La fiscal superior de Canarias echa por tierra los intentos de Vox de vincular inmigración y violencia sexual

La fiscal superior de Canarias, María Farnés, ha echado por tierra los constantes intentos de Vox de vincular la llegada de migrantes a las islas con el aumento de la violencia sexual. “No hay ningún dato de carácter objetivo que a mí me permita afirmar que la criminalidad sea consecuencia de la migración irregular”, ha subrayado este lunes en el Parlamento de Canarias durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024.

La diputada de extrema derecha Paula Jover preguntó a Farnés si veía “una locura” relacionar la inmigración con la delincuencia, a lo que la fiscal respondió tajante: “La Fiscalía no va a utilizar ni este adjetivo ni ningún otro, pero sí puede asegurar que, en esta comunidad autónoma, la Fiscalía no tiene ningún dato que nos permita afirmar que el aumento de la criminalidad, ni en delitos sexuales ni en ningún otro, tiene que ver con la inmigración”.

Farnés informó de que, con respecto a 2017, los delitos contra la libertad sexual han aumentado en un 81% en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en un 87% en Las Palmas. En concreto, en 2024, se incoaron 165.218 procedimientos, con un aumento del 17% en la provincia oriental y un 8% en la occidental. 

La fiscal superior de Canarias subrayó que este aumento, según datos del Ministerio del Interior, se ha registrado en todas las comunidades y ha insistido en que el Ministerio Público, “con la seriedad que le caracteriza, no puede dar este salto al vacío” de entender que el aumento de la criminalidad en el Archipiélago es consecuencia de la inmigración irregular.

“No les puedo decir que este número del 81% sea cometido por extranjeros y, dentro de los extranjeros, por personas migrantes irregulares. Máxime cuando en esta comunidad autónoma las personas inmigrantes irregulares que permanecen en ella son menores de edad no acompañados, puesto que los mayores de edad, en momentos de gran fluctuación, en 15 días o un mes están en la península”, aseveró.

Los días previos a la intervención de Farnés en el Parlamento canario han estado marcados por la tensión provocada por la extrema derecha. Este jueves, a petición de Vox, compareció en la Cámara Samuel Vázquez, portavoz nacional del partido de ultraderecha para cuestiones de inmigración y presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. 

En su intervención, Vázquez puso en duda las cifras de delincuencia de la Fiscalía Superior de Canarias y aseveró que hacía “trampas” con los datos. 

Los diputados de Nueva Canarias y del PSOE optaron por abandonar la sala e incluso la presidenta de la comisión, Socorro Beato (CC), llamó al orden al compareciente por haber “atentado contra el respeto, la dignidad y el decoro de una institución como la Fiscalía”.

La visita de Abascal

También este domingo el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha trasladado a Lanzarote y a Gran Canaria para cargar contra las personas migrantes: ''Nos oponemos a la invasión migratoria la financie quien la financie, sean las ONG disfrazadas de solidarias, los multimillonarios globalistas disfrazados de filántropos, o los políticos traidores que con los impuestos de los españoles llaman, financian y mantienen esta invasión“.

Abascal pronunció este discurso pocas horas después de que se conociera la imputación de María de los Ángeles Barroso, ex tesorera de Vox en Las Palmas, por parte de la Fiscalía Europea por el presunto desvío de 2,4 millones de euros de fondos comunitarios destinados a la acogida y manutención de los menores no acompañados. Barroso fue directora del centro de menores Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, entre los meses de diciembre de 2020 y 2021. En aquellas fechas era, además, vicesecretaria del partido de extrema derecha en Las Palmas.

Según la investigación de la Fiscalía, Barroso utilizó la tarjeta reservada a la gestión del centro para sufragar gastos personales, como un bono de seis meses para eliminar arrugas de expresión por 1.500 euros, alquiler de vehículos, un producto para agua de piscinas o gastos en supermercados, aparcamientos, cafeterías y restaurantes. La Fiscalía Europea ha imputado a otros tres directores de centros de menores de Gran Canaria y Lanzarote y a un empresario inmobiliario.