La defensa del médico que falseó la historia clínica de su exmujer bajo una orden de alejamiento sugiere que era "un diagnóstico de sospecha"

El médico Sergio Hernández escucha la declaración de su exmujer en la primera sesión del juicio en su contra. (ALEJANDRO RAMOS)

Desde este lunes se juzga en la Audiencia Provincial de Las Palmas a un médico de familia que accedió al historial clínico de su exmujer en pleno proceso de divorcio y con una orden de alejamiento en vigor para introducir, sin valoración alguna, diagnósticos falsos de trastornos mentales que después trataría de utilizar en su favor para obtener la guardia y custodia completa de una hija en común. Sobre ese hecho concreto, el elemento central de la acusación, no ha habido controversia en el arranque de la vista oral. La primera sesión ha gravitado en torno a la figura de la denunciante, a la que la defensa ha intentado desacreditar durante el interrogatorio al que la ha sometido por algunas respuestas dubitativas o matizaciones posteriores a las cuestiones planteadas. “Me está intentando usted liar”, le ha espetado en un momento del juicio la mujer, M.L.E., al abogado de su exmarido ante su insistencia para hacer aflorar contradicciones y la advertencia del tribunal sobre su condición de testigo y las penas por falso testimonio.

Un médico manipula la historia clínica de su exmujer para diagnosticarle trastornos psicológicos

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Ante la imposibilidad de negar el acceso y la manipulación de la historia clínica, de la que quedó registro, la defensa ha dejado entrever este lunes a través de sus preguntas que su estrategia se basará en el desprestigio de la denunciante y en la justificación de que, durante la época de los hechos (2014 y 2015), el acusado, Sergio Hernández, era aún “administrativamente” su médico de cabecera, ya que su exmujer, de la que se había separado en febrero de 2014 y de la que se divorció en enero de 2016, no había solicitado el cambio de facultativo en su centro de salud.

 El letrado del procesado ha introducido además el concepto de “diagnóstico de sospecha”, sugiriendo que su representado se limitó a insertar en la historia médica de su expareja un trastorno esquizoide de personalidad, además de personalidad narcisista, a modo de conjetura que después debía confirmar o descartar un médico especialista. Ese diagnóstico está fechado en octubre de 2014. Un mes antes, un juzgado de violencia de género había dictado contra el ahora acusado la segunda orden de alejamiento de su exmujer después de una denuncia por la que fue finalmente absuelto. La primera, datada en febrero del mismo año, justo en el momento de la separación, también fue de seis meses, en esa ocasión tras una condena por un delito de vejaciones.

La Fiscalía pide para Hernández seis años de prisión y diez de inhabilitación por un delito contra la intimidad en concurso medial con falsedad documental, aparte de una multa de 10.800 euros y la prohibición para ejercer la profesión médica en seis años. La acusación particular eleva las penas hasta los siete años de cárcel y doce de inhabilitación y la sanción a los 36.000 euros, además de reclamar una indemnización por daños morales que cifra en 200.000 euros.

Durante su declaración, la denunciante ha relatado que se percató de la manipulación de la historia clínica el 29 de junio de 2015, cuando acudió “con bastante ansiedad” al ambulatorio de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, y la doctora se refirió a varios trastornos mentales que figuraban en su base de datos pero que la denunciante no padecía. “Le pedí si podía verlo en la pantalla, incluso le pregunté si podía ir a administración a comprobarlo. Salía el nombre de Sergio Hernández de manera reiterada” a pesar de que, según su testimonio, había dejado de ser su médico de cabecera desde su separación, en febrero de 2014. Desde esa fecha no tuvo “ningún contacto” con su expareja y, por lo tanto, no acudió en ningún momento a su consulta. M.L.E. ha señalado que en aquella época estaba en tratamiento con un psiquiatra, pero por un cuadro de depresión, no por las patologías que le imputó Hernández. “La depresión era por un tema personal, familiar”, ha dicho la denunciante en referencia a su relación, que ya estaba muy deteriorada a finales de 2006, cuando se trasladó a Estados Unidos embarazada y con su otra hija porque la convivencia con el hombre con el que se había casado ese mismo año era "insostenible". Los cambios en su expediente coincidían, según afirmó, con episodios conflictivos con su pareja. La afectada ha añadido que, después de que los juzgados otorgaran la custodia compartida de la menor a los progenitores, el padre solo cumplió con su parte “unos cuantos meses” y que ahora la relación con su hija se limita al contacto telefónico y “de vez en cuando, cada quince días aproximadamente”, a irla a recoger al colegio y almorzar con ella.

“¿Quiere que su exmarido vaya a la cárcel?”

Tras las preguntas formuladas por el fiscal y los abogados de la acusación particular y del Servicio Canario de Salud (que figura en la causa como responsable civil subsidiario), el momento más bronco de la primera sesión llegó con el interrogatorio de la defensa a la denunciante. El letrado de Hernández quiso saber, en primer lugar, cuántas veces había acudido al SCS tras esos hechos. La cuestión trataba de profundizar en una aseveración previa de la testigo: “No voy al SCS. Con las patologías que me han puesto, me puede pasar cualquier cosa”, dijo. Posteriormente, matizó y aclaró que había acudido “dos veces” a urgencias en el último año. “He ido en ocasiones muy puntuales desde que me separé”. A partir de ese momento, la declaración comenzó a enredarse en asuntos que se alejaban del núcleo de los hechos enjuiciados, con una confusión entre bajas médicas y bajas laborales, entre “depresión y trastorno depresivo” o neoplasia (cualquier procedimiento relacionado con un tumor, ya sea benigno o maligno) y cáncer.

“¿Qué perjuicio le ha causado su exmarido al acceder o modificar su historial clínico?”, le preguntó en varias ocasiones a la afectada el abogado de Hernández, haciendo hincapié en que en uno de sus accesos había retirado el diagnóstico de neoplasia de ovario. “Lo ha utilizado en un procedimiento judicial (para la guardia y custodia de un menor), lo ha llevado a una psicóloga, lo ha enseñado a mis vecinos, a mi familia…”, respondió M.L.E., que ha asegurado que ese documento ya había sido exhibido “en todos lados” antes de que ella decidiera trasladarlo a un medio de comunicación, Canarias Ahora, para denunciarlo públicamente. “Emocionalmente me ha hecho mucho daño. Ir a un médico y que te digan que tienes unas patologías que no tienes… Claro que hemos sufrido, mis niñas, mi madre…”, ha añadido la denunciante antes de que el letrado del médico de familia le tratara de hacer una última pregunta, considerada impertinente por el tribunal: “¿Quiere que su exmarido vaya a la cárcel?”

Sin antecedentes en la unidad de Salud Mental

En la sesión de este lunes también testificó la psicóloga Melania Lorenzo, autora del informe que proponía la guardia y custodia compartida de la hija que tienen en común el acusado y su exmujer. La profesional ha relatado que cuando el médico del centro de salud de Schamann le aportó la historia clínica de su exmujer, en un documento “un poco borroso, sin sello ni firma” y con los diagnósticos de los trastornos psicológicos, solicitó al SCS de oficio que certificara su contenido. En su respuesta, el Hospital Juan Carlos I de Gran Canaria no constató lo allí manifestado, es decir, que la denunciante tuviera antecedentes en la unidad de salud mental, por lo que decidió “no tenerlo en cuenta” a la hora de realizar su informe. Lorenzo aseguró “no entender muy bien” por qué Hernández había decidido presentar esa historia clínica, aunque reconoció que el interés del médico era intentar hacer ver que en su mujer tenía algunos “problemas fundamentales en estudio” asociados a trastornos de personalidad.

El último en declarar este lunes ha sido Antonio Rico, hasta el año pasado director del centro de salud de Schamann, donde ejerce Hernández. El ahora presidente de Cruz Roja en Canarias ha señalado que los médicos de familia pueden incluir en la historia clínica de sus pacientes las sospechas de que puedan estar padeciendo algún tipo de enfermedad, pero que deben ser los especialistas en el área quienes la confirmen o rechacen tras realizar las pruebas oportunas y, en caso de descartarse, deberá borrarse esa conjetura de la base de datos. 

La vista continúa este martes con nuevas testificales.

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Publicado el
5 de octubre de 2020 - 21:04 h

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