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La jueza Rosell se aparta de la causa contra Miguel Ángel Ramírez, contaminada por Salvador Alba

La magistrada recuerda que la Fiscalía atribuye al juez suspendido en sus funciones hasta cinco delitos cometidos durante los seis meses que la sustituyó en el juzgado

Las partes personadas piden la nulidad de actuaciones, y Rosell considera que no debe ser ella la que resuelva la cuestión por ser víctima de los delitos de Alba

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El juez Salvador Alba, junto a uno de sus abogados, antes de declarar en el TSJC. (ALEJANDRO RAMOS).

El juez Salvador Alba, junto a uno de sus abogados, antes de declarar en el TSJC. (ALEJANDRO RAMOS).

La magistrada Victoria Rosell, titular de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha pedido a la Audiencia Provincial que admita su abstención en las diligencias previas 644/2014, que se siguen por presunto fraude fiscal del empresario Miguel Ángel Ramírez, por considerar que no es quien deba resolver la petición de nulidad reclamada por las partes tras la actuación en ellas del juez Salvador Alba. Esta petición de la jueza la fundamenta en su condición de víctima de los cinco delitos que presuntamente cometió Alba durante el tiempo que la sustituyó en el juzgado, lo que ha desembocado en una petición del Ministerio Fiscal de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación y en la consiguiente suspensión en sus funciones decretada por el Consejo General del Poder Judicial.

Victoria Rosell recuerda en su escrito motivado de abstención, elevado al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, lo dicho por el fiscal jefe de Canarias en su informe de acusación contra Salvador Alba: “El acusado, plenamente consciente de cuáles eran los contornos propios del objeto a instruir (…) realizó, en el periodo de tiempo comprendido entre el 3 de noviembre de 2015 y el 3 de mayo de 2016 una serie de actuaciones en aras a desvirtuar la configuración delimitada en el proceso penal instruido”.

A juicio del Ministerio Público, el juez suspendido Salvador Alba estuvo delinquiendo los seis meses que estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, al menos en lo que respecta a la causa objeto de la abstención de la magistrada titular.

Estas actuaciones que relata el fiscal consistieron en buscar denodadamente, sirviéndose de su condición de superioridad sobre el investigado, algún tipo de actuación irregular de la magistrada que contribuyera a que fuera admitida por el Tribunal Supremo una querella promovida por el exministro del Partido Popular José Manuel Soria, que en diciembre de 2015 había competido en las elecciones generales con Victoria Rosell, candidata de Podemos. La querella de Soria, que fue admitida gracias a un informe de Salvador Alba, fue archivada por ausencia de delito por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que se hizo cargo de la causa al dimitir la diputada de Podemos en aplicación del código ético de la formación.

Alba actuó en el juzgado de Rosell, cuya sustitución logró pese a haber agotado ese año de 2015 los seis meses reglamentarios de sustitución, después de que fracasara otro ataque promovido por Soria a través de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que abrió unas diligencias preprocesales contra la magistrada que resultaron fallidas. Primero fueron rechazadas por el Consejo General del Poder Judicial, que no apreció ninguna infracción disciplinaria, y luego en el TSJC y en el Tribunal Supremo, donde se apreció vulneración de derechos hacia la persona investigada.

A lo largo del proceso seguido en el TSJC contra Salvador Alba han quedado probadas las relaciones que mantuvo con José Manuel Soria cuando le pidió su respaldo para formar parte del Consejo General del Poder Judicial y para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En la Ciudad de la Justicia y en todos los entornos judiciales que han conocido el caso Alba, también denominado Albagate, se da por sentado que el magistrado suspendido en sus funciones contaminó de tal modo la causa contra el empresario Miguel Ángel Ramírez que “la ha hundido” por referir la expresión más generalizada. No solo amañó una declaración del investigado (tras imponerle una fianza de 35 millones de euros) para que relatara viejos contratos comerciales con la pareja de Rosell, sino que también tuvo conocimiento extra-procesal de la causa, solicitó documentación ajena al procedimiento y falseó informes para empujar la querella promovida por José Manuel Soria ante el Supremo. Además, a Alba se le acusa de haber divulgado esas acciones suyas a través de dos medios de comunicación, La Provincia/Diario de Las Palmas y El Mundo.

De ahí que sobre él pese en estos momentos la acusación por cinco delitos: prevaricación, falsedad documental, revelación de secretos, cohecho y negociación prohibida a funcionario o abuso de su función como juez.

Un auto firme de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC considera víctima de esos delitos a la magistrada Victoria Rosell, que por ello actúa contra Alba como acusación particular. Esa condición le ha conducido a abstenerse por no considerarse imparcial para resolver sobre la nulidad de las actuaciones contaminadas por Salvador Alba.

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