras las indicaciones de la Audiencia Provincial y, una vez se practique la declaración del actual alcalde, pueda extenderse la investigación al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que tuvo una actuación decisiva en el caso, incluso firmando varios decretos.
Lo viene advirtiendo la letrada de los denunciantes, Sandra Rodríguez, en el recurso que acaba de ganar: “Esta parte no puede dejar de señalar que, tanto siguiendo nuestra interpretación sobre la autoría, como la que se contempla en el auto recurrido, lo cierto es que el firmante de los otros dos decretos, Sr. Clavijo Batlle, debería ya estar siendo investigado por el órgano competente para ello”.Llegado tal caso, la jueza se verá obligada a elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada la condición de aforado del presidente.
El portavoz de Unidos Se Puede, Rubens Ascanio, ya anunciaba este miércoles que su representación procesal pedirá la imputación del presidente Clavijo, Llegado tal caso, la jueza se vería obligada a elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada la condición de aforado del presidente.
