La jueza reabre el caso Grúas y llama a declarar a uno de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna que lo gestionó

El caso Grúas sigue vivo. La jueza titular de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, ha citado a declarar en calidad de investigado a un funcionario del Ayuntamiento de esa ciudad en orden a lo acordado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que continúa apreciando indicios de delito en la privatización del servicio municipal de retirada de vehículos durante la etapa del expresidente de Canarias Fernando Clavijo, que ya quedó exonerado por el Tribunal Supremo tras su aforamiento en el Senado.

El próximo día 27, a las 09.30 horas, está citado a declarar el funcionario Alejandro Cordero, quien fuera responsable de tramitar una parte importante del expediente por el que se privatizó el servicio de grúas de La Laguna mediante un procedimiento en el que se detectaron varias irregularidades que fueron abordadas en una comisión de investigación municipal y en una posterior denuncia ante los tribunales de justicia. 

Cordero ya declaró en su momento ante la comisión de investigación que él mismo había detectado irregularidades y que las había puesto en conocimiento de sus superiores, sin que se actuara convenientemente.

En la misma comisión de investigación intervino el propietario de la empresa a la que le fue adjudicado el servicio, Autogrúas Poli, quien reconoció haber recibido presiones del poder político, esencialmente de Fernando Clavijo, para componer una plantilla de trabajadores designados por él. Luego, la empresa fue sufriendo continuos retrasos en el pago de las contraprestaciones por la concesión hasta que su dueño se vio abocado a venderla a esos empleados, algunos de los cuales se declararon amigos de Clavijo en sede judicial.

Los trabajadores no fueron capaces de mantener la empresa, lo que condujo a que el Ayuntamiento le concediera un préstamo, a pesar de encontrarse en una situación tan delicada que recomendaba por parte de los técnicos que le fuera retirada la concesión y se convocara un nuevo concurso. Nada de eso se hizo y la empresa fue vendida por los trabajadores a otro empresario sin el consentimiento formal del Ayuntamiento.

Unos informes externos encargados a profesores de la Universidad de La Laguna muy vinculados a los dirigentes investigados bendijo las operaciones sospechosas, y de ellos se valió en gran medida el Tribunal Supremo para no apreciar la existencia de delito.

Ahora Fernando Clavijo reclama del Ayuntamiento de la ciudad de la que fue alcalde los 55.000 euros de emolumentos que reclama su abogado, el exmagistrado José Antonio Choclán. Pero la causa aún sigue viva.