El TS multa a uno de los imputados por el destrozo del barranco de Gúimar
El Tribunal Supremo (TS) se ha puesto del lado del Gobierno de Canarias y del Consejo Insular de Aguas y ratifica una multa de 120.000 euros a la empresa Hermanos Morales Martín SL. Su responsable José Enrique Morales, se sentará próximamente en el banquillo junto con otros cuatro empresarios por el supuesto delito medioambiental cometido en el barranco de Badajoz en Güímar.
La sanción ha sido impuesta por daños al dominio hidráulico ocasionados por la actividad de extracción de áridos y además del desembolso económico también se obliga a la empresa a restituir el cauce a su estado original.
El Supremo da por cierto el daño medioambiental hecho, pese a que la empresa argumentó que no era tal, dado que el caudal seguía corriendo por el barranco. “Que las aguas sigan discurriendo por ese paraje -algo que difícilmente podría no suceder- no desdice la afirmación de que el cauce ha desaparecido efectivamente. Como tampoco lo desdice que haya podido ir formándose otro cauce menor”.
La Sala además da por probado que los trabajos continuaron después del año 1996 que fue cuando caducaron los permisos concedidos. La empresa, además, es obligada a pagar las costas judiciales que ascienden a 2.000 euros.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Güímar impuso a finales del pasado año una multa de 279,3 millones a estos cinco empresarios. La mayor cuantía recae sobre el empresario Francisco Javier del Rosario, al que se le impuso una fianza de 69,5 millones de euros como representante legal de Áridos del Atlántico SL, titular de las canteras El Fregenal y El Llano II. Antonio Plasencia deberá hacer frente a 66,4 millones como responsable de la sociedad Áridos del Sur, que durante años explotó la cantera de Badajoz.
El principal propietario de Hermanos Morales Martín SL tendrá que dejar en manos del Juzgado 62,9 millones por la extracción de áridos en la cantera Baden II. En el caso de Fulgencio Díaz, administrador de la entidad Áridos Puertito de Güímar, que realizó su actividad en la cantera de Agache, la cuantía total es de 41,3 millones; mientras que la fianza menor pesa sobre Pedro Díaz, representante legal de Extracciones de Áridos Canarios, titular de la cantera Extracsa, con 39 millones.
Con este dinero se quiere garantizar que en caso de resultar condenados podrán hacer frente a la restauración de los cauces. El Ayuntamiento, además, pide indemnizaciones por valor de 209 millones.
La extracción de áridos en este barranco se llevó a cabo de una forma absolutamente desordenada y sin control durante más de una década, apelando a unos permisos incompletos. El lugar afectado tiene un alto potencial agrícola. Los cinco empresarios que durante años extrajeron áridos sin permiso en los barrancos del municipio tinerfeño tendrán que defenderse de la presunta comisión de cinco delitos contra el medio ambiente, por los que la Fiscalía pide 25 años de cárcel y millonarias indemnizaciones económicas, entre otras posibles consecuencias penales.
