Soria vuelve a mostrar lo más mendaz de su argumentario cuando trata de explicar la sangría económica que va a suponer para las arcas públicas canarias la ristra de sentencias judiciales condenatorias, particularmente las que tienen que ver con la moratoria. Esa ley “es un disparate en el que participamos todas las fuerzas políticas y que propició el que entonces era presidente del Gobierno, Román Rodríguez”. Dice verdad el vicepresidente cuando recuerda que la ley de la moratoria fue aprobada por unanimidad en el Parlamento, luego con los votos del PP. Pero se olvida de un detalle significativo que recogen las sentencias condenatorias: los sucesivos gobiernos de Adán Martín y de Paulino Rivero, en los que ha participado y participa el PP, no han hecho sus deberes, no han desarrollado las directrices sectoriales ni han llevado a la Cámara la ley a la que estaban obligados para desarrollar la primera de todas. Los tribunales están condenando porque la suspensión de derechos por tres años se ha convertido en una expropiación encubierta por la negligencia de gobernantes que parecen muy interesados en repartir dinero público entre los afectados por la moratoria. Y los dueños de sagradas montañas.