Licencias urbanísticas entre cochinos negros

El que fue responsable del Servicio de Información de la Guardia Civil en Playa de las Américas (Arona), el excabo José Manuel Rodríguez Rodríguez, niega que haya ejercido de intermediario entre políticos y empresarios para “desatascar” expedientes urbanísticos en ese Ayuntamiento del sur de Tenerife, y mucho menos que haya intentado convencer a concejales para que votasen a favor de determinadas licencias en las juntas de Gobierno.

José Manuel Rodríguez está acusado de tráfico de influencias y al Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita para él seis meses de prisión 30.000 euros de multa.

Desde este lunes es juzgado por el tribunal especial de la sección sexta de la Audiencia Provincial encargado del complicado caso Arona, cuya pieza central está pendiente de una sentencia que no se espera hasta después del verano.

Se trata de una pieza separada que se centra en tres reuniones que el ex cabo de la Guardia Civil habría tenido con concejales de CC y PSOE y con empresarios, una de ellas llevada a cabo en la finca de Pedro Suárez, que en 2008 era presidente del Circulo de Empresarios del Sur y uno de los hombres mas influyentes en ese municipio urbanístico desde hace décadas.

Pese a que se trata de una pieza menor, tenía sus alicientes. A José Manuel Rodríguez le representa Javier Nart, pero el televisivo abogado delegó en un colega y no se le vio. En cuanto a los testigos, uno de ellos era el mismo exalcalde de Arona, el nacionalista José Alberto González Reverón, que hasta hace dos semanas estaba sentado en el banquillo, ya condenado en firme por prevaricación y apartado de la vida pública, y a la espera de más sentencias.

También fue testigo Antonio Sosa, el exconcejal de Urbanismo entre 2007 y 2011 con González Reverón, e igualmente condenado en firme por prevaricación en la primera pieza separa de la supuesta trama de corrupción municipal. Sosa señaló que no tenía constancia de que el acusado “intermediara para convencer a la oposición de que votara a favor de determinados expedientes”.

Objetivo: desbloquear las licencias bloqueadas

Todos, tanto testigos como acusado, reconocieron haberse reunido y haber compartido un cochino negro en la finca de Pedro Suárez en abril de 2008, en la que hubo concejales de CC, del CCN y del PSOE, con el fin de que los miembros del Gobierno local y los concejales de la oposición limaran asperezas y se empezaran a conceder licencias, bloqueadas desde que el socialista Francisco García Santamaría denunciara ante la Fiscalía los hechos que han dado lugar al caso Arona.

Tras esa denuncia, la Guardia Civil abrió expediente al Camping Nauta, que era propiedad de Santamaría y su familia, y quien se habría quejado al agente de la Benemérita de que le habían impuesto una sanción con recargo y sin opción de apelar.

Por qué el guardia civil estaba en todas esas reuniones es algo que la Fiscalía interpreta como algo más que la buena voluntad y buena vecindad que el acusado asegura que tenía con miembros de la Corporación y empresarios de la comarca, y para ello se apoya en las escuchas telefónicas grabadas por la Policía Judicial durante la instrucción del sumario.

A preguntas de su abogado, el acusado explicó que era una persona muy conocida en Arona (“organizaba las travesías de David Meca”, matizó), y que si intervino para que se cerrase una reunión entre Santamaría y Suárez, fue para intentar entre todos que se limaran asperezas en el Ayuntamiento, pero que lo hizo a título personal. “Aparte de guardia civil, tengo mi propia vida”.

Sin embargo, negó haber intervenido en expedientes municipales para favorecer concesión de licencias, ni haberse reunido con Pedro Suárez jamás a solas, ni saber siquiera cómo se lleva a cabo la concesión de licencias urbanísticas.

“No soy intermediario de nada. El Ayuntamiento estaba bloqueado por las malas relaciones de unos y otros, y eso es algo que sabíamos todos los vecinos”, dijo a preguntas de la fiscal Silva Torres.

Igualmente negó haber intermediado ante el ex alcalde frente al expediente sancionador abierto al Camping Nauta. “Solo le pregunté si cabía el recargo a la sanción, no que se la quitara”.

Francisco García Santamaría reconoció haberse reunido con Rodríguez en varias ocasiones, aunque primero negó que en ellas se hablara de licencias municipales, para finalmente admitir que acudió a la comida en casa de Suárez porque se lo pidió el acusado. Otro testigo, el ex concejal del PSOE Pablo Hernández, aclaró que el motivo de la reunión era “desbloquear licencias urbanísticas”.

Pedro Suárez declaró que no sabía quién había organizado la comida en su casa, a la que asistió mucha gente“, incluido el consejero socialista del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena. ”No necesito intermediarios para hablar con unos y con otros“, aseveró, para añadir que no él no tenía pendiente ninguna concesión del Ayuntamiento y que entre los expedientes a desbloquear no había ninguno suyo.