Canarias recurre ante el Supremo el decreto que limita las funciones de los enfermeros
Canarias será, después de Baleares y País Vasco, la tercera comunidad autónoma que recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
Así lo ha anunciado este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero canario de Sanidad, Jesús Morera, quien ha afirmado que este real decreto, publicado el pasado 24 de diciembre en el BOE, “vulnera principios básicos y bloquea y vacía de competencias la actividad de estos profesionales”.
Además, el consejero ha considerado que esta norma “genera problemas en la asistencia sanitaria” desde el momento en el que “un enfermero no puede dar un paracetamol a un enfermo en un centro de salud.
Morera ha afirmado que otras comunidades autónomas, como Andalucía, pueden seguir a Canarias en la interposición de iniciativas similares, un asunto que abordarán en una próxima reunión los distintos consejeros socialistas del área.
El acuerdo adoptado este lunes por el Consejo de Gobierno de Canarias pretende que el Tribunal Supremo “deje sin efecto esta normativa estatal” por considerar esta comunidad autónoma “que se trata de una norma de imposible cumplimiento y que vulnera el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía, además de que jurídicamente vulneras competencias” de la administración autonómica.
Según ha explicado Jesús Morera, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias estiman que este real decreto “adolece de vicios materiales y procedimentales que justifican su impugnación ante el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional que tiene la competencia para el conocimiento en única instancia de los recursos que se interpongan contra las disposiciones del Consejo de Ministros”.
Igualmente, creen que “se produce una infracción de jerarquía normativa porque constriñe y limita la configuración que el artículo 79.1 del real decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los medicamentos y productos sanitarios lleva a cabo sobre la indicación, uso y autorización de dispensación de los medicamentos de uso humano sujetos a prescripción médica”.
Morera ha recalcado que el departamento que dirige “se ha posicionado desde el primer momento radicalmente en contra de la regulación que establece esta normativa”, por lo que solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la convocatoria urgente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar este asunto “sin que se haya obtenido ninguna respuesta hasta el momento”.
Por ello, el Gobierno de Canarias ha acordado autorizar la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra este decreto y obtener su revocación, al tiempo que se solicitado su suspensión cautelar.
