La Fiscalía mantiene la acusación al guardia civil que intentó influir en los concejales en Arona
La Fiscalía de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife mantiene su petición de seis meses de prisión y 30.000 euros de multa para el agente de la Guarda Civil al que acusa de tráfico de influencias por haber intentado mediar en la intención de voto de los concejales de la oposición (PSOE) en el Ayuntamiento de Arona, y de haber intentado intervenir en la retirada de una sanción administrativa al ex concejal socialista Francisco García Santamaría por las irregularidades en un negocio familiar, el Camping Nauta.
Sin embargo, el abogado que defiende al acusado José Manuel Rodríguez, ex cabo de la Guardia Civil, ha recalcado en la vista oral celebrada este martes que su cliente actuó por altruismo, sin obtener beneficio alguno, y que si está sentado en el banquillo es porque “es bobo”, ya que “si se hubiera quedado quieto, no habría tenido que escuchar las barbaridades que se han dicho sobre él”.
La sesión de este martes, en la que esta pieza separada del Caso Arona ha quedado vista para sentencia, se centró en la audición de escuchas telefónicas interceptadas por la Policía Judicial, en la que el acusado habló con el ex alcalde nacionalista José Alberto González Reverón y con quien en 2008 era secretario general del Ayuntamiento aronero, Sebastián Martín (fallecido), en las que se interesó por qué se retirara un recargo de 36.000 euros en el pago de una multa al ex edil Santamaría.
Francisco García Santamaría fue quien denunció ante la Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife la concesión de licencias urbanísticas irregulares durante el mandato como alcalde de González Reverón, entre 2003 y 2007, y que ha dado lugar a la causa judicial conocida como caso Arona, enjuiciada entre enero y mayo pasados.
Tras ello, la Guardia Civil denunció irregularidades en su negocio familiar, el Camping Nauta, lo que llevó a una apertura de expediente en el ayuntamiento de Arona con su sanción, expediente en el que Reverón puso mucho interés en impulsar, según un técnico municipal.
“Labor altruista de un buen vecino”
Las audiciones no han dejado dudas en el intento de mediar de José Manuel Rodríguez entre unos concejales y otros, pero lo que ha quedado en el aire es qué beneficio podría haber obtenido el acusado de todo ello.
Esos intentos, que acabaron en nada, son interpretados por la fiscal como un tráfico de influencias, mientras que la defensa los califica de una labor “altruista” de buen vecino, que quería desbloquear la situación municipal, paralizada por las malas relaciones entre el ex alcalde y el ex edil socialista, denunciante-denunciado, denunciado-denunciante.
De acuerdo con esas escuchas, hubo tres reuniones en las que José Manuel Rodríguez no sólo estuvo, sin que fueron concertadas por él. Dos de ellas fueron reuniones en restaurantes, a la que asistieron Santamaría y Pablo Hernández, igualmente concejal de la oposición.
La tercera reunión y más contundente fue una comida en la finca del poderoso empresario Pedro Suárez, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife en 2008 y vicepresidente del CD Tenerife en la actualidad, a la que acudieron nacionalistas de CC y socialistas de la oposición, y en la que los testigos confirmaron que la convocatoria era para desbloquear la concesión de licencias en el Ayuntamiento de Arona (para lo que era necesario el voto favorable de los socialistas). Ninguno de los testigos recordó de qué licencias se hablaron, pero todos coincidieron en recordar que se comió cochino negro.
La Fiscalía sostiene que el ex cabo de la Guardia Civil, que era responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil en Playa de Las Américas desde 2004 hasta que fue destituido en 2008 por su imputación, y destinado a Madrid, insistió en que a Francisco García Santamaría “le habían prometido algo a cambio de votar a favor de determinados expedientes”, entre los que se encontraría uno concerniente a Pedro Suárez.
“Es un intento de influencia que va más allá de una posible amistad entre unos y otros, que todos han negado”, sostuvo la fiscal Silva Torres.
“No se han acreditado ninguno de los hechos de los que se acusa” al guardia civil, dijo su abogado defensor, José Ramón Pitti.
El 6 de junio volverá el caso Arona a los banquillos con otra pieza separada en la que José Alberto (Berto) González Reverón a sentarse en el banquillo por supuesto tráfico de influencias y prevaricación. Será la cuarta vez en siete meses.
