Estamos ante una nueva manifestación de lo que algunos políticos consideran que puede hacerse con el dinero público. Antonio Alarcó, candidato del PP a revalidar su puesto en el Senado, presentó la Digi-Card el 2 de mayo, dieciocho días antes de las elecciones autonómicas y locales, en compañía de la presidenta de su partido, Cristina Tavío, experta también en desviar fondos públicos a acciones de su partido político y a ropa interior de hombre y de mujer. El tercer convidado en la presentación era Pedro Suárez, candidato a la alcaldía de La Laguna por esa misma formación política. Los tres portaban en sus manos la Digi-card personalizada con los datos de cada cual y de tal guisa explicaron lo novedoso del invento. Así, Alarcó dijo que se trataba de una tarjeta similar a una de crédito con información sobre el candidato, “sus opiniones y su actividad cotidiana”. Además incluía también su perfil político, sus fotografías, vídeos y datos relevantes para las elecciones. Según la crónica que distribuyó Europa Press, el senador Alarcó incidió en que la tarjeta “tiene un formato novedoso, es una forma más de introducir las nuevas tecnologías en la política y responde a un modelo económico y ecológico”. Sobre todo económico, sí señor, porque, al fin y al cabo, ¿qué son 2.790 euros de dinero público para el PP y para el bolsillo del candidato? Es verdad, nada. Lo hemos pagado entre todos. 5.000 tarjetas propagandísticas que el partido de la regeneración repartió por Tenerife sin que los usuarios supieran que las habían pagado con sus impuestos.