El Supremo admite un recurso contra la ordenación del Canódromo
El Tribunal Supremo ha dado un paso más en el conocido como caso Canódromo, que enfrenta a la Asociación de Vecinos Avecalta contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, después de que éste último permitiera la construcción de las torres tras acceder a una permuta que le ocasionó pérdidas.
El TSJC validó en 2016 la construcción de las dos torres de quince plantas con 120 viviendas en total en Schamann, al desestimar un recurso de Avecalta contra el acuerdo de la Cotmac que validó la incorporación de las torres al Plan General de Ordenación en 2012.
Sin embargo, según informa Canarias 7, la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo analizará ahora si hubo arbitrariedad en la inclusión de las viviendas en el planeamiento. De hecho, el Alto Tribunal considera que el TSJC no entró a valorar en su sentencia si esta decisión fue arbitraria e injustificada.
El auto judicial señala que “esta Sala aprecia que existe, en efecto, interés casacional objetivo (...) ya que la resolución que se recurre resuelve un proceso en el que se impugnó directamente una disposición de carácter general (la aprobación del Plan General de Ordenación)”.
Con las torres paralizadas hace años por la nulidad de las licencias de obra, el Canódromo ha sido el caso de presunta corrupción más sonado en el Ayuntamiento capitalino a lo largo de las dos últimas décadas, desde que con José Manuel Soria en la alcaldía (1995 - 2003) se iniciara una operación para recuperar los terrenos de uso deportivo en la parte alta de la ciudad, y que acabó con un Plan Especial aprobado por su sucesora, Pepa Luzardo (2003 -2007), que dio cobertura a la construcción de dos torres de viviendas.
En 2002 el Ayuntamiento acordó el cambio de la parcela que hoy ocupa el parque del Canódromo, en Schamann, mediante un convenio urbanístico que se incorporó al Plan General vigente con la aprobación de un Plan especial. El convenio fue negociado entonces por el concejal de Urbanismo, el exalcalde y actual concejal en la oposición Juan José Cardona, siendo primer regidor José Manuel Soria, pero el Plan Especial se aprobó cuando ya era alcaldesa Pepa Luzardo.
Tanto el Gobierno de Canarias, como el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa Realia se opusieron a la admisión a trámite del recurso de casación de Avecalta.
